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El presidente de la Cámara maderera de la provincia (CAFUFAMA) e integrante de la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA), se reunió con la Unión Industrial Argentina para elevar al Gobierno nacional una serie de propuestas, con el fin de aliviar la carga a las PYMEs. Van desde la suspensión de embargos de AFIP por 180 días, a la eliminación del SIPER, que califica el riesgo de cada contribuyente y lo condiciona para acceder a plazos de pago más extendidos y con menor tasa. También reclamó la suspensión de la resolución de AFIP por la cual quienes son deudores del fisco no pueden acceder a créditos bancarios. Otros puntos incluyen flexibilizar requisitos para presentar procedimientos preventivos de crisis y concursos de quiebra.

Río Grande.- El presidente de CAFUFAMA, la cámara fueguina de la madera, Contador Ramón Gallardo, informó por Radio Universidad 93.5 sobre las gestiones realizadas en la reunión que mantuvo con la Unión Industrial Argentina, en representación de FAIMA, la Federación Argentina de la Industria Maderera. El fin es aliviar la carga a las pymes en el contexto de crisis nacional y aspira a que tenga alcance a todo el país.

“Yo integro la mesa directiva de la Federación Argentina de la Industria Maderera –FAIMA-, y en este caso fui en representación de la federación a la reunión con la Unión Industrial Argentina. Hay un sector donde se presentan varios proyectos y están en relación directa con el gobierno para modificar ciertas cosas relacionadas con las PYMEs”, explicó.

El presidente de CAFUFAMA, la cámara fueguina de la madera, Contador Ramón Gallardo, informó por Radio Universidad 93.5 sobre las gestiones realizadas en la reunión que mantuvo con la Unión Industrial Argentina, en representación de FAIMA, la Federación Argentina de la Industria Maderera.

“Estuvo presente el Director Nacional de PYMEs con su equipo y las cámaras presentamos propuestas para que sean discutidas con el gobierno. Estas propuestas buscan aliviar la crisis terminal que está viviendo la pequeña y mediana empresa a nivel nacional”, manifestó.

Aclaró que las medidas son del orden “nacional más que provincial y los proyectos que presentamos tienen alcance sobre las PYMEs de todo el país. En esta oportunidad hablamos de los procedimientos preventivos de crisis, que se presentan cuando las empresas tienen serias dificultades ante el Ministerio de Trabajo, y les permite acordar ciertas medidas con los sindicatos para evitar los despidos. Uno de los requisitos que se pide y hemos reclamado que se suspenda o que se modifique, es la presentación de los tres últimos balances y que den pérdida. Directamente si una PYME tiene pérdida en los últimos tres años, ya no existe”, subrayó.

“Hemos pedido una normativa que modifique esta exigencia y que las empresas puedan presentar el preventivo de crisis sin tener tantos requisitos. Nos basamos en que no existe una normativa que exija tres años de balance negativo, porque no está en la ley sino que es consecuencia de la doctrina que existe. Una empresa puede ganar un año, otro puede perder, y por eso se piden los tres últimos balances, pero ante la situación de crisis en que están hoy las empresas eso se debería modificar”, señaló.

También se pidieron modificaciones a la ley de quiebras, “que prevé concursos para PYMEs. Hay un capítulo especial de la ley que prevé un procedimiento breve, no burocrático, que le dé una respuesta a las PYMEs para que puedan reestructurar sus pasivos en el corto plazo, y no que entren en un concurso general que le puede llevar años después para poder salir. Para que las empresas puedan presentarse, se pide un pasivo de 300 salarios mínimos, vital y móvil, y creemos que se tiene que sacar esa base, primero porque está desactualizada y queremos que se actualice. Uno de los beneficios cuando las empresas entran en concurso es la suspensión de los intereses de toda deuda fiscal o crediticia. Esta sería una buena herramienta para que las empresas tomen un poco de aire y puedan reestructurar sus pasivos, sin tener que cerrar sus puertas”, expuso.

Consideró “lamentable tener que estar hablando dentro de la UIA de paliativos a las PYMEs para que no bajen las persianas y se pierdan fuentes de trabajo”, pero la realidad impone medidas de emergencia, enfatizó.

