radiouniversidad.com.ar

La ministro de Desarrollo Social de la provincia, Paula Gargiulo, informó sobre la profundización de la crisis, el aumento de la demanda, y la falta de respuesta del gobierno nacional respecto de la actualización de programas. Actualmente la nación aporta 188 pesos para la tarjeta social y el resto lo absorbe la provincia. También se busca dar contención a las familias metalúrgicas, que atraviesan situaciones críticas por despidos, además de continuar con tareas de promoción social, capacitación a emprendedores, entre otras. La funcionaria estimó “entre cinco o seis personas” que a diario buscan ayuda para pagar el alquiler o los servicios.

La ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y fue consultada sobre la crisis que azota a la provincia, cada vez con más desocupación.

Río Grande.- La ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y fue consultada sobre la crisis que azota a la provincia, cada vez con más desocupación. Recordó que “el objetivo del ministerio es estar cerca de la gente y trabajar en pos de la comunidad, con presencia en las tres ciudades para dar respuesta a los vecinos”.

Dio cuenta del aumento de los planes RedSol, que en la gestión anterior “no llegaban a 700 titulares. En los últimos meses se profundizó la crisis. Hoy tenemos un padrón de 3.500 familias en la provincia. Además del programa REDSOL hay otras asistencias directas que se entregan, por decisión de la gobernadora. Los fondos para estas 3.500 familias son provinciales, y son 4.000 pesos por familia, dado que la gobernadora decidió subir el aporte, que era de 2.000 pesos. Ese programa está bancarizado, también por decisión de la gobernadora”, dijo, con una causa penal en trámite por estafas en la gestión anterior, a la espera de sentencia.

Agregó que “hay un módulo alimentario que es complementario, como refuerzo a algunas familias. Aproximadamente son 18 productos, entre ellos leche, cereales, cacao, harina, yerba. Para esta canasta de alimento seco trabajamos con una nutricionista, y complementariamente entregamos el agua, la lavandina, el detergente, para complementar con la higiene. Hoy hay unos 3.600 beneficiarios de estos módulos y la cantidad va variando. La necesidad se nota más en Río Grande, donde tenemos un padrón de 2.200 familias. El REDSOL se da por seis meses, se va renovando, y apunta a la vulnerabilidad social”, recordó.

“Algunas familias tienen alguna vulnerabilidad sanitaria, otras alguna vulnerabilidad familiar. La mayor demanda está en margen sur, pero viene gente de Chacra XIII, de otros barrios donde también sabemos que hay necesidad”, indicó.

Marcó como un logro de gestión la presencia física en el sector, porque “en margen sur no teníamos sede y hoy contamos con la institución que estaba destinada al hogar de niños. Ahí está el sector de asistencia, el de economía popular, el de género y protección de niñez y familia.

Los equipos están en el mismo lugar. Si hay necesidad de asistencia por violencia de género, saben que ahí están las oficinas y los pueden recibir. También prestamos un espacio para el acceso a la justicia y con ANSES pudimos coordinar que nos dejara una terminal para facilitar el acceso a la comunidad”, expuso.

Asimismo, dio a conocer la creación de programas de trabajo comunitario, porque “no los recibimos y los creamos nosotros. Tuvimos que desarrollar distintos programas para empezar a plasmarlos en distintos sectores barriales, como el de Cuidadores Comunitarios. El fin de semana pasado estuvimos en margen sur, comenzando los ciclos de pymes en el barrio”.

Otra asistencia tiene que ver con las familias que no tienen gas de red. “En su momento se daban subsidios en forma individual por el tema de la leña y hoy tenemos un programa que trabajamos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca con los aserraderos de Tolhuin, para destinar los desechos de los aserraderos que no se utilizan a las familias que lo necesitan. Estamos entregando leña en Ushuaia y en Río Grande también”, dijo.

“A principios de la gestión tuvimos el programa nacional Creer y Crear, que lo aprovechamos muy bien, porque es un fortalecimiento a emprendedores. Esto se hizo con fondos provinciales y nacionales por cinco millones, de los cuales dos millones aportó la provincia. Estamos terminando la ejecución y no tenemos respuesta de que se vuelva a implementar. Además de la capacitación se aportan maquinarias en algunos casos, en otros casos hay adecuación de espacios barriales donde se desarrollan tareas comunitarias, y estuvimos fortaleciendo a familias que tienen chacras con algunas adecuaciones que requerían”, detalló, pero “desde Nación no se sabe si se va a destinar el mismo plan con la misma cantidad de dinero y ya estamos por terminar la ejecución”, advirtió.

