Incendio en el IPRA: Villegas sigue esperando explicaciones de las autoridades de seguridad

A un mes del incendio del edificio del IPRA en Ushuaia, calificado como “atentado” por el gobierno y atribuido a “mafias del juego”, la Legislatura continúa esperando explicaciones oficiales. El presidente de la comisión de seguridad, a pedido del MPF, cursó las invitaciones pero no se presentó ningún funcionario. Las mafias quedaron en el olvido y se sumaron más hipótesis, todas de “una gravedad institucional superlativa”, dijo Villegas, dado que van desde un trabajo interno, hasta el autosabotaje para sacar documentación sensible de una caja fuerte. “Hay conjeturas rimbombantes sin asidero fáctico”, criticó el legislador, a la espera de “una respuesta seria”. Además, cuestionó la crisis provincial que lleva a refinanciar deuda, mientras se gastan millones en publicidad. En particular apuntó al jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, quien “tiene una caja chica de cuatro millones”, afirmó.

Río Grande.- El legislador del MPF dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el incendio del edificio del IPRA, según el gobierno “un atentado de mafias del juego”, al cumplirse un mes del hecho sin que exista ninguna respuesta oficial seria.
“Ya han transcurrido treinta días de este hecho lamentable contra las instalaciones del IPRA y no hemos tenido oportunidad de que concurran los funcionarios para que expliquen sus dichos sobre la existencia de mafias. Ya pasó un plazo más que prudencial y no hay ninguna novedad a nivel judicial”, manifestó.
“A uno esto le lleva a concluir que nada de lo que se dijo en su momento se pudo constatar”, barajó, y aludió a la sucesión de hipótesis luego de que las mafias fueran cayendo en el olvido. Hubo una versión de un trabajo interno, por malestar de algún trabajador, con algunos elementos que sustentan esa hipótesis, como la puerta abierta desde adentro, las cámaras que no funcionaban y de lo que podía estar al tanto alguien relacionado con la dependencia, pero “no hay ninguna información oficial del punto de vista institucional”, insistió.

“Hasta el propio presidente del IPRA en un momento manifestó que iba a requerir constituirse en querellante en la causa, y eso lo habilitaría a él y a todos a tener copia de la causa y poder conocer el estado de la misma”, recordó, pero tampoco se sabe si efectivamente se constituyó en querellante.
“Todo lleva a que haya nuevas conjeturas y se va descartando lo que se dijo en un principio, como la posible existencia de mafias vinculadas a la actividad de los casinos. Se pasó a la teoría de supuestas cuestiones personales en el ámbito del instituto, pero también parece que se descartó, y después se llegó al punto tal de pensar en un autosabotaje. Sinceramente se barajan estas conjeturas sin tener una palabra oficial seria. Realmente estamos frente a una pésima investigación pero además frente a conjeturas de gravedad institucional superlativa, cualquiera de ellas sea cierta”, sostuvo.
“Habría que ir al expediente, a lo que realmente sucedió esa noche en el IPRA, pero no tenemos respuestas de los funcionarios que están a la cabeza de la seguridad en la provincia y se da rienda suelta a conjeturas que son una más grave que la otra”, cuestionó.
Dijo estar al tanto de la versión que habla de una carpeta con documentación sensible que habría estado en la caja fuerte, además de algunos videos, como si hubieran sido el objetivo real, enmascarado después por el incendio. “Se suma esto a un proceso electoral en pleno desarrollo, y al posteo de una candidata oficialista que habla del ‘coraje de la gobernadora en la lucha contra las supuestas mafias’. Todo es sumamente llamativo, porque las cámaras de vigilancia de la Casa de Gobierno, que están direccionadas hacia el IPRA, justo dejaron de funcionar dos o tres días antes. Puede ser casualidad. Uno trata de ser serio, responsable, y buscar los mecanismos institucionales y como legislador la única posibilidad de poner blanco sobre negro es citar a las autoridades del Ejecutivo”, manifestó.
Lo cierto es que “al día de la fecha no lo pudimos hacer, pese a que el presidente de la comisión cursó las invitaciones correspondientes”, porque no se presentaron.
“Acá se afectó seriamente el patrimonio del IPRA, se ha puesto en riesgo la fuente laboral de muchas familias, y hay conjeturas rimbombantes sin asidero fáctico. Hay que evitar este manoseo de la información pública y dar tranquilidad a la sociedad”, reclamó.
“Este hecho no debe quedar en la impunidad, como está pareciendo que va a quedar”, lamentó Villegas.

