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A diez días del inicio de la temporada de construcción, la actividad de las canteras seguirá paralizada. Ayer se agravó el conflicto, tras el ofrecimiento de una prórroga de 120 días de parte del gobierno. Los titulares de las canteras ubicadas en la zona costera emitieron un documento donde advierten sobre la falta de áridos, necesarios para el hormigón, la construcción de bloques de cemento, columnas de alumbrado, veredas y toda la obra prevista por el sector público y privado. La falta de materia prima afecta también a la zona sur, dado que muchas empresas estaban recurriendo a este grupo para abastecerse. No se retomará la actividad hasta tanto haya garantías de continuidad por un plazo razonable.

26-08-2015 Río Grande.– Ayer se llevó a cabo una reunión en la delegación de gobierno con el secretario de Desarrollo Sustentable Fabián Boyeras, quien intentó destrabar el conflicto con las canteras de la zona costera, ofreciendo una prórroga de 120 días a los permisos de explotación que habían sido cancelados por la propia gestión.
Pero la alternativa fue rechazada y considerada como una maniobra del gobierno en retirada, para “ganar tiempo” hasta la asunción de los electos. El exiguo plazo incluye el traslado a tierras privadas que deberán comprar, y tanto los estudios de impacto ambiental en las nuevas locaciones como la reinstalación del equipamiento, demandarían más de un año.
Podían encontrarse en pleno temporada de verano sin saber si continuarán trabajando, con un nuevo gobierno y una Legislatura ya en receso, por lo que reclaman garantías de continuidad por un plazo razonable.
Mientras tanto, seguirá paralizada la actividad y la provisión de áridos necesarios para el hormigonado, construcción de bloques, veredas, columnas de alumbrado, y toda la obra pública y privada que debería arrancar en pocos días, cuando termine la veda en septiembre.
La crisis por falta de materia prima afectará no sólo a la mano de obra directa que generan las canteras sino a los trabajadores de la construcción, a la Cooperativa Eléctrica y las empresas constructoras de la provincia, dado que desde Ushuaia hay varias que estaban llevando material de Río Grande en camiones.

“Soy propietaria y no voy a perder todo”

Mabel Carrillo, de la cantera Santa Rita, visitó los estudios de Radio Universidad junto al ingeniero químico Walter Loncon, de la cantera Cruz de Plata.
Carrillo indicó que “hace 28 años” está en la empresa, “y en 28 años he observado que nosotros no hacemos daño al medio ambiente. Lo que nosotros sacamos es recuperable, porque estamos trabajando a 20 metros de la línea de alta marea. Yo no voy a querer hacer un daño semejante, porque soy propietaria del lugar y no voy a querer perder todo. Son cinco hectáreas las mías, que están sobre la costa”, detalló, y reiteró que “nosotros no hacemos ningún daño a la playa, porque viene la ola y lo vuelve a reponer”.
Negó que el informe técnico del que se sirve el gobierno se ajuste a la realidad, dado que asegura que el mar está comiendo diez metros por año. “Yo no existiría si fuera así”, remarcó.

Estudios aprobados

Por su parte el ingeniero Loncon recordó que la provincia les dio la concesión de las canteras “después de haber presentado un estudio de impacto ambiental. Uno tiene que cumplir con normas IRAM, tenemos que tener laboratorios propios y además tenemos un laboratorio provincial. Nosotros tenemos nuestra materia prima clasificada y eso exige unos ocho meses de trabajo previo”, señaló sobre el tiempo mínimo que demanda montar una cantera.
“En mi caso particular, Cruz de Plata provee áridos a granel y fue formada solamente para entregar materia prima a las empresas. Tenemos planta de lavado y clasificación de áridos”, dijo.
La afectación a la provincia será total porque “las obras, tanto viales como civiles, comienzan con la piedra y arena y culminan con la piedra y arena. Si tienen otra forma de construir que no dañe el medio ambiente, que me lo expliquen, y que cambien el proceso, porque el mismo estado nos entregó la concesión, a través de un plan de manejo y una evaluación de impacto ambiental; Legal y Técnica nos autorizó a llevar adelante proyectos que requieren mucho tiempo de inversión”, subrayó.
Dado que pretenden que los titulares de las canteras compren tierras privadas, Loncon expuso que “no somos millonarios, somos empresarios de overol” y marcó la prioridad para una actividad que provee “la materia prima con la que se hacen las escuelas, las calles, los edificios que ellos mismos inauguran”.

Boyeras, y el árbol que tapó el bosque

Consultado sobre la postura del ingeniero Fabián Boyeras, secretario de Desarrollo Sustentable, quien decidió la medida sin ver el efecto que tendría en plena temporada, Loncon señaló que “el señor es un ingeniero forestal y yo tengo 25 años de obra vial y estuve en todas las obras más importantes de la isla. Hoy en la reunión este señor me estaba ofreciendo una venta inmobiliaria en Cabo Peña”, aseguró del encuentro de ayer entre el funcionario y los canteristas, en la delegación de gobierno.
“Estuve cinco minutos en la reunión y no quise perder tiempo, porque sacó un escrito donde nos ofrecía irnos a Cabo Peña”, reiteró, dado que en el lugar hay dos canteras habilitadas.

