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El vicegobernador Juan Carlos Arcando aseguró ayer que el decreto presidencial elimina el coeficiente 4 de las asignaciones familiares “para todos”, e incluyó a estatales y privados. Confía en las gestiones de la gobernadora y distintos actores políticos, sociales y sindicales, para dar marcha atrás con la medida. También dio a conocer una deuda de nación por certificaciones impagas de obra pública que ya llega a los mil millones.

El vicegobernador Juan Carlos Arcando expuso por Radio Universidad 93.5 su “preocupación” por el avance del gobierno nacional sobre derechos adquiridos de los habitantes de la Patagonia y destacó que “la gobernadora ha tenido reuniones con los senadores nacionales de la Patagonia, con los legisladores nuestros que integran la comisión del Parlamento Patagónico, yo voy a tener una reunión el 10 de agosto en Córdoba, porque está afectando a muchos sectores”.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando expuso por Radio Universidad 93.5 su “preocupación” por el avance del gobierno nacional sobre derechos adquiridos de los habitantes de la Patagonia y destacó que “la gobernadora ha tenido reuniones con los senadores nacionales de la Patagonia, con los legisladores nuestros que integran la comisión del Parlamento Patagónico, yo voy a tener una reunión el 10 de agosto en Córdoba, porque está afectando a muchos sectores. En este caso va a ser una reunión del bloque argentino de la unión de parlamentarios sudamericanos y del Mercosur, que integran diputados provinciales de distintas provincias. La mesa se va a reunir en Córdoba y ahí vamos a manifestar nuestra preocupación por el coeficiente zonal del salario familiar, y por el coeficiente que quieren sacarle a los jubilados, que me parece inconstitucional porque está establecido por ley. Al sacarse esto, no queda ninguna diferencia con el centro del país, que no cobra ninguno de los coeficientes que cobramos en la Patagonia”, sostuvo.

“En nuestro caso es el coeficiente 4, para Tierra del Fuego y Santa Cruz; otras provincias como Chubut y Río Negro cobran el coeficiente 3; y otras jurisdicciones como Catamarca, Salta, Jujuy, cobran el coeficiente 2”, detalló.

Reiteró que “esto está establecido por una ley. Lo único que debe hacer un decreto es reglamentar, por eso es una medida inconstitucional. Se han hecho presentaciones y en Ushuaia el fiscal Soria emitió un dictamen, para que resuelva el juez Federico Calvete, que entiende en la causa. El problema es que nos sacan el coeficiente pero también rebajan el tope para pagar la asignación familiar. Por ejemplo, si antes se pagaban las asignaciones hasta un sueldo de 20 mil pesos; como ahora bajan ese techo a 10 mil pesos, por dar un número, la gente que cobraba entre 10 mil y 20 mil y percibía las asignaciones, ahora no lo va a hacer. O sea que no solamente redujeron el monto de las asignaciones sino que las eliminan para un sector”, subrayó.

“Además se está hablando de la quita del suplemento de zona que cobran los jubilados, que es del 40% para los radicados en Tierra del Fuego. Algunos dicen que se va a reducir un 50% y otros que directamente lo van a sacar. Todo esto tiene que ver con las recetas que impone el FMI para cubrir el déficit. El gobierno nacional ha recurrido a un préstamo del FMI y ya pierde la independencia económica, para pasar a depender de las políticas que marca el FMI. Ahí es donde empiezan a llegar los ajustes, que siempre los pagan los que menos tienen, en este caso los trabajadores”, cuestionó.

Consultado sobre el impacto de estos recortes en el sector público, recordó que “la provincia paga el 100% de zona en los salarios. El coeficiente 4 en su momento lo percibían los trabajadores privados. Hasta diciembre del ’95 no estaban incorporados los empleados estatales, ni las fuerzas armadas, ni las fuerzas de seguridad federal. A través de una gestión que hizo el entonces diputado Carlos Manfredotti, presentó un proyecto de ley que no se trató, pero logró el compromiso de ex presidente Menem de sacarlo por decreto. Así se incorpora el coeficiente 4 en todo Tierra del Fuego, para estatales y privados, pero esto lo elimina para todos”, aseguró del ajuste en las asignaciones.

