radiouniversidad.com.ar

La directora por los pasivos Elisa Dietrich sostuvo que ni el Tribunal de Cuentas tiene información sobre la colocación de bonos, como tampoco de la toma o no de endeudamiento para cancelar la deuda histórica, autorizada por la ley de presupuesto. Mencionó que lleva adelante una auditoría y espera respuestas, una vez finalizada. También adelantó la decisión de avanzar con la ejecución de deudas previsionales de los municipios, que no hay firmado convenios.

“Entre el 70 y el 75 por ciento de la nómina general de los jubilados cobra menos de 50 mil pesos y algunos no alcanzan a los 20 mil pesos. Hay un 20 por ciento que supera los 50 mil y llegan a 150 mil, para algunos funcionarios, que son ex gobernadores, ex legisladores, ex ministros y ex jueces”, detalló Dietrich.

Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del organismo, que cuenta con siete mil jubilados y “sigue sumando. El padrón de los estatales está en más de veinte mil, incluyendo todos, y son unos catorce mil activos y siete mil pasivos”, precisó.
“Entre el 70 y el 75 por ciento de la nómina general de los jubilados cobra menos de 50 mil pesos y algunos no alcanzan a los 20 mil pesos. Hay un 20 por ciento que supera los 50 mil y llegan a 150 mil, para algunos funcionarios, que son ex gobernadores, ex legisladores, ex ministros y ex jueces”, detalló.
Consultada sobre la posibilidad de que se le quite el adicional por zona a los pasivos que residen fuera de la provincia, no lo vio posible, pero encendió un alerta sobre el pago de Ganancias. “Hasta este momento sería poco probable que afecte la zona, por las normativas que tenemos. La armonización con las leyes de la ANSES significa que las leyes que tenemos en la provincia cada vez tienen que parecerse más a las que dispone ANSES para todos los jubilados, que tiene un criterio diferente en la aplicación de la zona en la provincia. El jubilado de ANSES que viene a vivir a Tierra del Fuego cobra la zona, porque el criterio es el mayor el costo de vida. En la provincia, el criterio con que se nos liquida la zona, es porque uno ha aportado a lo largo de la vida laboral un haber que integra la zona, por lo cual del punto de vista legal sería imposible que lo saquen. Pero se pretende avanzar desde la política hacia la armonización de las leyes provinciales con las nacionales y, si se produce esa modificación de la ley, seguramente vamos a tener dos estamentos de jubilados: a los que cobraban con la zona no le van a poder reducir el haber, pero los nuevos jubilados no la cobrarían, aunque con ese criterio no deberían aportar sobre la zona o eliminarla como un integrante del haber”, barajó.
“Mi haber hoy lo determinan con la zona y, si me voy de la provincia, no pueden quitarla porque el haber está determinado en base a lo que se aportó, pero no es el mismo criterio de ANSES. Tendrían que cambiar la normativa en la provincia, y que en los haberes de los activos desaparezca el ítem zona de los aportes. Hoy no pueden tocar la zona a los jubilados que están fuera de la provincia”, ratificó.
Aclaró que “con el impuesto a las Ganancias estamos un poco más en riesgo, porque es más sencillo de aplicar. Deberían cambiar algo de la 19640, y con un decreto del presidente de la Nación alcanza para que en Tierra del Fuego se empiece a pagar IVA y Ganancias”.
“Se está tratando de avanzar con los que cobran el haber fuera de la provincia y les quieren aplicar el impuesto a las Ganancias. Está dentro de los proyectos de la política que viene, pero entre la posibilidad de eliminar la zona o aplicar el impuesto a las Ganancias, creo que lo que está más cerca es Ganancias. Esta es una decisión del gobierno nacional, pero lamentablemente nosotros somos un apéndice de Nación”, señaló.

