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La compañía oficializó el cese de actividades en uno de sus principales establecimientos, que fue tomado por los empleados despedidos. BGH ya había hecho lo propio en Tierra del Fuego. La decisión obedece a la quita de aranceles para el ingreso de PC y notebooks que entrará en vigencia en marzo.

El plan «computadoras baratas» que entrará en vigor a partir de marzo, sigue cobrándose «víctimas» en el sector empresario.

Río Grande.- El plan «computadoras baratas» que entrará en vigor a partir de marzo, sigue cobrándose «víctimas» en el sector empresario.
Luego de que el macrismo confirmara la eliminación del arancel de 35% para importar computadoras, notebooks, tablets y sus componentes, ya se confirmó el cierre de algunas plantas en Tierra del Fuego.
Ahora, le llegó el turno a la marca Banghó (de la compañía PC-Arts Argentina) que, ante la imposibilidad de competir contra los productos importados que llegarán a menores precios, bajó la persiana de su planta ubicada en Vicente López, en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires. Así, se vieron afectados más de 200 empleos.
«La medida, dispuesta por la Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación, hace inviable la producción local ante la imposibilidad de competir con productos provenientes de países con altos subsidios a la exportación, como es el caso de China», informó la compañía a través de un comunicado.
El anuncio oficial se produjo justo luego de que dicha planta fuera tomada por los empleados despedidos, con el apoyo de los sindicatos.
PC-Arts Argentina informó que centralizará toda su operación industrial en la fábrica que posee en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que anunció que «redefinirá su estrategia empresarial para asegurar la continuidad de sus negocios y mantener el posicionamiento de su marca Banghó en el mercado».
En el comunicado, la compañía hizo un pase de facturas al Gobierno, criticando la falta de respuestas: «Lamentablemente, todos los esfuerzos y gestiones realizadas por la empresa, cámaras y sindicatos de la Industria ante las autoridades de los Ministerios de Producción y de Trabajo de la Nación, tendientes a revertir la medida, han sido infructuosos».

«Nos fundimos»

La decisión ya había sido anticipada por Carlos Suaya, presidente de Banghó, a fines de 2016, quien había advertido que «con un arancel de importación del 0% nos fundimos».
«Nos parece bien que abran la economía, porque la importación ayuda a contener los precios internos. Pero cuando se pone un arancel cero con un país como China, directamente desaparecemos. Es verdad que somos caros pero esto tiene que con el costo privado y también con el peso de los impuestos. En estas condiciones es imposible invertir y organizarnos», sostuvo.
El empresario recalcó que con arancel del 0% «no tenemos ninguna chance de competir».
«Nosotros éramos importadores y hace cuatro años nos pusimos a producir. Primero ensamblábamos pero con el tiempo fuimos agregando mucho valor y capacitación. Pero es estúpido pensar que podés fabricar algo en el país con este arancel», agregó.
Paralelamente, en una reciente cumbre, cámaras empresarias como CAME, CAMOCA y Cadieel, junto con la UOM, habían advertido sobre las «graves consecuencias que traerá la baja de impuestos a la importación».
Esta iniciativa, alertaron a través de un comunicado, «favorecerían la importación de productos, causando daños irreversibles a los fabricantes nacionales y al ecosistema de Pymes».
Acto seguido, aseguraron que, de avanzar, «significará la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo que estas generan».
Cabe destacar que, a fines de diciembre, la empresa Informática Fueguina S.A. de Río Grande, que forma parte del Grupo BGH, cerró sus puertas, afectando a más de 160 personas.
La compañía, que fabricaba productos bajo la marca Positivo BGH y producía netbooks destinados al programa Conectar Igualdad, llegó a un acuerdo con sus empleados para implementar un sistema de retiros voluntarios.
Al igual que en el caso de Banghó, fuentes de Informática Fueguina informaron que «se volvió inviable la fabricación de informática en Tierra del Fuego, luego de seis años ininterrumpidos de inversión y desarrollo».
Como parte del cambio de modelo de negocios, a partir de ahora IFSA se enfocará únicamente en la comercialización y distribución.

Una medida que apunta al bolsillo

En medio de la polémica por el impacto en el empleo, desde el Ministerio de Producción afirman que la decisión de reducir los aranceles «es una política pública que beneficiará a los usuarios y consumidores. Tiene el objetivo de reducir los precios, ampliar la oferta y mejorar la calidad de las computadoras, para achicar la brecha digital y aumentar la productividad de miles de empresas en el país».
De acuerdo con datos brindados por el equipo de Cabrera, hoy una computadora cuesta en el país un 50% más que en Chile.
En este contexto, el secretario de Comercio, Miguel Braun, afirmó recientemente que el objetivo oficial es que los valores en el mercado doméstico se acerquen más a los que están actualmente vigentes en el país trasandino.
Paralelamente, el Gobierno implementará beneficios para quienes decidan adquirir equipos ensamblados en el país, como una forma -destacaron- de cuidar a la industria nacional.
En concreto, adelantaron que estará disponible un programa de financiamiento de 18 a 24 cuotas para favorecer a las compañías locales.
Paralelamente, desde el Gobierno hacen foco en el hecho de que desde 2011 el mercado de computadoras se mantiene estancado en torno de las 1,5 millones de unidades por año.
«Es responsabilidad del Estado reducir la brecha digital para que más personas puedan integrarse al conocimiento y el empleo. Según la última Encuesta Nacional sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación realizada por INDEC en 2015, 67% de los hogares tuvieron acceso a una computadora, mientras que en Chile el nivel de penetración se acerca a 85%», señalaron desde el Ministerio.
“Nuestro norte es la competitividad. La Argentina es el país de la región donde las computadoras son más caras por falta de competencia. Ese sobrecosto lo pagan todos los ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de que la tecnología sea accesible a quienes dan empleo pero fundamentalmente tiene que contribuir a reducir la brecha digital. Vamos a hacerlo cuidando el empleo”, sostuvo Braun.
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