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Digámoslo en la primera oración: el debate sobre la industria fueguina no existe.

En verdad, y para tratar de ser más precisos, podríamos decir que la “industria nacional” no es una temática que en la actualidad ocupe la “agenda de los medios” y, por lo tanto, no tiene difusión. Es decir, la mayoría de nuestra sociedad desconoce los conceptos mínimos para entender de qué se trata. Desde luego, esta misma afirmación resulta aplicable a varias cuestiones nacionales y también a la “industria fueguina”.

Por estos días los fueguinos hemos sufrido un nuevo ataque histérico y culpabilizante, ya que se nos acusó (otra vez) de “inútiles ensambladores subsidiados”. En esta oportunidad la agresión fue propinada nada menos que por nuestro inefable presidente, y la mismísima Gobernadora de Tierra del Fuego ya le respondió con durísimos términos, y esos dichos no requieren mayores comentarios de nuestra parte.

Pero sí vamos a decir (otra vez) que la constante cantinela descalificadora de “ensambladores subsidiados de baja calidad” que pretende humillarnos, contiene (como siempre) las TRES  ENORMES FALACIAS, que sistemáticamente son “repetidas con irreflexiva naturalidad”, como ya señalara el Secretario de Extensión de nuestra Facultad Fabio Seleme, y que a continuación se recuerdan brevemente:

Falacia 1: desmantelar el polo industrial de Tierra del Fuego significa un ahorro para el fisco ya que se dejaría de subsidiar a las empresas electrónicas para que importen los insumos.

FALSO, porque si se dejan de fabricar los productos habrá que importarlos ya fabricados y eso implica un costo en dólares por parte del Estado nacional. Es decir que los dólares que hoy se ocupan en importar insumos se aplicarán para importar productos terminados (ensamblados en otros países). Se trataría sencillamente de una transferencia millonaria desde el sector industrial nacional al sector comercial importador.

Falacia 2: es más económico importar el producto terminado que importar los insumos para manufacturar productos en Tierra del Fuego.

FALSO, porque la industria fueguina NO es una actividad de mero ensamble, con baja calidad y nulo agregado de valor. La producción industrial actual, en cualquier parte del mundo es un proceso productivo con dependencia de otros mercados (se llama globalización) y los estándares para los productos son los mismos, en cualquier lugar que ellos sea producidos (manufacturados o ensamblados). Además, un proceso productivo se valora económicamente incluyendo, además de la materia prima, el conocimiento tecnológico, el recurso humano y los servicios que directa o indirectamente forman parte del valor incorporado al producto manufacturado o ensamblado.

Falacia 3: se suma, dentro del costo fiscal de la industria fueguina, las exenciones impositivas de las que gozan las empresas amparadas por la ley 19.640, como si fueran pagos efectivos que realiza el Gobierno Nacional y no impuestos a recaudar.

FALSO, porque si se desmantela el Área Aduanera Especial de nuestra provincia el Estado dejará de recaudar los impuestos provenientes de la actividad industrial fueguina. “Lejos de reducirse el déficit fiscal, éste podría incrementarse, ya que el Estado en vez de cobrar una parte de los impuestos y cargas sociales pasaría a recaudar… nada. Y además, debería suministrar los dólares que igualmente serán necesarios para comprar en mercados externos los productos terminados.” Doble pérdida monetaria, total pérdida social.

En una reciente entrevista radial, Hugo Schneider, docente de nuestra universidad, nos recordaba que los humanos no podemos escapar a nuestra condición de “sujetos que viven un presente continuo, sin raíces, sin historia previa” y también remarcaba que, en los diferentes momentos históricos de nuestra patria, las políticas públicas definidas y establecidas para el desarrollo de las actividades industriales estuvieron signadas por la tensión entre dos bandos bien diferenciados.

En un bando se alistan aquellos compatriotas que sostuvieron (y sostienen) que es posible incorporar trabajo (tecnología y mano de obra) para transformar las materias primas con que cuenta nuestro país.

El otro bando está formado por los compatriotas (?) que sostuvieron (y sostienen) que los argentinos sólo tenemos capacidad para proveer materias primas al mundo y estamos destinados a consumir los productos elaborados (industrializados, manufacturados o ensamblados) en otras latitudes, pero nunca a producirlos (industrializarlos, manufacturarlos o ensamblarlos).

Representantes de ambos bandos puede identificarse a lo largo de nuestra historia. Así por ejemplo, mientras Manuel Belgrano opinaba que además de vender el cuero también debíamos ocuparnos de fabricar, consumir internamente y exportar zapatos, del otro lado de la grieta Norberto de la Riestra sostenía que los zapateros argentos nunca podrían igualar la calidad del calzado importado.

Desde luego que hoy continúa abierto el debate acerca de cual debiera ser el Modelo de desarrollo industrial y tecnológico que los argentinos necesitamos para mejorar la producción nacional.

Lo que está fuera de discusión es que sin políticas industriales y tecnológicas pensadas, definidas y establecidas desde el Estado para beneficiar a las amplias mayorías, el sostenimiento de nuestra propia vida resulta inviable (para decirlo sin ambigüedades).

Por ejemplo, el Dr. Eduardo Dvorkin señala tres posibles acciones, para disparar el necesario debate:

1. Delegar el desarrollo tecnológico en empresas multinacionales para que aporten su tecnología reforzando nuestra dependencia tecnológica.

2. Delegar el desarrollo tecnológico en asociaciones entre empresas nacionales (públicas o privadas) con multinacionales.

3. Basarse en el desarrollo autónomo de tecnología por parte del complejo conformado por empresas estatales, pymes nacionales y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Es necesario que la sociedad debata y decida, ya que si bien la industria fueguina contiene elementos característicos que la ubicarían dentro de la primera opción, eso no implica que haya que denostarla y mucho menos desechar la enorme inversión social realizada hasta ahora por todos nosotros. O tal vez habría que pensar más bien en impulsar las acciones que permitan orientarnos a poner en práctica la tercera opción. Pero sin dudas, el próximo gobierno nacional y popular deberá desandar el camino de reprimarización económica que hoy transitamos con Cambiemos. Habrá que aumentar el valor agregado de la producción argentina y simultáneamente aumentar la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.