La defensa de Víctor Morales, jefe del clan condenado por trata de personas en Tierra del Fuego, pidió prisión domiciliaria por padecer de diabetes; y el escándalo lo desató el servicio penitenciario provincial, que avaló la solicitud porque no puede brindarle atención médica por esa enfermedad. Desde la fiscalía federal se adelantó el rechazo y sugerirán que, si en Tierra del Fuego no garantizan condiciones mínimas de salud, se lo traslade a una prisión federal, como Ezeiza, Marcos Paz o Rawson. El fiscal García Lois planteó la “gravedad institucional” que surge de la postura del servicio penitenciario fueguino, porque habilita a la liberación de todos los detenidos, al no garantizar salud aun en patologías comunes.
La defensa de Víctor Morales ha pedido una detención domiciliaria argumentando cuestiones de salud”.
09-10-2015 Río Grande.– Luego de la condena al clan Morales en el primer juicio por trata en la provincia de Tierra del Fuego, el servicio penitenciario provincial desató un escándalo que tendrá ribetes nacionales, al asegurar que no puede contener a Víctor Morales por padecer de diabetes y, con ese argumento avaló el pedido de prisión domiciliaria que planteó la defensa del proxeneta, a cargo del Dr. Raúl Paderne.
El fiscal federal de la causa Black & White, el Dr. Adrián García Lois, expuso por Radio Nacional Ushuaia la “gravedad institucional” que implica la postura del servicio penitenciario del gobierno de Ríos, y que habilitaría a todos los privados de la libertad a pedir la prisión domiciliaria, dado que no tienen garantías de un mínimo de atención para patologías comunes.
“La fiscalía está con mucha preocupación porque hemos tomado conocimiento de que la defensa del señor Víctor Morales ha pedido una detención domiciliaria argumentando cuestiones de salud”, explicó ayer el fiscal García Lois.
Relató que Morales “fue recientemente operado y le colocaron un stent”, un procedimiento común que no impide incluso trabajar, como ocurre con reconocidas figuras nacionales en la misma situación.
Expuso que el código prevé la prisión domiciliaria “solamente para personas mayores de 70 años o con una enfermedad terminal. El señor Morales lo único que tiene es una diabetes, así que nosotros dictaminamos que no corresponde otorgarla”.
“Lo que nos preocupa es la gravedad institucional para Tierra del Fuego, porque se pidió un informe al Servicio Penitenciario de la provincia y los dos directores manifestaron que no estaban en condiciones de poder alojar una persona en estas condiciones”, reveló.
Concretamente, sostuvo que “el Servicio Penitenciario provincial dice que no puede alojar a una persona que tiene una mínima afección como es la diabetes” y que “se expidieron en un escrito de media carilla donde sostienen que no pueden mantener una persona detenida y brindarle la atención adecuada para esta mínima dolencia”.
“Esto me deja muy preocupado, porque tenemos detenidos en el servicio penitenciario que no estarían recibiendo una atención adecuada dentro del establecimiento”, barajó, dado que la diabetes se puede controlar sin problemas y permite desarrollar una vida normal.
Ni dieta ni ejercicio
García Lois indicó que Morales requiere “simplemente una dieta especial, recibir medicación y realizar actividad física; pero el servicio penitenciario dice que no pueden dárselo, cuando la mayoría de las personas que están encerradas tiene algún tipo de patología por la misma consternación que produce el encierro”, planteó.
“Por una patología mínima como la del señor Morales no pueden mantenerlo detenido y asegurar el resguardo físico, y dicen que correría riesgo por estar detenido en ese lugar. Esto quiere decir que todos los detenidos de Tierra del Fuego tienen una situación de riesgo físico”, remarcó.
El servicio penitenciario estaría abriendo la puerta, literalmente, a todos los presos: “Habría que ver la situación de todos los detenidos y eventualmente presentar habeas corpus, porque el mismo servicio está diciendo que no pude garantizar la salud”, observó el fiscal.
Invitado a Ezeiza
Consultado sobre los pasos a seguir, indicó que “hay un escueto informe que hace un médico de parte, y planteamos que tiene que ser revisado por otros médicos. Es muy poco fidedigno basarse simplemente en un informe de parte, para otorgar una libertad o una detención domiciliaria, que es similar”.
“El informe tiene que hacerse ampliamente, con médicos forenses, y nos deben permitir presentar un perito oficial y que podamos tener un perito de parte y puntos de pericia. No nos conformamos con el argumento que presentó la defensa”, remarcó.
Además, dijo que sugerirá que, ya que el servicio penitenciario local no puede dar garantías, se lo traslade a una cárcel federal donde sí puede recibir la atención médica correspondiente. “Si el servicio penitenciario de la provincia no puede garantizar el mínimo cuidado de salud e integridad psicofísica de un detenido, que se lo aloje en una unidad del servicio penitenciario federal, tanto en la cárcel de Ezeiza como en Marcos Paz o en Rawson. El servicio penitenciario federal en Ezeiza tiene un hospital que le podrá suministrar la atención”, aseguró García Lois.
Reiteró su preocupación por la postura del servicio de Tierra del Fuego, que “no puede brindar contención y cuidado para una patología de mínima gravedad” y, sin querer avanzar en la discrecionalidad que pudo haber tenido este pronunciamiento, instó a que cualquier “defensor oficial, juez de la provincia o fiscal presente un hábeas corpus para todos, porque una persona con una mínima enfermedad como la diabetes no puede ser atendida en la provincia” y en consecuencia todos estarían en riesgo, dado que hay presos con enfermedades más serias todavía.
¿A medida?
El fiscal sentenció que el informe “es muy grave” y deslizó alguna suspicacia porque “es muy escueto lo que se hizo”.
“Me parece de una gravedad institucional terrible que no se pueda garantizar lo mínimo en una unidad carcelaria. Nosotros lo vamos a impugnar, primero porque no lo fundamentan médicamente y porque me parece muy grave que no puedan darle una mínima actividad aeróbica, cuando no existe ninguna cárcel que no tenga una posibilidad de recreación para cualquier detenido. Si no, se viola todo tipo de tratados internacionales contra la tortura y los regímenes de encarcelamiento en Ushuaia”, advirtió.
“Un lugar carcelario que no puede prestar eso a ningún detenido, está violando todas las normativas sobre las condiciones mínimas de detención”, acusó.
“Realmente me sorprendió muchísimo y la postura nuestra es de llevar a Morales a una cárcel federal, que pueda atender esta mínima dolencia que tiene”, concluyó el fiscal.
El fiscal federal de la causa Black & White, el Dr. Adrián García Lois, expuso la “gravedad institucional” que implica la postura del servicio penitenciario del gobierno de Ríos, y que habilitaría a todos los privados de la libertad a pedir la prisión domiciliaria, dado que no tienen garantías de un mínimo de atención para patologías comunes.
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