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Uno representó al MPF y otro al PJ. Ambos coinciden en la necesidad de reformas y cuestionan los institutos que se crearon con un espíritu que fue desvirtuado en la aplicación. Carlos Pérez planteó el sistema de tachas, y Mario Ferreyra apuntó contra “el poder paralelo del Tribunal de Cuentas”. Las dificultades que se presentan para el Poder Ejecutivo e incluso para instituciones privadas por la intervención necesaria de un ente de control con miembros no electos por el pueblo, a su criterio requiere de modificaciones. Por su parte Pérez planteó la necesidad de reglamentar e implementar institutos creados que no están funcionando.

Río Grande.- Los convencionales constituyentes (mc) Carlos Pérez, del MPF, y Mario Ferreyra, del PJ, hicieron su balance por Radio Universidad 93.5, tras cumplirse 29 años de la jura de la Constitución Provincial, con más objeciones que saldo a favor, que requieren de una actualización o reforma.

Carlos Pérez comenzó recordando “el famoso 11 a 8” en la conformación de la constituyente, pero destacó que más allá de la mayoría del MPF hubo espacio para el debate: “Cuando teníamos alguna discusión técnica, siempre decían que aplicábamos la mayoría, y es lo que hacen los partidos políticos en general cuando la población les da una mayoría, que en este caso era más que absoluta. Los prejuicios antes de iniciar se terminaron en la primera sesión, porque creían que íbamos a aprobar todo a libro cerrado sin dar lugar a la discusión, pero fuimos enriqueciendo el proyecto con la participación de todos los convencionales, con todo el condimento de la discusión política”, dijo.

“Ya pasaron 29 años y con algunas cosas del texto estoy de acuerdo y con otras tenía expectativas de que terminaran de otra manera. Hay muchos artículos que no están reglamentados, porque no se pudo o no se quiso. Habrá cosas que interesan a ciertos sectores y hay muchos aspectos que fueron reglamentados marginalmente, sin utilizar mucho el espíritu de la Constitución y de acuerdo a la conveniencia de algunos sectores. A veces, como ocurrió con el sistema de tachas, no estuvieron mal las leyes escritas sino los hombres que las utilizaron mal. Realmente pensé que iba a andar mejor de lo que anduvo, y terminaron anulando el sistema. El espíritu era que hubiera una participación más directa de la gente en los votos y pudieran expresarse sobre el orden que debían tener las listas de los partidos. Es cierto que los demás partidos políticos no estaban de acuerdo con eso y era una idea del MPF”, concedió.

Ferreyra resaltó que “la Constitución marca claramente la definición del territorio y la característica marítima que tiene Tierra del Fuego. Cuando comenzó la provincia había gente capacitada en temas marítimos, petroleros, en temas de la madera, en minería, pero todo esto se fue diluyendo y se dio lugar a otro tipo de cultura”.

“Los legisladores prostituyeron la Constitución al quitarle el espíritu al sistema de tachas, y hablo de nuestro partido. Hay muchos legisladores con nombre y apellido que se tienen que hacer cargo, y ningún abogado abrió la boca para decir que no era eso lo que decidimos en la Constitución. El MPF no tuvo nunca mayoría legislativa, en la Constituyente el sistema tuvo un espíritu, pero la mayoría de la Legislatura reglamentó la ley y subió el porcentaje para anular las tachas; y hablo de todos, incluido el nuestro”, sostuvo.

Para Mario Ferreyra “el sistema de tachas a la larga demostró que no promovía la calidad institucional para el gobierno de Tierra del Fuego, ya que despertaba las pasiones más mezquinas. No se elegía por virtudes sino que incluso se tachaba al que había ganado las internas en el partido. Esta incomodidad fue corregida con un poco de buen criterio de los legisladores, que elevaron el porcentaje de las tachas”, analizó.

Coincidió en que “alteraron el espíritu de la Constitución, que en muchos aspectos es reglamentarista y se comporta como una ley. Las elecciones se dirimen en general por una ley electoral, pero acá directamente está en la Constitución y me paree que hubo demasiado celo al poner este sistema que incomodaba a los partidos mayoritarios”.

El poder paralelo

El ingeniero Ferreyra se detuvo en una de “las muchas cosas que se ideó en la Constitución a propuesta del MPF, que fue el control previo del Tribunal de Cuentas. Fue crear un poder paralelo que no tenía la gimnasia ni la trayectoria de una institución que estuviera en marcha. Este poder paralelo anuló y enlenteció muchas decisiones del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Con el uso y costumbre se fueron acomodando un poco las exigencias pero aún persisten esas dificultades. Muchas instituciones que no pertenecen a la provincia tienen que esperar el dictamen del Tribunal de Cuentas para poder cobrar convenios con la provincia, que incluso tienen que ser previamente aprobados por este Tribunal. Es decir que la decisión política está sujeta a tres personas que no son electas, no han hecho campaña, no han jugado más que su prestigio profesional y tienen el derecho de juzgar previamente la decisión de la política”, cuestionó.

