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El 85% de la recaudación de los tributos surgidos de la ley de emergencia quedará en manos de la Nación, según estudios privados; los gobernadores quieren que se coparticipen.

Córdoba.- Los gobernadores se muestran disciplinados antes las medidas instrumentadas por la Nación pese a que el reparto de los nuevos impuestos o de los incrementos de los ya existentes favorecen a la administración central. Las proyecciones privadas apuntan que por el ajuste aprobado por el Congreso en el marco de la ley de emergencia se recaudarán unos $860.000 millones más, de los cuales un 85% quedará en manos de la Nación ya que las dos principales cargas (actualización de retenciones y recargo del 30% a las monedas extranjeras) no son coparticipables.

Los gobernadores se muestran disciplinados antes las medidas instrumentadas por la Nación pese a que el reparto de los nuevos impuestos o de los incrementos de los ya existentes favorecen a la administración central.

La Nación consultó a fuentes de diferentes provincias y colores políticos, y todas coincidieron en que esperan que haya «compensaciones» por parte de la Nación y que eso ya le fue planteado al presidente Alberto Fernández durante la reunión que mantuvieron para acordar el cese por un año (con opción a otros dos más) del pacto fiscal.

Si bien los ingresos extras esperados este año son casi $950.000 millones, unos $90.000 millones se resignarán por menos recursos de Ganancias por efecto de las retenciones, la eliminación de la Renta Financiera a los plazos fijos en pesos y la devolución del IVA a los sectores más vulnerables.

Las «compensaciones» a las que se refieren los gobernadores tienen dos ejes: continuidad de las transferencias a los sistemas previsionales no transferidos (13 provincias están en esa condición y este año, en total serán unos $20.000 millones los que deben recibir) y reorganización del sistema de subsidios para el transporte. Este año fueron las provincias las que debieron hacerse cargo con ingresos propios y con lo que recibieron de un fondo creado por ley.

En las últimas semanas, en Tucumán y Corrientes se autorizaron subas de 25% y 50% respectivamente en el boleto del transporte urbano. En Córdoba, los empresarios piden una tarifa de $42 (un alza de $10). Desde la Nación buscarán una forma de contener los incrementos, pero solo se puede hacer con más subsidios y el problema es la restricción presupuestaria.

Por la suspensión de la rebaja de Ingresos Brutos y Sellos en 2020 las provincias se garantizarían no perder unos $60.000 millones, claro que el peso varía en cada administración. Las más grandes -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza- son las menos dependientes de los fondos nacionales.

Otro frente abierto es el de las tarifas eléctricas. El congelamiento, que continuará 180 días más, no alcanza a los usuarios de las provincias que ven cómo sus facturas se incrementan: se abrirá un debate respecto a si habrá subsidios nacionales para todos.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, por ejemplo, reclama que la Nación le devuelva «lo que (Mauricio) Macri nos debía; necesitamos un Gobierno que no nos discrimine».

En conversación con El Destape Radio indicó que comparten «la política nacional y lo hacemos en La Pampa también; estamos trabajando en la contención social y en apoyar a las Pymes». Insistió en que para «la segmentación hay que tener en cuenta la zona y productividad, la distancia del puerto, la cantidad de producción».

Lo que más beneficia a las provincias es el aumento de Bienes Personales, de cuya recaudación 60% va a los gobernadores. Se incrementaron las alícuotas en todos los niveles de activos alcanzados; la mínima se duplica y la máxima que era de 0,75% pasa a 1,25% y, además, la duplicación es aplicable a los activos en el exterior.

La recaudación total pasaría del 0,1% al 0,5% del PBI y la mejora fiscal de la Nación sería de alrededor del 0,2%, según estimó la consultora Quantum Finanzas, de Daniel Marx.

En el caso de retenciones con la actualización que ya se decidió (sin aplicar los tres puntos extras que podría aumentar el Ejecutivo), las grandes perdedoras fueron las provincias. Resignarían unos $40.000 millones por el impacto negativo en Ganancias (las retenciones no se distribuyen pero golpean esa recaudación). La Nación, en cambio, dejaría de percibir por ese lado unos $25.000 millones pero suma $221.000 millones por el alza.

El impuesto del 30% al turismo en el extranjero, compra de divisas y pagos en moneda extranjera no se distribuye con las provincias. Significaría unos $350.000 millones extras que quedan para Nación (70% va a Anses y el resto a fondos especiales). También el freno a la reducción de aportes patronales queda en el Tesoro Nacional, $95.000 millones.

En Ganancias, la suspensión de la rebaja de alícuota prevista (de 30% al 25%) y la limitación a la aplicación del ajuste por inflación redunda en $96.000 millones más para provincias y $61.500 millones para Nación. La suba de impuestos a 0Km de alta gama se reparte entre las dos jurisdicciones.