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La Dra. Roxana Reyes planteó el abuso de poder, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, la ausencia de controles y el dispendio de dinero en Santa Cruz. La diputada radical afirmó que la provincia es “un aguantadero K”, con “permanentes nombramientos” de ex funcionarios de la gestión presidencial de Cristina Fernández y familiares políticos. La provincia tiene 38 mil empleados públicos y sigue avanzando con endeudamiento para poder pagar salarios.

Diputada de Santa Cruz Roxana Reyes (UCR), dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre la crisis por la que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

Río Grande.- La diputada de Santa Cruz Roxana Reyes (UCR) dialogó con Radio Universidad sobre la situación de su provincia, no sólo de la crisis que explotó en los últimos días sino del desmanejo de los fondos desde el acuerdo Nación Provincia. “Santa Cruz tenía ahorrados por las regalías mal liquidadas el equivalente a un presupuesto y medio, sin contar con los intereses del dinero que tuvo colocado en el exterior, y se habla de que ese dinero se habría duplicado. Santa Cruz no solamente tuvo ese presupuesto sino también el famoso puente electoral que tanto utilizaron nación-provincia-municipios, en los 25 años de gobierno del kirchnerismo y los 12 años de gobierno nacional. Llegó dinero a mansalva y ya sabemos lo que pasó con la obra pública, cómo se enriquecieron los funcionarios en Santa Cruz. Tenemos funcionarios ricos y pueblo pobre. No tenemos matriz productiva, y somos una provincia que tiene recursos de todo tipo. Además tiene turismo, un litoral costero, pesca. Si se hubiera invertido ese dinero en obras de infraestructura, en desarrollo, sería otra historia”, manifestó.
“Contrariamente a esto, tenemos funcionarios ricos y se gastó en la proyección nacional del partido gobernante. En definitiva no sabemos dónde están los fondos de Santa Cruz”, aseveró.
“Todo esto fue posible con una justicia cómplice y un tribunal de cuentas cómplice, que no realizaron ningún tipo de control. Ahora estamos despertando y, en lo que va de la gestión del nuevo vocal del Tribunal por la oposición, que lleva cuatro meses, ya hay cuatro denuncias penales. Una de ellas es muy importante, contra la esposa de Máximo Kirchner, por contrataciones contrarias a la ley, hechas en forma directa y sin licitación pública. Eso es una constante en Santa Cruz: hay desmanejo, no hay transparencia del uso de los fondos, tuvimos que iniciar una acción de acceso a la información pública que todavía duerme esperando la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, porque tiene fallo a favor de primera instancia”, dijo de la imposibilidad de acceder a información oficial esencial.
La provincia no adhirió a la ley nacional de acceso a la información “y cada vez que planteamos esto en la Legislatura, se levantan y no quieren dar quórum. Parece que es mala palabra para el gobierno kirchnerista la oficina anticorrupción, la ley de acceso a la información, el consejo de la magistratura, el jurado de enjuiciamiento y cualquier tema que tenga que ver con los controles del estado”, dijo.

