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El secretario de Hacienda Lucas Gallo advirtió que el único camino será el ajuste, de quedarse el gobierno con el cobro del impuesto inmobiliario. Se suma la abultada deuda de coparticipación nacional y provincial, y la deuda de los saldos definitivos de todo el 2016. Se intentará resolver el conflicto mediante el diálogo, porque “lo peor que puede ocurrir es judicializar la política”, sostuvo. Esperan la transferencia de fondos comprometida para cancelar los salarios municipales el último día hábil del mes.

La posibilidad de perder el cobro del impuesto inmobiliario obligaría al Municipio de Ushuaia a tomar medidas de ajuste, según advirtió ayer el secretario de Hacienda Lucas Gallo.

Río Grande.- La posibilidad de perder el cobro del impuesto inmobiliario obligaría al Municipio de Ushuaia a tomar medidas de ajuste, según advirtió ayer el secretario de Hacienda Lucas Gallo, por Radio Nacional Ushuaia
“Estamos muy preocupados y para nosotros sería muy grave si esto se concreta, porque hablamos de uno de los principales tributos y una de las principales fuente de recaudación del Municipio”, expresó.
“Si la justicia llega a determinar que el impuesto inmobiliario lo debería cobrar la provincia, estaríamos en problemas y realmente las consecuencias serían nefastas para el municipio. Tendríamos que tomar decisiones que el intendente no quiere ni va a tomar nunca”, sostuvo.
“Estamos expectantes para ver qué definiciones se toman, si se afectan los recursos y trabajar en función de esto, que espero que no sea así”, dijo, sin otra alternativa porque no se puede aumentar la presión impositiva para compensar la pérdida.
“El escenario es el que ya plantea el intendente: para el municipio sería prácticamente un golpe de knock out a las finanzas del Municipio”, sentenció, y ratificó que “la única opción posible para el municipio sería tener que ajustar. Es una palabra que no entra en nuestro vocabulario, porque es tener que dejar gente afuera, compañeros de trabajo afuera, familias sin ingresos, cooperativas que no podrán seguir trabajando para el Municipio, pasantes, contratados. Sería tener que adecuar el gasto del municipio a un recurso que se va a ver resentido fuertemente. Ese es el único escenario posible si esto se llega a concretar”.
“Vamos a dar pelea hasta las últimas instancias para que esto no suceda, porque realmente estaríamos en contra de lo que nosotros pensamos y queremos para la ciudad. El único escenario posible es que esto no se concrete”, dijo.

Porcentaje significativo

Contra la postura que tomó el vicegobernador Arcando, al señalar que “no es significativo” el porcentaje que se reduce del presupuesto municipal, Lucas Gallo aseveró que “dentro de los recursos propios, el impuesto inmobiliario es en promedio el 15% en los últimos años. Para el año que viene tenemos proyectado un incremento, producto de la nueva tarifaria, que lo elevaría en forma considerable. Estaríamos hablando de más del 23%”, dentro de la recaudación propia. “Estaríamos hablando de un recurso muy importante que no estaría disponible, y son alrededor de 120 a 130 millones de pesos que proyectamos recaudar el año que viene”.
“Dentro de los recursos totales del Municipio, el año que viene sería del 7%. Esto en algún momento fue minimizado, pero lo tenemos que poner en contexto, porque si hablamos de un porcentaje aislado y no tenemos en cuenta lo que el municipio eroga en algunos conceptos, no tiene sentido”, dijo.
Al margen de cuánto representa, “que es muy importante porque hablamos de que se elevaría un 15 ó 16 por ciento el año que viene”, indicó que “en algunos casos, como las pasantías, se están abonando cerca de tres millones de pesos mensuales. Si perdemos este recurso no estaríamos en condiciones, no sólo de no contratar a nadie y que ningún pasante pueda seguir trabajando con nosotros; sino que se pone en riesgo también el trabajo de las cooperativas, que son básicamente de limpieza en muchas instalaciones municipales. No es menor ese recurso. No es que un 3, 4 ó 5 por ciento del presupuesto municipal no tiene consecuencias. Todo lo contrario, si nos fijamos en el gasto duro que tiene el municipio, que son los gastos de funcionamiento, en personal, por servicios, de algún lado tenemos que sacar los recursos para hacerle frente. Y si perdemos una de nuestras principales fuentes de recursos estaríamos con serias consecuencias”, reiteró.