Diferenció las asignaciones familiares del adicional por zona desfavorable, que “es una conquista de los acuerdos salariales en las paritarias. Para darlo de baja, tiene que haber un acuerdo paritario, por eso la zona no es uniforme en todas las actividades, algunas cobran el 100%, otras un poco más y otras un poco menos, el 80, el 40 y el 20% y eso tiene que ver con acuerdos de paritarias”, indicó.

Sorpresa total

Arcando aseguró que no había ninguna versión circulante de que esto pudiera pasar ni era tema de agenda. “Nosotros nos enteramos de esto por los medios de comunicación, por lo menos yo no tenía ningún conocimiento de que esto iba a ocurrir y, por lo que hablé con la gobernadora y los funcionarios de la provincia, tampoco estaba en agenda. Esta movida rápida que ha hecho la gobernadora, con los diputados, los senadores, los presidentes de bloque, fue para tener una voz uniforme en el reclamo y que se pueda derogar. Por eso los senadores presentaron un proyecto pidiendo la derogación de este decreto, que en definitiva disminuye el salario de los trabajadores de Tierra del Fuego”, remarcó.

Deuda de mil millones

Por otra parte, se le preguntó sobre la deuda por obras públicas nacionales acumulada por el gobierno nacional y dijo que “Estamos cerca de los mil millones de pesos. Estamos pagando nosotros los certificados porque el gobierno nacional no los está pagando. Las obras están comprometidas por parte del gobierno nacional, hay obras del IPV y obras del Ministerio de Obras Públicas, y la deuda es de alrededor de mil millones”, ratificó.

“Ya tenemos desempleo en la industria metalúrgica y también estamos teniendo inconvenientes con los trabajadores de la UOCRA. Para que las obras no se paren, porque son necesarias para Tierra del Fuego, estamos pagando los certificados porque sabemos que el gobierno nacional tiene que desembolsar esos fondos que nos debe”, sostuvo.

En estas condiciones, la provincia no resiste más ajuste y “en charlas informales, estuve recorriendo las provincias, en octubre estamos realizando encuentros de vicegobernadores y una reunión del Parlamento Patagónico en Tierra del Fuego, y la situación económica de todas las provincias es muy crítica. Son muy pocas las que tienen equilibradas las cuentas. Hay provincias como Formosa y San Luis que tienen equilibradas las cuentas e incluso tienen superávit fiscal. Nosotros hemos recibido el gobierno en las condiciones que todos saben y hemos tratado de ordenar la provincia. En el discurso inaugural la gobernadora planteó la situación en que recibió la provincia, que no escapaba a nadie porque había jubilados que no cobraban sus haberes hacía tres meses. No es fácil ordenar un estado en la situación en que lo recibimos”, manifestó.

“Ahora sacan el coeficiente zonal salarial, por otro lado quieren sacar los subsidios de gas a la Patagonia, los reintegros por puertos patagónicos, los beneficios que tenemos y van por más, porque se habla de sacar el suplemento de zona a los jubilados, y mientras tanto nos siguen entreteniendo con denuncias, con el debate del aborto sí o aborto no”, fustigó.

También se le preguntó sobre la subejecución de obras cuestionada por la legisladora Mónica Urquiza y el legislador Pablo Blanco, dado que en el informe del Tribunal de Cuentas se habla de un 9% de presupuesto aplicado. “Cada obra tiene su curva de avance y todas las obras están con la curva de avance inclusive por arriba de lo que deberían estar. Cuando empieza la veda invernal hay obras que se deben parar, salvo en las que han logrado los cerramientos y puede trabajarse por dentro. Todas las obras adjudicadas están dentro de los parámetros que establece el pliego licitatorio y el compromiso que ha asumido cada empresa cuando se presentó, excepto alguna obra que no depende del gobierno de la provincia”, afirmó.

En cuanto a la ampliación del puerto de Ushuaia, dijo que la paralización “nos preocupa muchísimo, pero es una obra con fondos nacionales y no me quiero meter en las obras que no tienen que ver con la administración pública provincial. Cuando se demoran mucho los papeles, lo único que hace es tener que pagar mayores costos porque estamos viviendo en un país casi de hiperinflación”, advirtió.

Finalmente se le preguntó sobre la reactivación de la obra del puerto de Río Grande: “Eso lo está llevando adelante la gente de Obras Públicas, sé que estaba trabajando la gente de un banco regional, analizando el tema y le corresponde informar a la gobernadora en este caso”, concluyó.