Fondo solidario

En cuanto a los 500 millones estimados por el presidente de la caja Rubén Bahntje, como devolución de los descuentos para el fondo solidario, dijo que “es la cifra que se estimó dentro de la elaboración del presupuesto para 2018. Hay innumerable cantidad de demandas, tanto de los jubilados que plantean la inconstitucionalidad del aporte solidario y el congelamiento de la movilidad, como del aporte solidario de los activos. Hay una variedad de demandas por cuatro o cinco puntos de la ley 1068 -de emergencia del IPAUSS-, que crea estos aportes extraordinarios para activos y pasivos”, explicó.
“La mayoría aporta un 4,5%, pero depende del monto del haber. Los funcionarios tienen el tope más alto y se hace el descuento a los que ganan por encima de 52 mil pesos. Los 500 millones es lo que debería devolver la caja en caso de que el Poder Judicial dicte sentencia en contra de los artículos de la ley 1068, pero en ese monto no se estimó cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo de los siete mil jubilados por el congelamiento de la movilidad”, apuntó, con lo cual el monto sería mayor.
“Esa suma no es tan fácil de calcular porque no entra a la caja, pero la realidad es que la caja no lo paga y hay que calcular jubilado por jubilado. Se hizo una estimación general, pero al congelarse la movilidad, un activo que tuvo su incremento salarial en marzo o abril, para el pasivo se actualiza el monto recién en agosto. En el caso del Tribunal de Cuentas no dio incrementos salariales en el segundo semestre de 2016, por ende, todos los jubilados de esa repartición no recibieron un solo centavo de aumento en un año. Solamente cuatro reparticiones en el primer semestre de este año tuvieron movilidad, y el resto no. La Municipalidad sacó dos aumentos, uno en mayo y otro en julio. Ese aumento que el activo va a cobrar a partir de agosto, el jubilado lo va a ver recién en febrero del año que viene. Ese incremento está perdido para el jubilado y es enorme el daño que han ocasionado con el congelamiento”, criticó.

El “despropósito” de Carrió

La directora Dietrich también hizo referencia a los cuestionamientos de la diputada Elisa Carrió a la coparticipación que reciben los fueguinos. “Parece que la madre de todos los males de la Argentina es Tierra del Fuego. Dice que la coparticipación que recibimos es insostenible, y el mismo presidente de la Nación dice que la calidad de vida que tenemos los fueguinos es insostenible y van a hacer todo lo posible para que nos acomodemos a la realidad, es decir, para que nos empobrezcan como en cualquier otra provincia del norte. En lugar de mejorar la calidad de vida de las provincias, el objetivo es que el fueguino la pierda”, planteó.
“Hay que leer lo que dice la gobernadora en sus discursos, que el gobierno nacional lo que necesita son diputados obsecuentes que levanten la mano ante las políticas que quiere llevar adelante el presidente Macri. Ya si una persona quiere hablar de la 19640, pone palos en la rueda y no sirve como diputado nacional. Es la idea de la gobernadora, que está muy lejos de defender la calidad de vida de los fueguinos. Su idea es contribuir con el gobierno nacional para destruir la provincia de Tierra del Fuego”, denunció.

