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El legislador del MPF Pablo Villegas consideró que la acreditación de los fondos de la colocación de bonos, y la decisión del gobierno de volcarlos a operaciones financieras hasta elaborar los proyectos de las obras, exponen la falta de gestión. Volvió a cuestionar las prioridades que se fijaron, como la construcción de un estadio o el tendido de fibra óptica que podría financiar Nación, cuando hay necesidades básicas de la población que no están cubiertas. Como miembro de la comisión de seguridad, espera la presencia de las autoridades provinciales del área para debatir el incremento del delito en la zona norte y las herramientas legislativas que todavía no han puesto en funcionamiento.

“Cuando se votó la ley de presupuesto 2017 nro. 1.132, votamos en contra porque no podíamos salir a endeudarnos sin conocer previamente las obras a realizar y la envergadura de los proyectos”, dijo el legislador del MPF Pablo Villegas sobre las novedades en materia de colocación de bonos para la construcción de 16 obras establecidas en la ley 1.149, cuyos proyectos no están terminados.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las novedades en materia de colocación de bonos para la construcción de 16 obras establecidas en la ley 1.149, cuyos proyectos no están terminados. Esta semana oficialmente el gobierno adelantó que el dinero se volcará a operaciones financieras, hasta cumplir con los pasos administrativos, por lo cual el dinero está pero las obras seguirán esperando.
“Cuando se votó la ley de presupuesto 2017 nro. 1.132, votamos en contra porque no podíamos salir a endeudarnos sin conocer previamente las obras a realizar y la envergadura de los proyectos”, dijo el mopofista.
“Además nos opusimos a la sanción de esa ley porque en el artículo 15 habilitaba a la provincia a realizar colocaciones financieras, en caso de morosidad en el inicio de las obras. Es decir que pueden poner el dinero, como lo quieren hacer ahora, a plazo fijo o con otro tipo de operación financiera”, manifestó, y cuestionó la improvisación del gobierno: “Si alguien se endeuda, es para poder progresar, pero uno ve que se van a afectar 400 millones a la construcción de un microestadio, que no está en las prioridades ante la demanda de otros servicios del estado. También plantean el tendido de fibra óptica por 370 millones, a valor de un millón por kilómetro, y vemos que en Córdoba esto fue financiado por ARSAT. Por eso planteamos en su momento por qué no esperar a un financiamiento nacional de esas características, y destinar esos fondos a obras que den soluciones a los problemas de la gente”, expresó.
La misma incongruencia observó en otros entes, como el IPV, que “está afectando dineros públicos para la pavimentación del parque industrial de Río Grande, que es una obra importante, pero no encuadra entre los objetivos del IPV, porque debe abocarse a dar soluciones habitacionales a los fueguinos a un precio razonable. El IPV tiene un objetivo netamente social y la pavimentación se puede realizar con otro tipo de financiamiento”, señaló.
“Hay una distorsión y eso nos lleva a estar de la vereda de enfrente de la gestión de gobierno de Rosana Bertone”, remarcó el legislador.
“Uno no está en contra de pavimentar el parque industrial, pero la gente se queda sin trabajo y no tiene dónde ir a vivir. A esa gente le resultaría mucho más útil tener una vivienda social, que tener pavimentado el parque industrial”, dijo, y fueron razones similares las que llevaron al bloque a no votar el menú de obras del endeudamiento de 200 millones de dólares: “Cuando no votamos la ley 1.149, entendimos que debía haber otro tipo de obras fundamentales para la provincia. Se habla de cambiar la matriz económica, y terminar el puerto de Río Grande es una obra necesaria, pero no es lo que estableció la mayoría oficialista con la sanción de la ley”, lamentó.
“Uno no está en contra de un estadio de 400 millones en Río Grande, si tuviéramos solucionados otros problemas, como el habitacional. Si fuera así, uno lo votaría con las dos manos, pero no es la realidad que vivimos”, insistió.

Obras por intereses

En lugar de obras, ahora el gobierno espera colocar el dinero en distintas operaciones para obtener intereses, pero Villegas sostuvo que “el dinero tiene que ser afectado a obra pública, porque el empréstito sólo puede ser destinado a obras públicas y no a gastos corrientes. Además, el no tener los proyectos, habla de un serio problema de gestión en el gobierno. Tiene un año y medio de gestión y cambió tres veces de Ministro de Obras Públicas. No hay una continuidad de la tarea y eso se traduce en esta morosidad de no tener los proyectos, cuando se tiene el dinero para hacer las obras”, fustigó.