También hay inconvenientes con el programa Tarjeta Social, que es nacional aunque el aporte es ínfimo. “Esto se fue renovando y actualmente la provincia pone doce millones y dos millones la Nación”, contrastó.

Dijo que desde el año pasado vienen solicitando una reunión con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación para actualizar los valores. En diciembre fueron atendidos los ministros de distintas provincias y el planteo fue “la cuestión alimentaria, que era fundamental, porque nos atañe a todos. El aporte que está haciendo la Nación es de 188 pesos para una tarjeta social de 1.200 ó 1.300 pesos, que tampoco es mucho.

Esto es un esfuerzo para la provincia”, subrayó, cuestionando que la Nación que lleva adelante este convenio y aporta tan poco, además exige rendiciones y “da un montón de vueltas porque nos tenemos que ajustar a cómo ellos quieren que rindamos”.

“Lo mismo pasa con las asignaciones familiares. Esto perjudica a los más vulnerables y afecta la calidad de vida. La información fue sorpresiva en el día que cayó, pero ya veníamos viendo lo que viene para la Patagonia y la Tierra del Fuego”, lamentó.

Sin coordinación con Río Grande

En una entrevista con Radio Universidad, la apoderada del PRO, Dra. Montes de Oca, dijo que articulaban con la provincia en la capital fueguina, pero no se logra todavía un entendimiento con el área de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande. “Con el municipio de Río Grande desde lo político no nos conocemos, pero eso no quita que uno pueda tener la posibilidad de una relación. Yo no conozco a la secretaria (Cubino), ella no me conoce, tampoco tuvimos acercamiento con la secretaria anterior (Castillo)”, señaló Gargiulo.

Asimismo, relativizó las declaraciones vinculadas con el aumento de la entrega de módulos alimentarios, porque “no se puede medir una cuestión social por un módulo alimentario. Yo no sé el valor del módulo, pero sé lo que llevan. La política social no es un módulo alimentario y la secretaria Cubino dice que se duplicaron, pero eso no es una política social. La política social es trabajar en asistencia, pero también en la promoción de derechos con la comunidad, desde la posibilidad de la cercanía con distintos programas como la formación de mujeres en la margen sur, dándole herramientas, en el cuidado de los niños, en la crianza. Se deja un saber instalado, que es un recurso más para su subsistencia. Se deja capacidad instalada y se generan grupos ya instalados, y esto también es plata que pone el Estado provincial. Los centros de desarrollo infantil también son una política social y también contienen a un montón de familias, y nosotros tenemos tres, uno en Río Grande, dos en Ushuaia y uno es para niños en edad escolar. En género armamos una secretaría desde la gestión. No es solamente darle un bolsón a una mujer que fue producto de violencia, y la política social no se mide por módulos alimentarios”, reiteró.

Según Gargiulo, la contención pasa por “generar fortalecimiento a los emprendedores, a las cooperativas. Los equipos del ministerio trabajan acompañando en la cuestión social desde este lugar y generamos el lazo para saber que la familia necesita de un acompañamiento, ya sea de un módulo alimentario o de una inclusión aun plan social”, dijo.

Más allá de las diferencias, aseguró que “las puertas siempre estuvieron abiertas y cuando trabajamos para la población más vulnerable, no podemos decir que las puertas están cerradas”.

“Con la apoderada del PRO, que es representante del centro de referencia, siempre trabajamos en conjunto en los programas ejecutados por la provincia, como Cuidadores Domiciliarios en adulto mayor, porque Nación baja un convenio a la provincia y designa a la persona representante. Lo mismo sucede con otros programas nacionales, como el destinado a los centros de desarrollo infantil”, explicó.

Más presupuesto

Consultada sobre el aumento de la partida presupuestaria, dijo que “en asistencia teníamos un presupuesto de 185 millones y se ha aumentado, uno va siendo previsor ante las definiciones sorpresivas de este gobierno, y se ampliaron aproximadamente 80 millones”.

Las principales demandas de la población pasan por “trabajo genuino, deudas de alquiler, de servicios. En el día a día estamos hablando de cinco o seis personas que presentan esta inquietud. El subsidio es personal y no es que el estado hace un convenio con un tercero, que es el que alquila. Con la industria, la gobernadora está trabajando para ver cómo poder dar respuesta ante esta realidad, y que cada uno ponga lo que tiene que poner. Como ministerio de Desarrollo Social nosotros tenemos herramientas para la contención de estas familias que hoy tienen una situación angustiante, desesperanzadora, luego de tener una calidad de vida”, concluyó.