Los establecimientos educativos de gestión privada decidieron reiterar el pedido formal realizado en enero al Ministerio de Educación, para que el gobierno asigne los fondos correspondientes a fin de pagar el bono a sus docentes. El apoderado de la FUNDATEC, Carlos Cabral, remarcó la vigencia de la ley provincial de educación privada, que establece la misma remuneración que perciben los docentes estatales, incluido el bono liquidado a fines de 2019. Hay alrededor de 40 establecimientos afectados en toda la provincia, y entre 1.800 y 2.000 docentes, que siguen a la espera de una respuesta. Hasta ahora no fueron atendidos.
Río Grande.- Carlos Alberto Cabral, uno de los apoderados de la FUNDATEC, que es titular de varios establecimientos públicos de gestión privada, dio a conocer las gestiones que vienen realizando para poder hacerse de los fondos necesarios para liquidar el bono que recibieron los docentes estatales a los trabajadores de su sector.
En el caso de la FUNDATEC, tiene a su cargo el CIERG –nivel secundario-, EADEB–nivel primario- y el jardín Rosarito Vera –nivel inicial- en Río Grande. “Son todos establecimientos de doble jornada, y en Ushuaia está el CIEU que también depende de FUNDATEC. Además integro con representantes de otros establecimientos una asociación de colegios públicos de gestión privada desde hace varios años”, indicó por Radio Universidad.
“La cantidad de alumnos a los que da respuesta el sector privado en toda la provincia es alrededor de 10 mil y hay entre 1.800 y 2.000 docentes. Un buen porcentaje también desarrolla actividades en el sector estatal”, señaló, siendo importante el volumen de trabajadores afectados.
Relató que en el mes de enero elevaron una nota a la Ministra de Educación, “en reclamo del bono que pagó la provincia a los docentes estatales, que también le corresponde a los privados. El 30 de diciembre el Ejecutivo provincial dictó el decreto 4597/19, que estableció una suma fija no remunerativa y no bonificable, denominada asignación extraordinaria, e incluye al escalafón docente. La ley 749 del año 2007, que es la ley de educación privada, regula la relación entre los establecimientos de gestión privada y el estado provincial. En el artículo 43 establece que la retribución mensual del personal debe ser idéntica a la que perciben los docentes estatales”, subrayó.
“Lo que establece el decreto 4597/19 ya lo tendrían que haber percibido los docentes que están en el ámbito privado. No lo han percibido porque, cuando se dictan los decretos, no se clarifica cuál es el criterio de cómo aplicarlo, para que rápidamente lo cobren los docentes del sector privado. Los distintos establecimientos de gestión privada, desde el mismo momento en que se dictó este decreto, hemos estado buscando la manera de comunicarnos con los funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, a los fines de lograr alguna reunión y establecer los criterios para la aplicación pronta de este decreto, y que el estado provincial incluya en el aporte financiero que reciben los establecimientos este bono, para que puedan contar con los recursos y hacer frente al pago de esta asignación extraordinaria”, dijo.
“Cuando salió el decreto, los docentes comenzaron a consultar y nosotros también comenzamos a ver cómo podíamos acordar rápidamente con el Estado provincial. Pasamos unos cuantos días de enero tratando de lograrlo y lo que terminamos decidiendo fue presentar una nota a la Ministra de Educación, que ingresó el 24 de enero. La pusimos en conocimiento de la necesidad prioritaria que tenemos de resolver esta cuestión”, sostuvo.
Sin respuesta
Pese a que la propuesta fue “reunirnos prontamente y antes del inicio del ciclo lectivo, no hemos tenido respuesta de parte de los funcionarios del Ministerio. Esto no es una cuestión de interpretación nuestra, sino lo que dice la ley 749”.
Aclaró la confusión generada con el bono nacional, dado que “hay una asignación que estableció el Ejecutivo nacional para todo el sector privado, independientemente del sector educativo, que no es de aplicación en el caso de Tierra del Fuego, porque los docentes de gestión privada siguen la retribución que establece la jurisdicción provincial, tal como lo dice la ley 749”.
Según la Ministra, se estaría esperando que el gobernador reglamente el decreto. Sobre este tema “tuvimos algún comentario, pero formalmente no tenemos absolutamente nada –señaló Cabral-. Nosotros participamos de una reunión el jueves 6 en la que citaron a los directores de los colegios secundarios, tanto estatales como privados en Tolhuin. Nosotros fuimos a acompañar a los directores para ver si podíamos lograr conversar con los funcionarios y resolver prontamente esta cuestión, pero no tuvimos posibilidad de lograrlo. Expusieron la línea de acción de su gestión y después se retiraron”, afirmó.
“El lunes nos reunimos en Río Grande y en Ushuaia los representantes de los colegios para ver cómo abordar esto y decidimos reiterar el pedido hecho por nota el 24 de enero, que seguramente estará ingresando el jueves al Ministerio. No hay mucho para discutir y solamente es cuestión de reunirnos y acordar los criterios para la aplicación del decreto. Eso no requiere de tanto tiempo. El Ejecutivo provincial debe tener prevista la asignación de los fondos, en el porcentaje que le corresponde a cada institución, para poder efectuar el pago”, manifestó.
“La experiencia con asignaciones similares a esta es que nos reuníamos con los funcionarios y establecíamos los criterios de aplicación, celebrábamos un acta acuerdo y a continuación generábamos todo el proceso de liquidación. También la ley 749 dice que los docentes de gestión privada deben percibir los fondos en el mismo momento que los docentes de gestión estatal. Quiere decir que el Estado provincial, al momento de dictar el decreto, tendría que haber previsto los fondos. Entre el 30 y 31 de diciembre terminó liquidando el bono a todos los docentes del estado provincial, y los docentes privados debieran haberlo percibido también”, planteó.
“En total somos alrededor de 40 establecimientos de gestión privada en la provincia. En alumnos, debe ser un 20% del total de la matrícula que tiene la provincia. Vamos a reiterar el pedido porque nos urge resolver la situación y esperamos respuestas. No entendemos por qué no la hemos tenido. La profesora Sandra Cruz es la directora provincial de educación de gestión privada, y se presentó el jueves. La ley establece que ella es la que representa al Estado y es el nexo entre el ministerio y nosotros”, observó, aunque no hubo respuesta a este pedido.
Consultado sobre los reclamos del gremio de docentes privados, dijo que “algunos representantes del SADOP han estado llamando a los establecimientos, justamente para ver qué previsión de pago tenemos. Nosotros les hemos explicado lo que nos está pasando y realmente esperamos que prontamente los representantes del Ejecutivo provincial nos convoquen para establecer el modo de aplicación del decreto, que ya tendría que haber estado definido”, concluyó.
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