Obra social a bomberos

Por otra parte, el legislador dio a conocer la presentación de un proyecto para modificar la ley que establece el pago del peculio a las personas privadas de la libertad, que tienen obra social y a partir de este año pueden acceder a la jubilación, para que extiendan los beneficios a los bomberos.
“Hay una ley de ejecución penal, que es la 24.660, a la cual la provincia adhirió en su totalidad a través de la ley 441.Esa ley establece que los condenados que trabajan tienen derecho a un peculio, equivalente a las dos terceras partes de un salario mínimo vital y móvil. Ese salario supera los diez mil pesos, así que estaríamos hablando de ocho mil pesos. Nosotros presentamos un proyecto de modificación de la ley 441 con la legisladora Mónica Urquiza, para poner en debate ese importe de los internos. No estamos en contra del trabajo, porque es un derecho y es importante en el proceso de resocialización, pero creemos que, si el Estado hace este esfuerzo, también lo puede hacer para garantizar la obra social provincial a los bomberos voluntarios”, argumentó.
“A los condenados, por el acta que suscribió el Secretario de Seguridad en julio de este año, se le reconocen los beneficios previsionales, es decir la jubilación, a través de ANSES; y también los beneficios de la obra social”, afirmó el legislador.
“Uno no está en contra de que el interno trabaje, pero si el Estado le reconoce ese derecho a los condenados, corresponde que se le reconozca el derecho a obra social a los bomberos voluntarios, que todos los días defienden nuestro patrimonio y nuestra integridad”, dijo.
Apuntó que además los bomberos voluntarios “sufrieron un recorte del subsidio por la ley de presupuesto, con la quita del 50 por ciento” y que “en el proyecto de 2018 también se insiste con la quita de ese 50 por ciento. La suma oscila entre los 46 y los 50 millones, sobre un total de 92 millones presupuestado, que se calcula sobre los ingresos brutos. El argumento es que ese dinero se afecta a equipamiento en seguridad y capacitación, pero en julio de este año pedimos informes para que contestaran qué se estaba haciendo con ese dinero y no respondieron. En la última sesión volvimos a insistir, porque queremos saber que hacen con el dinero que le sacaron a los bomberos, pero hay una reticencia de las autoridades de Seguridad a dar la información, que más tarde o más temprano, la vamos a tener”, confió.

Demandas por fondo solidario

Respecto del vencimiento de la ley de emergencia del IPAUSS, el legislador Villegas recordó que “en su momento votamos en contra de la ley 1068, que estableció el fondo solidario y presentamos un proyecto de derogación de este fondo y del congelamiento de la movilidad previsional. También le hemos requerido al Poder Ejecutivo que proceda a la devolución de los importes retenidos a los empleados, porque entendemos que esa ley puede ser atacada por inconstitucional, con bastante asidero, y queremos evitar un dolor de cabeza futuro”, dijo.
Hasta el momento no se habla de ninguna devolución, con varias demandas iniciadas en la justicia que, de fallar a favor de los pasivos, acrecentará el déficit del IPAUSS. Cabe mencionar que ese déficit, si no hay prórroga del aporte solidario, el año próximo será soportado por los municipios y entes de gobierno, por la aplicación plena de la ley 1070. De los 400 millones estimados en la actualidad, la cifra se elevaría al doble, más las costas.

Gorbacz con cajita feliz

Finalmente Villegas cargó contra la falta de austeridad del gobierno, por los gastos en publicidad, mientras sostiene un discurso contrario y refinancia adelantos de coparticipación que no puede pagar dentro del ejercicio en que los tomó.
“El gobierno de la provincia hace pivotear su política en un endeudamiento histórico que va a repercutir en las arcas provinciales, y en la posibilidad de dar más soluciones a los problemas habitacionales, de seguridad, de salud, de educación”, alertó el mopofista.
“En la provincia el gobierno no da signos de austeridad, todo lo contrario, y se ha alineado con el gobierno nacional. Hace dos sesiones se votó un nuevo convenio de refinanciación de deudas por adelantos de coparticipación, con una tasa de interés del 15 por ciento, cuando en otras gestiones no superaba el 6 ó 7 por ciento”, comparó.
Tanto los anticipos de 2016, como los ya pedidos y por pedir en 2017, no se van a poder devolver este año y se adoptará nuevamente la opción de refinanciar con la correspondiente tasa de interés. Sin embargo, “no hay signos de austeridad en la gestión de gobierno, por el contrario, el jefe de gabinete tiene una caja chica en materia de publicidad de cuatro millones de pesos. Es un fondo permanente firmado por un decreto de la gobernadora”, reveló el legislador.
Explicó que “son gastos de publicidad de la jefatura de gabinete, por cuatro millones. Uno entiende que el gobierno tiene que publicitar los actos de gobierno, pero este fondo está aparte de las publicidades que pagan los distintos entes autárquicos y la publicidad que se paga vía la Secretaría de Medios”.
El BTF tiene unos tres millones destinados a publicidad “y cada entidad tiene su fondo propio. El IPV tiene un gasto en publicidad más que importante, el IPRA también. Teniendo semejante demanda habitacional, es una picardía que el IPV tenga un gasto superior a los 700 mil pesos de publicidad”, manifestó, sin poder precisar el monto global que todo el Estado provincial está desviando para este fin.