Histórico fallo en la provincia de Tierra del Fuego El “Clan Morales” fue condenado a 7 años de prisión por el delito de trata de personas

Ayer por la tarde el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Ushuaia, dio lectura al veredicto contra los seis imputados en la causa por trata de personas del local nocturno Black and White. El principal implicado, Víctor Morales, recibió una pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que los restantes integrantes de su familia, fueron condenados a 5 años. Solo un joven recibió una pena de 3 años y medio de prisión en suspenso. A todos los condenados se aplicaron multas que van desde los 90 mil pesos a los 125 mil. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 29 de septiembre a las 15 horas.

Víctor (foto) jefe del clan Morales, fue condenado a una pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, al ser considerado penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación.

25-09-2015 Ushuaia.- Víctor Morales, principal imputado en la causa por trata de personas del local Black and White, donde se rescataron a 16 mujeres víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual, fue condenado a una pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y además, el Tribunal Oral Federal dispuso que continúe con prisión preventiva. Se dispuso también, aplicar una multa de 125 mil pesos.
El fallo dado a conocer en la jornada de ayer, además comprendió las condenas de 5 años de prisión para Cristina Ramírez, Daniela Morales, Jorgelina Ledesma y María Cristina Ledesma, en todos los casos las penas son de cumplimiento efectivo, sin embargo continuarán en carácter de excarcelados.
El único caso que recibió una pena más leve, fue Mauro Ledesma Morales quien recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso, al considerarlo penalmente responsable del delito de partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Todos los imputados recibieron además de la pena de prisión, multas, que van desde los 90 mil a los 125 mil pesos.
Asimismo, todos los condenados excarcelados deberán presentarse ante el Tribunal Oral Federal, cada 15 días, a la vez que también tendrán que cumplir otras normas de conducta impuestas, como ser fijar domicilio en la provincia y abstenerse del abuso de sustancias psicotrópicas.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer en su totalidad, el próximo 29 de septiembre a las 15 horas.

Origen de la causa

El 20 de marzo de 2010 una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. La Fiscalía estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.
Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en Protex información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del día 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría a cargo de Marcelo Colombo dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.
Cuando Protex advirtió que ambas causas podían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso. De esta manera, se estableció que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.
A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Finalmente, el 27 de abril de 2012 se realizaron los cinco allanamientos.

Funcionamiento de la banda

Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo, ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia. Las víctimas residirían en otro domicilio por el cual los imputados les descontaban $300 mensuales en concepto de alquiler.
El prostíbulo habría funcionado todos los días desde las 00:00 hasta las 6:00, aproximadamente. Contaba con dos habitaciones destinadas a la realización de los denominados “pases”, por un valor entre $600 y $800 del cual percibirían entre un 60 y un 70 por ciento del total ya que el resto se lo apropiaban los imputados.
Por otro lado, la banda había implementado un sistema de multas por supuestas “infracciones” cometidas por parte de las víctimas tales como llegar tarde, no limpiar la casa o excederse del tiempo correspondiente en los “pases”. Todas las penalizaciones rondaban los $300.
Las víctimas poseían libretas sanitarias y se realizaban análisis y controles ginecológicos a pedido del líder de la banda en un lugar que él mismo “recomendaba” y por los cuales se les cobraba $400. Como muchas de ellas no contaban con ese dinero, se traducía como “deuda”. Además, las víctimas debían concurrir a la comisaría de la zona para realizar un trámite que las mujeres definieron como “antecedentes” o “buena conducta”. Allí, les tomarían las huellas digitales y se consignaban los datos en un registro.