El secretario de Economía y Finanzas Lucas Gallo confió en que se logre acordar un gradualismo en el cobro del impuesto inmobiliario, dado que el acuerdo de consenso fiscal prevé un revalúo a cargo de un organismo nacional, en base al valor de mercado. Si bien en Ushuaia la alícuota debería bajar, la base imponible será mucho mayor y hará al impuesto “impagable”. El funcionario estimó que con el nuevo esquema tributario, el municipio perderá “unos 200 millones”, y confía en las compensaciones acordadas con el gobierno, a través de la coparticipación del impuesto a las ganancias.
Ushuaia.- El secretario de Economía y Finanzas del Municipio de Ushuaia, Lucas Gallo, dio detalles del acuerdo al que arribaron con el gobierno provincial, aunque no evitó exteriorizar su preocupación por algunos puntos, como el revalúo inmobiliario, que quedará a cargo de un organismo nacional y tomaría el valor de mercado de las propiedades.
Por Radio Nacional Ushuaia, reconoció que “las expectativas son muy negativas para el año que viene y tratamos de buscar lo mejor para la ciudad”, tras la decisión de firmar el acuerdo junto con el municipio de Tolhuin.
En líneas generales, explicó que “el proyecto de consenso fiscal presentado en la Legislatura por el gobierno lo que hace es receptar los lineamientos de la ley de responsabilidad fiscal, con las modificaciones que se están analizando en el Congreso”, de donde se desprende el acuerdo con las municipalidades.
Una de las pautas marca que “el crecimiento del gasto primario no tiene que ser superior a la inflación que mide el INDEC”, dijo, y agregó que “se congela la planta de personal al 31 de diciembre de este año, aunque no hay limitaciones para los municipios que tengan superávit financiero”.
El llamado “consenso fiscal” en realidad establece un sistema de premios y castigos para quienes adhieren y quienes no, respectivamente. Gallo expuso que, por no haber adherido a la ley de responsabilidad fiscal hasta ahora, “se nos está trabando el préstamo del banco Macro”, por un monto de 35 millones, destinado a la compra de colectivos.
“La solicitud está presentada desde enero. Ahora dicen que se va a destrabar con la adhesión y esperemos que así sea. Esperamos que el Concejo Deliberante apruebe la adhesión y luego el crédito se destrabe automáticamente”, confió.
Un parámetro similar se toma para el reparto de los fondos de la soja, e incluso de las compensaciones, que no llegarán a quienes no adhieran.
Revalúo preocupante
Si bien no hubo definiciones sobre la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, que sigue en el ámbito judicial, el pacto fiscal prevé un revalúo que podría hacerlo impagable, de no mediar alguna suerte de gradualismo. “Se acordó que los municipios de Ushuaia y Tolhuin vamos a adherir a un organismo federal de Catastro, que va a centralizar la valuación fiscal de todos los inmuebles, obviamente de las provincias que adhieran”, dijo Gallo.
Este organismo no existe en la actualidad y se creará a estos fines. “Además de concentrar, va a unificar el cálculo de las valuaciones fiscales. Cada jurisdicción tiene su metodología y acá desde 1996 no se hace un revalúo. Esto actualiza el valor fiscal en base a un índice de precios mayoristas”, señaló.
“El revalúo determina el valor de mercado de la propiedad, que es lo que plantean a nivel nacional. Una vez que terminen las valuaciones fiscales, las alícuotas serán del 0,5 al 2 por ciento como máximo. Nosotros tenemos una alícuota superior al 2 por ciento y deberemos ir adecuando esta estructura, pero también el valor del mercado. Lo que hay que hacer es trabajar para que el impacto sea el menor posible sobre el contribuyente”, planteó.
Adelantó que “no podemos ir directamente al valor de mercado, porque las valuaciones fiscales hoy son casi simbólicas, con sumas irrisorias. Si le ponemos el valor de mercado a una propiedad, el impuesto sería impagable, aunque bajemos la alícuota. Habrá que buscar un equilibrio entre la reducción de la alícuota y el aumento de la valuación, para que se haga en forma gradual”, propició, aunque no hay definiciones sobre la metodología de aplicación.