Insignificante para el gobierno

Gallo marcó la diferencia de lo que representa para el gobierno provincial la recaudación del impuesto inmobiliario que, por otra parte, no está cobrando y no implica ninguna merma. “No es lo mismo para el gobierno provincial porque el presupuesto de la administración central es de más de 18.000 millones de pesos, y estos recursos que perdería el municipio representan menos del 0,6%. Realmente no es significativo el aporte que pudiera llegar a hacer este tributo a las arcas provinciales, pero sí lo es para el municipio y estamos poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera y por lo tanto la autonomía municipal, con una discusión que para las finanzas provinciales no estaría aportando demasiado”.
“No vemos el sentido del punto de vista económico al tratar de que el gobierno provincial se quede con la recaudación de este tributo, que afectaría directamente la autonomía municipal”, planteó.
Dio cuenta de la imposibilidad de compensar porque “ya modificamos la ordenanza tarifaria el año pasado, que fue aprobada por unanimidad del Concejo, y modificamos algunas alícuotas como la del impuesto inmobiliario y el automotor, que son los dos principales recursos. No nos quedaría otra que el ajuste porque no hay más margen para modificar la política tributaria. El municipio no puede recaudar más y estaríamos poniendo en riesgo la misma recaudación, porque a partir de un determinado aumento de la alícuota de un tributo, la recaudación puede llegar a caer. Puede ser que aumente la evasión o el contribuyente deje de pagar porque no puede hacer frente a ese tributo. El municipio ya no puede modificar más su estructura tarifaria y la única alternativa que nos dejaría el gobierno sería ajustar gastos”, volvió a anticipar.

El tenso camino

Se intentará dialogar para evitar que esto suceda. “Esto tiene un camino, está en el marco de la justicia y tenemos confianza en que el diálogo continúe y no tengamos que llegar a esa instancia. La sentencia que emite la justicia no es vinculante, porque no emite una orden, y queremos seguir trabajando para que esto no llegue a estas consecuencias. El dialogo con el equipo de Economía del gobierno provincial es permanente, tenemos comunicación semanal con el Ministro de Economía y con algunos funcionarios y eso nunca se ha interrumpido”, manifestó el funcionario.

Además, la deuda

Al pretendido recorte, se suma la abultada deuda de coparticipación que no ha cancelado el gobierno: “Tenemos una deuda importante del gobierno provincial hacia el municipio en relación a la coparticipación. Esto es crítico para el municipio, porque dependemos básicamente de la coparticipación, en un 80%, para afrontar los gastos del mes”, dijo.
Hasta ahora no se pagó ninguno de los saldos definitivos del 2016: “En este año se han producido importantes demoras. Estamos a 26 de diciembre y todavía no se ha cancelado ninguno de los decretos de saldos definitivos que están vencidos hasta agosto. Es decir que los primeros ocho meses ya están vencidos, hablamos de más de 30 millones y no se ha pagado ni un peso”, subrayó.
“Hay otros atrasos de coparticipación provincial, nacional y regalías, que suman más de 100 millones de pesos. Esto para el Municipio es muy grave”, sostuvo.
“La deuda fluctuando diariamente porque van entrando transferencias de coparticipación, pero hoy estamos en más de cien millones y esperamos que esta semana ingresen los fondos que nos corresponden para hacer frente al pago de gastos del mes. Todo el mundo sabe que el Municipio paga los sueldos de planta permanente el último día hábil, por el convenio municipal de empleo, por lo tanto necesitamos esos recursos que son legítimos y le corresponden al municipio, para poder hacer frente a estos gastos”, reclamó Gallo.

Sueldos en riesgo

Agregó que “si esta situación no se modifica, más allá de la definición del impuesto inmobiliario que nos tiene muy preocupados, las finanzas del municipio corren serio riesgo. Esto significa que no se van a poder abonar los sueldos en tiempo y forma, y que va a haber más atrasos con los proveedores de los que ya tenemos”.
“Durante este año abonamos más de cien millones de deuda con proveedores, contraída el año pasado; y esos cien millones no los pudimos poner para hacer frente a obra pública, que es nuestra deuda pendiente, con las calles en particular”, señaló.
Con la deuda de coparticipación y el pago de las heredadas de la gestión Sciurano, “así y todo el Municipio pagó en tiempo y forma los sueldos, nunca se atrasó con el IPAUSS, hasta este mes, y esperamos no tener que atrasarnos con los aportes. Hemos cumplido con la mayoría de los proveedores y se mantiene el diálogo con los proveedores a los que debemos todavía 170 millones”, dijo.