Preocupación por la inseguridad

Por otra parte, como integrante de la comisión 6 de seguridad, el legislador dio a conocer el pedido formulado a su presidente, Ricardo Furlan, para que cite al Secretario de Seguridad y al Jefe de Policía.
Dijo que “la información oficial sobre la problemática de seguridad es sesgada”, pero aun así se observa que “en la ciudad de Río Grande es más profunda. Son muchas las intervenciones policiales –más de dos mil por mes según el comisario Moraga-, pero además está la cifra negra o la delincuencia sumergida, que son los delitos que se cometen y la gente no llega a denunciar”.
“La cantidad es más que preocupante, por eso requerimos la presencia del Secretario de Seguridad y del Jefe de Policía. La fecha la definirá el presidente y esperamos conversar sobre lo que ocurre en Río Grande, con una problemática seria en materia de seguridad ciudadana”, adelantó del temario.
También agregó el abordaje de “dos leyes aprobadas el año pasado en la Legislatura, que no se han puesto en marcha. Se trata de la 1.127, que crea las comisarías preventoras de violencia de género en la provincia, y la 1.130, que establece un sistema de localización georeferencial, que es el famoso botón antipánico. Con la legisladora Urquiza estuvimos esta semana en la presentación del protocolo de asistencia a las víctimas de violencia de género, que ha sido un muy buen trabajo de la Dra. Yuba, pero también deja al desnudo la necesidad que estas otras herramientas se pongan en marcha inmediatamente”, remarcó.
Por otra parte, es de interés del bloque conocer “el grado de avance para instalar el sistema de videovigilancia, establecido por la ley 833 del año 2008 y reglamentado en marzo de este año”.
Mencionó que hace pocos días, con el caso del falso secuestro de la niña de la escuela 9 de Ushuaia, “la policía de la provincia y las autoridades provinciales tuvieron que recurrir a las cámaras del municipio o los registros de cámaras de particulares, cuando la ley habilita al Ejecutivo provincial a instalar un sistema de videovigilancia, y no se ha cumplido”.
Consultado sobre la posibilidad de sumar más personal policial como solución, consideró que “no necesariamente hará disminuir los delitos. La mirada tiene que ser más transversal, y tener en cuenta no solamente la prevención de la policía sino la implementación de nuevos instrumentos legales para que el Poder Judicial pueda intervenir con mayor eficacia. Se está trabajando en la reforma del código procesal penal, hay cuestiones socioeconómicas, y el delito es multicausal”.

Cárceles, en permanente emergencia

Con respecto a la situación de los procesados y condenados, cuestionó que no esté en la agenda del gobierno fueguino la construcción de nuevas cárceles. “En las obras definidas por la ley 1.149, a construir con los fondos de la emisión de títulos públicos, no figuran cárceles para la provincia. Desde hace más de diez años se viene declarando la emergencia del sistema penitenciario en la provincia, y eso marca a las claras que hay una situación de crisis. Hemos pedido información y queremos trabajar en consecuencia, porque desde la gestión de Manfredotti todos los años se dicta un decreto sobre la emergencia penitenciaria”, señaló.
“La alcaidía de Río Grande fue planeada y terminada en la gestión Estabillo, y luego fue ampliada, pero debe cumplir con la manda constitucional de ser un ámbito de resocialización”, subrayó.

Elecciones 2017

Por otra parte, se lo consultó sobre la campaña electoral y el futuro del MPF en las elecciones legislativas. “Sinceramente todo lo que tenga que ver con estrategias en este proceso eleccionario no ha estado ni está en mi agenda política, como creo que tampoco en ningún legislador del MPF –respondió Villegas-. El objetivo es realizar una labor legislativa acorde a las circunstancias y los requerimientos de la sociedad. Sería una falta de respeto a la gente distraernos en este momento y ver qué estrategia política podemos llevar a cabo en esta elección, cuando la gente se queda sin trabajo todos los días, cierran los comercios y los jóvenes no encuentran cabida en el mercado laboral”.
“No he participado en ningún tipo de reunión sobre lo que va a hacer el MPF con la candidatura a diputado para este año. Las elecciones intermedias son difíciles para el MPF, pero no imposibles, y a la fecha no he dedicado tiempo a este trabajo”, aseveró.
Camuzzi y el corte de gas

Finalmente se refirió a los pedidos de informe vinculados con la rotura del caño del gasoducto, que derivó en el corte de suministro de gas en Ushuaia a la hotelería, con graves perjuicios para la industria turística. “Hubo varios pedidos de informe que se unificaron en base al proyecto del MPF. Fui muy cauteloso al momento del corte de suministro de gas, para no sembrar más zozobra de la que existía, pero quedó al descubierto una anarquía en la conducción de la solución del problema, que debe servir como ejemplo de lo que no se debe hacer”, dijo.
“Se llegó a cortar, por mandato de un autoridad privada como los representantes de la empresa Camuzzi, el suministro de gas a todos los hoteles de Ushuaia, sin que ninguna autoridad provincial haya tenido intervención. Además hubo una ausencia absoluta de trabajo conjunto y coordinación mínima entre el Municipio de Ushuaia y el gobierno de la provincia, por las diferencias políticas que son públicas y notorias”, expuso.
“En su momento tuvimos una posición mesurada, pero una vez que tengamos la contestación al pedido de informes actuaremos en consecuencia. No se puede repetir el manejo que se dio a este problema. Hay leyes que determinan quiénes son los actores en situaciones de crisis, de orden nacional y provincial”, concluyó el legislador.