Empleo público colapsado

Con unos 300 mil habitantes, en 14 municipios, los empleados públicos de Santa Cruz llegan a 38 mil. “La cantidad de empleados aumenta exponencialmente, todos los años sigue ingresando gente a la planta de personal. Una Municipalidad como Caleta Olivia, que podría funcionar con un número sensiblemente inferior, siempre fue gobernada por el FPV y tiene seis mil empleados públicos, para una población de 60 mil habitantes. Es impresionante la cantidad de empleados”, expresó.
Con casi la mitad de habitantes que Río Grande o Ushuaia, este Municipio cuadruplica el nivel de empleo público. “La vecina ciudad de Punta Arenas tiene 600 empleados municipales y Río Gallegos está arriba de los seis mil”, comparó.
“Todo esto es manejado por el gobierno kirchnerista. Alicia Kirchner es dueña de este modelo, no vino en un plato volador ni lo heredó. Siempre gobernaron ellos como quisieron. La gobernadora anuncia que es un modelo quebrado, pero es el que ellos crearon, y continúa ingresando gente, creando cargos políticos, cargos como el gabinete de asesores, y en medio de la crisis permite aumentar el sueldo a algunos funcionarios, totalmente en contra de la Constitución”, denunció.
Consultada sobre el sueldo de la gobernadora, respondió que “no lo sabemos, porque no tenemos acceso a la información pública, tampoco manejamos cuántos son los gastos reservados ni los gastos por viáticos. Nos manejamos totalmente a ciegas”.
Relató que “para aprobar el presupuesto, se sentó cinco minutos el Ministro de Economía en la comisión, no pudo contestar ninguna pregunta y despacharon el presupuesto ese día. Se aprobó en diez minutos sin ningún tipo de debate y con un endeudamiento de un tercio del presupuesto anual, por 10 mil millones, que se aprobó el 23 de junio de 2016”.
“Para nosotros es una fecha negra, porque cuando presentaron el proyecto para endeudarse por 10 mil millones, nos opusimos y no tenían los dos tercios. No decían cuál era el destino, si eran obras de infraestructura o gastos corrientes. Aprovechando la situación de tumulto, en medio de balas de goma, de gases lacrimógenos, de vidrios rotos y piedrazos dentro de la Legislatura, con los bomberos afuera, nos evacuaron de la Legislatura y se encerraron los legisladores del FPV. En una sesión clandestina que no tiene registro fílmico, porque se cortó la luz, aprobaron el endeudamiento de 10 mil millones. Esto es a lo guapo. Así es Santa Cruz”, definió.

Minoría legislativa

La oposición está en minoría y en gran parte depende a maniobras que implementó el kirchnerismo, como la creación del “diputado de pueblo”. Con 14 oficialistas, hay “9 ó 10 de la oposición”: “Nosotros somos seis legisladores de la UCR, uno del partido local Encuentro Ciudadano, uno del Frente Renovador, un socialista, y muchos proyectos está votando con la oposición Gabriela Peralta, que es la esposa del ex gobernador Peralta. En algunos casos llegamos al número de 10. Ellos son 14 y tienen la figura del diputado por pueblo, que es otra artimaña legislativa junto con la ley de Lemas para el armado que les permite mantenerse en el poder y conservar la mayoría legislativa”, sostuvo.
De las 14 intendencias, la mayoría está en manos del FPV: “Río Gallegos es del radicalismo, al igual que Caleta Olivia. San Julián es parte del frente electoral Unión para Vivir Mejor y el intendente es referente del PRO. Las Heras tiene un partido vecinal y Pico Truncado está con el socialismo. Cinco de las catorce son de Unión para Vivir Mejor”, detalló la diputada.

Deuda para sueldos

Dio cuenta de la ayuda enviada por el gobierno nacional, cuyo destino no se explicita y va a parar a gastos corrientes. “Han tomado 870 millones con el estado nacional en 2016, que se va a pagar en doce cuotas trimestrales a partir de fines de 2017. Ahora estarían tomando 850 millones más para gastos corrientes, por informaciones periodísticas, porque no tenemos acceso a la información. Eso es para pagar sueldos y es igual que el quebranto. No hay ninguna manera de disuadir a Alicia Kirchner para que ordene los números, reduzca gastos innecesarios, y transparente lo que está haciendo con las finanzas públicas, porque los ingresos de Santa Cruz alcanzan para pagar a los jubilados, a los trabajadores, los gastos de funcionamiento, mucho más con la asistencia que recibe de Nación. No entendemos por qué sigue pidiendo plata y quiere otro endeudamiento millonario para gastos corrientes”, criticó.
Atribuyó el disparador del conflicto a que la gobernadora Kirchner “se niega a transparentar los números. De todos los pedidos de informe que presentamos el año pasado para conocer cuánto ingresa y las contrataciones directas de distintas áreas, ninguno fue habilitado por el FPV, cuando corresponde que el funcionario rinda cuentas. Esto genera mayor descontento en la población, porque hay un desvío de fondos públicos y la ciudadanía está exigiendo conocer”.
También generó descontento, en el caso de los docentes, el ofrecimiento de un aumento de “el 3%, cuando en otros lugares se ofrece el 20%, y no está pago el sueldo de marzo. Los judiciales tampoco han cobrado y el Superior Tribunal reconoció que la justicia está paralizada. Los jubilados cobran en forma escalonada y todos los días esperan en la calle el comunicado del presidente de la caja de previsión para saber qué se paga. En la misma línea está la salud”, afirmó.