Las compensaciones
Consultado sobre la posibilidad de coparticipar el bono de compensación que emitirá nación para paliar la pérdida de recursos de las provincias, por la baja de ingresos brutos, respondió que no habrá compensación sobre los bonos “sino sobre la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias. Los fondos que reciban las provincias para compensar la caída de recursos se compensarán con fondos destinados a obras públicas. En este consenso se estableció que ese fondo sea coparticipable, en base a los índices de coparticipación vigentes”.
Gallo estimó que “la pérdida de recursos para el municipio de Ushuaia puede ser cercana a los 200 millones de pesos”, de allí que el nuevo presupuesto municipal fue ingresado esta semana “con una estimación de ese orden. En teoría debería compensarse, pero no sabemos de qué manera se va a ir devolviendo o coparticipando. Todavía falta información a las provincias y esto se irá reglamentando en los próximos días”, confió.
Diferenció la situación en Tierra del Fuego con otras provincias, dado que “en su mayoría decidieron no coparticipar los recursos. Nosotros acordamos que esta modificación del impuesto a las Ganancias sea coparticipable a los municipios, y tratamos de buscar el mejor acuerdo para que los municipios no pierdan”.
Aclaró que “una cosa es la devolución de ANSES, y eso está previsto que vaya en un ciento por ciento a resolver el déficit previsional”, mientras que la compensación a los municipios será únicamente “por la modificación del impuesto a las Ganancias”.
Financiamiento de la caja
Con respecto al financiamiento del déficit de la caja de previsión, habría un conjunto de medidas, por las que se mantendría el aporte solidario, además se aplicaría el descuento previsto en el artículo 23 de la ley 1070 a los organismos deficitarios, pero sobre una base de cálculo de déficit menor, en función de las compensaciones de ANSES.
“El acuerdo reafirma la decisión de sostener el régimen provincial y estamos a la espera del texto de la ley que se presentará a la Legislatura, con modificaciones de coyuntura y otras medidas estructurales. Está previsto reunir fondos de distintos lugares para cubrir el déficit. No tenemos el texto definitivo y una de las propuestas es que el ciento por ciento de bonos por la compensación del 15 por ciento de ANSES vayan a financiar la caja, y en función de la coparticipación de los municipios, se pagarían las deudas con la caja de previsión social. Se agregaron los aportes del artículo 23 de la ley 1070, y también puede ser que cubramos contribuciones vencidas o contribuciones futuras. No sólo está previsto que la devolución de fondos que va a recibir la provincia se pueda imputar al déficit de la caja para el año que viene, sino también la deuda histórica o contribuciones futuras”, indicó.
Subsidio de gas
Finalmente descartó la posibilidad de que los municipios se hagan cargo en todo o en parte del subsidio de gas envasado. “Este es un tema bastante polémico, porque nosotros como municipio no somos responsables del tendido de redes de gas; menos somos responsables de que exista o no fluido en la red. Nosotros podemos avanzar con la regularización de los barrios informales, que ya está presentado en el Concejo Deliberante, pero no aceptar que se distribuya el costo del subsidio, de 729 millones, porque sería imposible para el municipio afrontar siquiera una parte de ese monto”, expresó Gallo.
“Queremos avanzar en la medida de las posibilidades y las competencias del municipio. Nosotros podemos hacer el tendido de redes, como lo hacemos en la urbanización San Martín, pero no podemos inyectar el gas, que depende de Camuzzi”, dijo.
El retiro de la acción judicial por el cobro del impuesto inmobiliario no quedó plasmado en el consenso. “Es una situación que excede al Municipio y deberá definir la provincia. Seguiremos buscando los puntos de acuerdo, ahora este convenio tiene que ir a la Legislatura y los concejos deliberantes para que lo ratifiquen, y luego se tiene que empezar a implementar una normativa vigente en cada jurisdicción”, concluyó.
La semana próxima habrá una reunión de comisión y recién allí los municipios podrán hacerse del texto definitivo del acuerdo. Llamativamente Gallo admitió que, aunque firmaron el acuerdo “no conocemos en detalle el texto, pero lo tendremos antes de la aprobación en la última sesión de la Legislatura”.
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