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El director ejecutivo de la AREF disertó en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario realizado en la capital fueguina y planteó la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Cuestionó las medidas que se tomaron desde la gestión Macri para bajar la presión impositiva, sin tener en cuenta la situación de las jurisdicciones y el impacto que provocan. Recordó que ya el consenso fiscal quitó recursos a las administraciones, que terminan dependiendo de la ayuda del estado nacional para ejecutar sus presupuestos.

Río Grande.- El director ejecutivo de la AREF Arturo Capellano, integrante del Comité Organizador del Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario, reclamó esta semana la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal para evitar el “ahogo” financiero de las provincias ante la aplicación de la reforma tributaria y del consenso fiscal, que le quitó recursos a esas administraciones y ahora dependen de la ayuda del Estado nacional.

El Congreso se realizó en Ushuaia y allí el funcionario fue entrevistado por BAE Negocios. Por FM La Isla se le consultó sobre este planteo, en un contexto complejo del país. “Yo fui uno de los expositores en el Congreso, donde se habló de los principios constitucionales que deberían respetarse al momento de dictar ciertos decretos presidenciales y no violar la ley de coparticipación. Yo hablé del consenso fiscal, la reforma tributaria y di mi opinión, porque las provincias asumieron resignar recursos propios y se debería haber hecho un análisis de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, para ver cómo iban a quedar financiadas las jurisdicciones a raíz de este sacrificio que iban a hacer; y luego dictar una nueva ley de coparticipación”, dijo.

El director ejecutivo de la AREF Arturo Capellano, integrante del Comité Organizador del Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario, reclamó esta semana la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal para evitar el “ahogo” financiero de las provincias.

“Luego de dos años de la entrada en vigencia de la reforma tributaria y de la aplicación del consenso fiscal, hay un contexto diferente con la crisis económica que se fue viviendo. Primero hay que hacer un análisis sobre el financiamiento de cada una de las jurisdicciones y luego, quienes tenga la competencia, pensar en una nueva ley de coparticipación o no”, planteó.

“Nuestra provincia ha hecho un sacrificio enorme, respetando ese consenso fiscal, con el objetivo principal que tenía, que era bajar la presión fiscal. La Pampa y San Luis no adhirieron al consenso fiscal y, si queremos buscar el federalismo fiscal, debemos actuar con seriedad en lo que respecta a este tipo de decisiones, porque hay jurisdicciones que están mejor que otras. Las que están realmente mal no llegan a cubrir los gastos y su presupuesto, y tienen que ir a nación a pedir recursos extraordinarios para poder seguir funcionando”, sostuvo.

“Cuando nos encontramos en una situación de este tipo, se debería hacer un análisis previo de cómo están las jurisdicciones y si es necesaria una nueva ley de coparticipación federal. Creo que lo amerita en virtud del contexto que estamos viviendo”, ratificó.

Recordó que “la ley determina los porcentajes que van a llevar las jurisdicciones por cada uno de los impuestos. La ley de coparticipación ha ido evolucionando a lo largo de los años. En un momento se medía por la cantidad de habitantes, en otro momento por la superficie de la provincia. Fueron cambiando los parámetros para determinar el porcentaje que le corresponde a cada una. Cuando se toman decisiones hay que tener cuidado. Hace poco salió un decreto presidencial que ponía tasa cero al IVA, que es coparticipable. Esto tuvo un impacto inmediato en la coparticipación y de hecho la Corte lo declaró inconstitucional y obligó a la nación a devolver los recursos que se habían descontado, pero siempre terminamos con acuerdos políticos por encima de los principios constitucionales”, cuestionó.

“Ya la ley establece qué tipo de decretos puede sacar o no el presidente de la nación y con estas decisiones se está jugando con los recursos de las provincias, que no es poca cosa, en el contexto nacional y provincial que estamos viviendo”, expresó.

Se le preguntó si sería conveniente bajar impuestos en la nueva gestión: “Sinceramente no sé si hay un buen contexto como para decir que vamos a bajar los impuestos. En 2017 con la reforma tributaria, en el impuesto a las ganancias a las sociedades se estableció que a partir de 2020 la alícuota del impuesto va a ser del 25%, pero se va a gravar la distribución de dividendos para sus socios con un 13%, una situación que antes no existía. En este momento uno de los beneficios que se dio para el estímulo a las sociedades fue ese y sinceramente lo veo muy difícil, porque el estado tiene que seguir funcionando en cada una de las jurisdicciones y tienen presupuestos que cumplir”, indicó.

Cumplimiento de pago de impuestos

Respecto de cómo está el cumplimiento de pago, aclaró que “no tiene conocimiento del grado de morosidad a nivel nacional, pero tengo entendido que la AFIP ha sacado determinados planes de pago en estos últimos meses antes de las elecciones para los contribuyentes que venían complicados con el cumplimiento de las obligaciones, de manera que pudieran regularizar la situación. Considero que es necesario determinar ciertas herramientas, como estos planes de pago, para que los contribuyentes puedan cumplir, ante la crisis que estamos viviendo, porque lo primero que se deja de pagar son los impuestos”.

Respecto de si hay algún riesgo de que se modifique el status de Tierra del Fuego y pueda tener que pagar IVA y Ganancias, con el cambio de gobierno, consideró que “no es una decisión fácil que pueda llegar a tomar el estado nacional, y no es algo que pueda suceder ni en el corto ni en el mediano plazo. Sin estos beneficios fiscales, el esquema de costos de una empresa o el esquema de utilidad que le deja a un negocio, cambia totalmente, con lo cual se violaría también un pacto social, más que quitar beneficios impositivos”, alertó.

Cómo queda la AREF

Finalmente dio un panorama de la situación de la agencia, y destacó que se ha trabajado mucho “con la informatización y la facilidad para que el contribuyente pueda cumplir con los impuestos. Hoy se pueden presentar las declaraciones juradas vía web, se puede pagar a través de una plataforma digital. La verdad es que hemos puesto mucho énfasis en facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias al contribuyente. Todavía quedan cosas por hacer, por ejemplo, estamos viendo la alternativa de incorporar otro canal de pago. La AREF tiene que seguir con esto, buscar objetivos y facilitarle la vida al contribuyente para que pueda cumplir”.

“También la AREF tiene que continuar trabajando sobre sus recursos humanos. Nosotros hemos dictado capacitaciones, hemos traído la maestría de derecho tributario de la Universidad Austral y hay 15 agentes que la están cursando. Hubo mucha capacitación en estos cuatro años, porque el trabajo que hacemos los técnicos está en constante actualización. Constantemente es necesario que todos los empleados de la agencia cuenten con capacitaciones para brindar la mejor asistencia al ciudadano que viene a pagar sus impuestos”, dijo.

“Desde el comienzo de la gestión tenemos un plan de pago permanente de 24 cuotas iguales y consecutivas, con el 1,96% de interés mensual. Es un plan de pagos muy accesible y el más barato del país. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros a recaudar los tributos y al contribuyente a poder cumplir. Todos sabemos que desde hace tres años estamos viviendo una situación económica muy complicada, tanto a nivel nacional como provincial, y son necesarias estas herramientas. A lo largo de la gestión la Legislatura ha sancionado dos moratorias con condonación de intereses. Son herramientas que se ponen a disposición de los contribuyentes para que puedan cumplir”, concluyó.