Ayuda sin control

La diputada dio cuenta de la postura crítica como oposición al envío de fondos por parte de nación sin ningún control: “Somos muy críticos de los anticipos que envía Nación a Santa Cruz, y pedimos que se exija a la gobernadora determinadas reformas institucionales”, dijo.
Asimismo, apuntó contra la ley de Lemas, que le permitió a Kirchner quedarse con el sillón de la gobernación aunque la mayoría de votos fue para Eduardo Costa. “La Constitución veda absolutamente la ley de Lemas, y fue el único atajo que encontraron para ganarle a Costa. Cuando se vislumbraba su triunfo, resolvieron modificar la ley electoral de la provincia, pese a que la Constitución dice que el gobernador se elige por el voto directo de los ciudadanos. Con la ley de Lemas, los votos de los sub-lemas, en este caso del FPV, que postulaban a Alicia Kirchner, y los del PJ que postulaban a Daniel Peralta, se sumaron en el recuento final. Los votos de Peralta le sumaron a Alicia Kirchner, cuando de los tres el más votado fue Eduardo Costa”, explicó.
A esto agregó que el oficialismo kirchnerista había creado “la figura del diputado por pueblo”, por la cual “se elige un diputado (provincial) por cada municipio y diez diputados por distrito único. El que gana la elección en cada localidad se lleva un diputado, aunque sea con la diferencia de un voto. De esta forma se garantiza la mayoría parlamentaria. Es un engaño electoral. Son 14 intendentes y nosotros ganamos tres diputados por pueblo”.
“En Santa Cruz tanto el sistema electoral, como los mecanismos de control y la designación de jueces, están agarrados de un pelo. Fue sistemático el control sobre la caja, sobre los organismos de control, sobre la justicia, y los auditores en su mayoría son cargos políticos, además de no tener independencia presupuestaria”, subrayó.

El “aguantadero”

Agregó que, luego de la derrota electoral de Scioli, Santa Cruz se convirtió “en el aguantadero K, con muchísimos ex funcionarios del kirchnerismo. Hace poco designaron a quien era la segunda de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, que está imputada por malversación de fondos públicos, con cuatro millones de facturas apócrifas. Fue nombrada en el Ministerio de Educación. Tenemos a Zannini en el Banco Santa Cruz, a la esposa de Máximo en el Ministerio de Salud, al (camporista) Pietragalla en derechos humanos; a Barcesat, que es el abogado de Madres de Plaza de Mayo, que está contratado y no sabemos por qué; también está en el plantel de personal la abogada de Cristina Kirchner. Hay una gran cantidad de gente que no tiene una función específica, y aunque quisieran trabajar no tienen en qué. El sistema está colapsado y por otra parte han enfrentado al sector privado con el público”, señaló.

Sobre llovido, Florencia

La posibilidad de que se postule Florencia Kirchner a una de las tres bancas en disputa, a criterio de la legisladora caldeó más los ánimos, porque en medio de la crisis generalizada, la preocupación era la coyuntura electoral. “En Santa Cruz tenemos un árbol genealógico”, dijo de los Kirchner, incluyendo la familia política que ocupan cargos públicos. “Ahora se ha postulado a juez de primera instancia otro cuñado de Máximo, que seguramente será quien lleve la sucesión de Néstor Kirchner”, concluyó.