Convenio incumplido

Consultado acerca de qué ocurrió con el convenio que habían firmado con el gobierno, para empezar a cancelar deuda, dijo que se refirió a “los primeros seis decretos definitivos de enero a junio, que estaban vencidos. Ahora tenemos agosto. Por los primeros tres meses firmamos un convenio que establecía que se iban a abonar con fondos de la soja, que eran poco más de 13 millones de pesos, y el resto los primeros días de enero, con fondos de libre disponibilidad. Esto todavía no se concretó. El 15 de diciembre se tendría que haber hecho el pago, hoy es 26 y todavía no se hizo efectivo”, aseguró.
“El Ministro de Economía nos prometió que el martes 27 – por hoy- se iba a hacer efectiva esta transferencia, según él hubo un inconveniente en las partidas para hacerlo antes. Pero la realidad es que estamos a 26 y todavía no se abonó ningún decreto definitivo”, remarcó Gallo.
“Eso es muy grave y hay una resolución que establece cómo deben transferirse los fondos coparticipables, que es clara. Los atrasos son enormes y en ese marco al Municipio se le hace muy difícil funcionar. Esperamos normalizar la situación porque vamos a empezar con más dificultades de las que tenemos”, expuso.
Afirmó que se están haciendo “los reclamos administrativos correspondientes y esperamos que esto se resuelva esta semana. Para nosotros es fundamental regularizar esta semana y los primeros días de enero”.

Imposible aumento

En este contexto, se vuelve imposible pensar en una recomposición salarial para la planta municipal y “eso se lo comunicamos a todos los gremios, a los compañeros de trabajo. Conocen la realidad del municipio y que estamos juntando las monedas para pagar los sueldos. En este contexto hablar de cualquier recomposición sería faltarles el respeto porque no podríamos afrontarla”, lamentó.
“Tenemos confianza en que se va a resolver, es el compromiso del Ministro de Economía, conocemos también la difícil situación que están atravesando las finanzas provinciales, pero también hacemos un reclamo que es correcto. No estamos pidiendo nada al gobierno provincial que no nos corresponda. Los fondos que tienen que llegar al Municipio están establecidos por la normativa correspondiente y no es que estamos pidiendo un adelanto o una ayuda extraordinaria, como fue en diciembre del año pasado: estamos reclamando deuda que se fue acumulando durante el año”, enfatizó.
“Para el Municipio, con un presupuesto de 1.500 millones, representa el 10% de los recursos del año y esto realmente complica el funcionamiento normal de la estructura municipal”, insistió el secretario.

Solución política

Para Gallo la única salida es política. “Estamos convencidos de que la solución debe ser política y no deberíamos estar en esta situación de judicializar la política, porque no es lo que queremos ni lo que creemos. Además, está claro lo que establece toda la normativa, la carta orgánica y las leyes previas que le otorgaron al Municipio la potestad de cobro del impuesto inmobiliario. La carta orgánica municipal dice que los recursos de la Municipalidad están integrados, entre otros, por impuestos, y hablamos de impuesto inmobiliario y automotor. Esto no es así para todas las provincias del país y tampoco es la única provincia donde los municipios cobran el impuesto inmobiliario: hay alrededor de ocho provincias en las cuales los municipios tienen esa potestad, por lo tanto no es como se dijo”, aseveró, desmintiendo las manifestaciones de funcionarios del gobierno.
“Tenemos que respetar la carta orgánica, la autonomía municipal, y cualquier diálogo tiene que darse en los canales correspondientes, sin tener que llegar a esta instancia. El intendente dijo que lo peor que nos puede pasar es judicializar la política, y nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y fuimos partidarios de buscar consensos y mecanismos que nos permitan trabajar en forma mancomunada, municipio y provincia. Vamos a seguir en ese camino, porque es la única manera para resolver los problemas de la provincia”, concluyó.