Informe sin firma

Loncon aseveró que el informe que supuestamente demuestra el daño ambiental fue contratado “por la parte de turismo de la Municipalidad de Río Grande y no está firmado. Nosotros venimos formados de una alta casa de estudios, además de ser empresarios. Es la misma persona que hizo un estudio en 2009 para el CADIC, en ocho días, y desde Buenos Aires dictaminó que nos tenemos que ir. En 2009 hablaba de la extracción en cava, que está prohibida en todo el mundo porque contamina las napas freáticas. Ahora quieren que nos vayamos a hacer una excavación y pagarle al propietario de la tierra. Yo puedo hablar de lo que sé y lo que conozco, y además, detrás de nosotros hay 90 familias”, enfatizó.
La cantidad de obra pública comprometida es enorme, y la paralización puede demorar todas y hasta perderse, si se disparan los costos. “Nosotros en tres años tenemos que entregar 1.970 lotes, en 67 hectáreas de urbanización, porque estamos haciendo con otra empresa la urbanización de San Martín Norte. (Oscar) Volpe, Abel Cóccaro, tienen 6.500 casas para hacer y varias obras adjudicadas”, expuso.

No a la expropiación

Mabel Carrillo dio cuenta de la propuesta que hizo ayer al funcionario de gobierno, para que “expropien los terrenos que ellos dicen que sirven para trasladar las canteras”, dado que no pueden obligarlos a comprar.
Y puso en duda la veracidad de todo lo que expresó Boyeras: “Según ellos, la documentación para abrir una cantera la tenemos en veinte días, cuando un estudio de probeta lleva más de treinta días”, sostuvo de los análisis obligados que deben hacer del suelo. Dentro de diez días termina la veda invernal”, alertó, sobre tiempos acotados para tomar una determinación de esta naturaleza.

Nuevo estudio

El ingeniero Loncon dio a conocer la decisión de pedir un informe al CONICET, para contrastar con el estudio apócrifo, dado que “un alumno de un colegio técnico tiene mayor visión de la zona norte de quien hizo ese informe”, sostuvo.
Recordó que desde la Cámara de la Construcción de Ushuaia, el arquitecto Roberto Matach “pidió un abordaje serio del tema”, porque se argumenta el daño ambiental y se puede paralizar la temporada de obras, cuando no se controla la contaminación en otras áreas, como la industria y en particular la actividad petrolera.

Ríos, ausente

Mabel Carrillo además puso en duda que la gobernadora esté al tanto de lo que está haciendo su funcionario, que incluso colisiona con los planes del Ministerio de Obras Públicas del gobierno provincial. “Nos mandan una resolución del ingeniero Boyeras que depende directamente del gobierno, y esto tendría que estar firmado por la gobernadora, para que sea una resolución de peso. Realmente no sabemos si la gobernadora está al tanto de esto”, planteó.
Asimismo, advirtió que de trasladarse los 60 kilómetros que les están exigiendo, “vamos a estar estropeando una ruta. Está el puente de Río Chico, que no es un gran puente. Hacia la Margen Sur tenemos otro puente congestionado. Imaginen siete bateas yendo y viniendo. Estropeamos el puente, el asfalto y el medio ambiente con la combustión de los camiones”.
Otro efecto colateral serán los costos, porque “tan sólo de flete se triplicaría el costo”.
El ingeniero Loncon recordó palabras de Abel Cóccaro respecto de obras nacionales cuyos precios no se pueden redeterminar, y ya están adjudicadas. “La determinación de precios se hace cada semestre. Si no aumenta el material en Nación acá no se puede aumentar. Nosotros lo vamos a trasladar al precio y lamentablemente en este caso particular son las empresas las que tendrán que sostener el impacto”, adelantó.
“No sabemos si el estado provincial no lo vio, si fue una decisión tomada por un Secretario. En Ushuaia hicieron exactamente lo mismo y hoy el hormigón sale un 35% más caro que acá, porque el costo de flete se trasladó al consumidor final. Esa es la realidad que vive el vecino de Ushuaia”, sentenció.

Nuevo encuentro

Como resultado de la reunión de ayer y el rechazo a la propuesta de prórroga, con traslado incluido, se agendó un nuevo encuentro para el 9 de septiembre. Para esa fecha “tenemos que llevar por escrito lo que nos piden sobre estos campos”, dijo Carrillo de la propuesta de compra.
“Mientras tanto ellos dijeron que empecemos a trabajar. Quieren que empecemos a trabajar y entreguemos material, porque el gobierno tiene obras para ser entregadas. Pero nosotros en 120 días le damos la oportunidad a otros para que se armen. Aseguran ellos que nos agilizarían muchísimo los papeles para que vayamos a otro lugar. Pero un impacto ambiental en otro lugar no sale en treinta días. Yo les sugerí que ellos hagan una expropiación, pero quieren que compremos”, aseveró.
También Boyeras habría sugerido a los canteristas que tomen la iniciativa de plantear la expropiación ante la Legislatura, porque “ellos dicen que no lo pueden hacer rápido. Nos pidieron que lo hagamos nosotros ante la Legislatura”, reveló.
“Ahí fue donde dijimos que no firmábamos lo que querían que firmáramos, que era el plazo de 120 días para el traslado a las nuevas parcelas”, explicó Carrillo.
De parte de la empresa de Loncon, se prepara con abogados de la firma y un ingeniero ambiental, un plan de manejo que permita seguir explotando la misma zona.
El profesional aseguró que no hay riesgo de que el mar tape la ruta, como sostuvo Boyeras, y fue crítico de su capacidad para hacer tales afirmaciones: “Yo no puedo tener una conversación técnica con gente que no entiende conceptos básicos. Son personas que no están capacitadas para ocupar ese lugar y están tomando decisiones que no concuerdan con el lugar que ocupan”, fustigó.
“Nosotros vamos a proponer un plan de manejo, porque el informe que presentaron es una risa. Prefiero que nos juntemos los profesionales y presentar el plan de manejo y cómo vamos a trabajar, algo que tendría que haber hecho el estado, porque el informe de ellos es muy escueto, no es un informe técnico y es un informe sin firma”, concluyó.