Convenio por la deuda histórica

En materia de pago de la deuda histórica, anunciada por el gobierno provincial con la firma del convenio, aseguró que “hay bastante confusión, porque se habla de la deuda del ex IPAUSS y, al separarse, hay que determinar la deuda de lo que corresponde a la obra social y lo que corresponde a la caja. Lo que se firmó hace un par de semanas es un convenio de pago con la caja de previsión de 503 millones de pesos, con la tasa más baja que puede existir, y se va a pagar en 180 cuotas, es decir en quince años. Todo eso es deuda anterior, con una certificación cerrada al 8 de enero de 2016. La primera cuota, de un poco más de tres millones, ingresaría a la caja en septiembre”, indicó.
Agregó que “los 208 millones de dólares de la deuda histórica se volvieron a certificar. El Tribunal de Cuentas certificó 190 mil millones de pesos, porque descontó de los 208 millones originales las cuotas parte que se habían pagado por la (derogada) ley 676. Lo actualizaron al valor del momento de la certificación, que fue el 11 de enero de 2016 y, aplicando la tasa libor se tomó un dólar a 13 pesos. Entre el descuento de lo que se pagó por la ley 676 más los intereses por tasa libor, dio 261 millones de dólares. Sin embargo en la ley 1068 se reconocen nuevamente los 208 millones de dólares, que van a integrar el fondo fiduciario para la construcción de viviendas”.
Dietrich expuso la falta de información oficial sobre esa deuda, dado que la ley de presupuesto autoriza al gobierno a emitir bonos. “Si esos 208 millones ya se convirtieron en bonos y todo lo que haya hecho el gobierno provincial en este marco, nadie sabe nada. No hay información fidedigna de cómo está esa situación. Los legisladores del MPF tuvieron que ir al Tribunal de Cuentas a preguntarle a los vocales si tenían información sobre la deuda que tomó el gobierno, autorizada por la Legislatura, porque hace tres o cuatro meses vienen pidiendo información sobre la toma de varias deudas por parte de la provincia, y esa información no la tenía ni siquiera el Tribunal de Cuentas de la provincia”, afirmó.
“Por los medios sabemos que el gobierno tomó un préstamo de 200 millones de dólares, que no están en el marco de los 208 millones del fideicomiso para viviendas, por lo tanto estamos haciendo un seguimiento para pedir la información. Esos 208 millones son acreencias de la caja, porque a un año y siete meses de sancionada la ley de emergencia para fortalecer la caja de previsión, nadie sabe qué pasó con ese dinero, y no hay una operatoria de construcción de las viviendas. No se ha iniciado ninguna de las acciones a las que está obligado el gobierno de la provincia para generar recursos para la caja y acá hay un serio incumplimiento”, sostuvo.
Informó que “en este momento el Tribunal de Cuentas está haciendo una auditoría respecto de la aplicación de la ley 1068 y de los aportes extraordinarios. Yo había presentado una nota a principios de año al Tribunal de Cuentas, solicitando una auditoría, y me informaron que ya estaba previsto un programa de auditoría, que se está realizando. Esperamos que den números certificados para tener un poco más de claridad, y también sabremos si han llegado todos los descuentos del fondo solidario a la caja o hay un remanente, porque aun hoy la Tesorería y la Contaduría no tienen un sistema integrado con lo que ingresa al gobierno. Nosotros no tenemos acceso al SIGA sino a un programa interno de la caja. Yo pedí acceso al SIGA y no me lo han concedido”, expuso.

Municipios al borde de la ejecución

Finalmente se le preguntó sobre la situación de los municipios respecto de la deuda previsional, y respondió que “ninguno de los tres ha firmado convenios de pago. Están vencidos los plazos establecidos en la ley y hoy estuvimos trabajando en un proyecto de retención porque, si no hay voluntad de pago de parte de los organismos que no han firmado convenio, desde el Directorio se van a ejecutar estas deudas”, advirtió la directora.
Respecto de los montos adeudados, precisó que “la Municipalidad de Ushuaia supera los 22 millones, la Municipalidad de Río Grande supera los 37 millones, y la Municipalidad de Tolhuin debe más o menos 11 millones de pesos. Después tenemos deudas de Vialidad Provincial, que no firmó convenio, por 22 millones de pesos. La DPOSS tenía una cifra menor, lo mismo que la DPE y el IPV, que debe 23 pesos solamente, pero se ha notificado y es un pequeño saldo de una cuenta que generó intereses. La Legislatura no tiene deuda y la Justicia tampoco”, señaló Dietrich.
La directora invitó a los jubilados a acercarse hoy a las 13:30 al edificio de Avenida Alem, donde se realizará una reunión para que puedan evacuar consultas sobre “la deuda, el plan de pago, la determinación de la movilidad y todo lo que consideren necesario preguntar; y estamos coordinando para realizar una reunión similar en Río Grande y en Tolhuin”, concluyó.