Se mostró satisfecho con las medidas anunciadas por la gobernadora Bertone, que van en el mismo sentido, porque suspenden los embargos por 180 días, incluso los que están en ejecución, pero sólo dentro del ámbito de la AREF. Lo que se pretende es que se extienda a la AFIP también. “Esto es muy bueno en la provincia y a nivel nacional hemos pedido la suspensión de todo tipo de embargos por 180 días. También pedimos una moratoria que tiene que salir por el Congreso lamentablemente, y cambios al plan de pagos que se está dando, porque no están contemplados los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Ahora supuestamente estarían contemplados y esto iniciaría el 15 de mayo hasta el 31 de agosto”, dijo en base a los últimos anuncios del presidente.

Calificación de riesgo

Otro de los pedidos a la AFIP es “la suspensión del SIPER –sistema de perfil de riesgo-. Este es un scoring que la AFIP ha implementado y determina el perfil de riesgo de un contribuyente. Tiene una escala y el encuadre depende de incumplimientos de formalidades, como declaraciones juradas, o que se haya caído algún plan de pagos. Esta calificación penaliza al contribuyente y, si hay un plan de pagos de ocho cuotas, le pueden dar cuatro o cinco cuotas; y además de achicar el plan de pagos, aumenta la tasa de interés”, detalló.

“En esta situación en la que están las empresas, queremos que se suspenda este sistema para que las empresas no sean castigadas. Es una situación que las empresas no buscaron y están inmersas en un plan económico que hasta ahora no ha tenido en cuenta la faz productiva. Muchos de los sufrimientos que están padeciendo las pymes no es responsabilidad de ellas sino de una crisis que no sabemos cuándo va a terminar, y de medidas económicas que no han contemplado la faz productiva”, cuestionó.

Agregó otra petición, que es “la suspensión de la resolución 4128 del 2017 de la AFIP, para que las empresas puedan acceder a créditos bancarios aun teniendo deudas con AFIP. Esta resolución ha puesto en cabeza de las entidades financieras ser agentes de contralor de la AFIP, y son dos cosas totalmente distintas. Cuando las empresas quieren recurrir a un crédito, tienen este impedimento, porque los bancos son ‘alcahuetes’ de la AFIP y dicen que no pueden dar ese crédito porque hay deuda con AFIP. Por eso hemos pedido la suspensión de esa resolución y que se independice la deuda de la AFIP, que es un tema que debe arreglar el contribuyente con la entidad, pero que no debe ser un impedimento para acceder al crédito. Hoy existe este impedimento, encima que las tasas son altísimas”, manifestó.

“Tampoco es concebible el scoring que establece el SIPER, con el riesgo país que tenemos. Con este riesgo país pretenden que las empresas que están dentro estén en situación normal”, sentenció Gallardo.

Sin cupo y sin plan

Por otra parte se lo consultó sobre el anuncio del intendente Claudio Queno sobre la certificación a nivel nacional para la producción de viviendas de madera. “Todo lo que apoye a la construcción de viviendas de madera en combinación con otros materiales, nosotros lo acompañamos. Yo tengo el cargo de presidente de la comisión de viviendas de FAIMA, a nivel nacional, y lo que sucede es que pasa el tiempo y el poncho no aparece. Se aprobó otro proyecto más de los tantos que conocemos sobre casas de madera. En nuestra Cámara de la Madera de Tierra del Fuego, con Marcelo Motta, que es otro integrante, ya se hicieron viviendas de madera con certificado de aptitud técnica, donde está el IPV. Tenemos proyectos pero falta que aparezcan los fondos necesarios para que se use más la madera y se reactive el sector, que está bastante golpeado”, dijo.

Asimismo, lamentó la falta de acceso al cupo del 10% del plan nacional de viviendas, destinado a construcciones con madera, que acaparó Misiones sin que se lograra insertar la provincia de Tierra del Fuego. Cabe recordar que en septiembre de 2017 nación firmó un convenio por el cual el Estado Nacional impulsaría un plan para construir entre 80 mil y 100 mil viviendas sociales por año, de las cuales el 10% por ciento serían con madera. “Cuando se firmó a nivel nacional yo fui el que puse el gancho como presidente de la comisión de viviendas de FAIMA.

Era el 10% como mínimo de todos los fondos que destina nación, para hacer viviendas con integración de madera. También suscribió esto la provincia de Tierra del Fuego pero no se le dio utilidad a eso, y Misiones sí lo hizo. Pero ese presupuesto ya no está”, advirtió Gallardo.
“Misiones ya tiene un ciclo donde las viviendas las hacen ellos mismos con sus propios fondos. Tienen una especie de IPV y, de la venta de las mismas viviendas, pagan el personal y generan sus propios recursos. Inclusive ahora se instala una fábrica muy importante para hacer viviendas a nivel nacional, con una inversión de dos millones de dólares”, concluyó.