“Eso fue una especie de institución creada porque el MPF pensaba que no iba a ser gobierno provincial, pero fue electo y además por dos períodos. Yo me acuerdo los sufrimientos de Estabillo porque todo tenía que pasar por el Tribunal de Cuentas. Lo dice la Constitución y hay que respetarla”, indicó.

Carlos Pérez reconoció estos problemas que surgieron con el organismo: “Yo me peleé muchas veces con el Tribunal de Cuentas e incluso me sancionaron por tomar una decisión que consideraron que no era adecuada. El espíritu que tenía al momento de la redacción de la Constitución era que ninguno de los miembros perteneciera al partido gobernante, para controlar al gobierno de turno. Es cierto que nosotros no pensábamos que podían elegirnos, porque éramos un partido muy chico y no esperábamos que nos dieran el apoyo para gobernar, de manera que redactamos una Constitución para no estar en el gobierno y que el funcionario electo tuviera algún contralor. Pusimos varios artículos que implicaban la necesidad de someterse al escrutinio de otros partidos o tener mayorías agravadas para los empréstitos. Nunca me molestó la mayoría agravada, porque tenemos un tiempo perentorio en el ejercicio del cargo y tenemos que someternos a disposiciones que obliguen a consensuar. Yo tuve un trabajo ciclópeo para poder persuadir a otros legisladores sobre lo que pensábamos hacer con algún tipo de inversión. Había que convencer a 10 legisladores. No estoy en desacuerdo con esto y que tengan un cierto control de las instituciones. Incluso quisimos que el primer Fiscal de Estado fuera Luis Augsburger, porque era la abeja que siempre nos metía el aguijón en la espalda, y conocía muy bien el funcionamiento del Estado. Ese era el espíritu. En el Tribunal de Cuentas había uno del MPF, uno del PJ y otro de la UCR y se daban discusiones muy serias. En la Legislatura las discusiones eran duras para tener mayoría agravada y se metía mucho la política, porque se metían cosas chiquitas. Por pequeñas cosas nos peleábamos en la Legislatura y con el Tribunal de Cuentas, pero las cosas son para consensuar, no para el período que gobernamos”, expresó.

Recursos desaprovechados

Teniendo una Constitución que pone mucho énfasis en los recursos naturales, se les planteó el desaprovechamiento y ambos lo atribuyeron a las mismas mezquindades políticas e intereses económicos que han interferido a lo largo de los años. “Nosotros somos por Constitución soberanos en nuestros mares y en nuestros aires, pero como todavía hoy los gobiernos reciben una parte del impuesto por los puertos patagónicos, todo el mundo se calla la boca porque hay plata que viene sin tener que trabajar, pero no debe ser así. El mar pertenece a la provincia de Tierra del Fuego y tenemos que discutirlo en otros términos, también las regalías petroleras, los yacimientos off shore, el manejo del mar en la Antártida. Hay que pelear las jurisdicciones a la nación, que no regala nada. También hay que tener funcionarios con las cosas bien puestas”, sentenció Pérez.

“No tenemos una refinería y le vendemos materia prima a Chile para que produzca en la planta de Cerro Negro y exporte al mundo materias primas para la nafta Super y Premium. Somos unos giles, tenemos los recursos acá y se lo entregamos a los vecinos. No tiene perdón”, enfatizó el convencional constituyente Carlos Pérez.

Ferreyra resaltó que “la Constitución marca claramente la definición del territorio y la característica marítima que tiene Tierra del Fuego. Cuando comenzó la provincia había gente capacitada en temas marítimos, petroleros, en temas de la madera, en minería, pero todo esto se fue diluyendo y se dio lugar a otro tipo de cultura. Si bien se elegía el gobernador local, muchas veces en las áreas de asesoramiento había funcionarios de otras provincias. Una de las cosas pendientes es la creación de una empresa petrolera que produzca aunque sea en pequeños niveles. La industrialización del petróleo quedó pendiente desde que salí de YPF. Habíamos estudiado el proyecto que después se llamó HIFUSA en la universidad y lo pusimos a disposición del gobierno; pero empezó a venir gente de afuera a opinar y, en vez de negociar con la principal petrolera argentina que es YPF, se empezó a hablar de privatizaciones y de la antinomia privado-público. El proyecto quedó en nada y lo mismo pasa con la pesca, que sigue siendo artesanal y no ha avanzado a otra escala”, lamentó.

“Cuando se proponen proyectos de desarrollo pesquero, como la granja de salmones que propiciaba el CONICET, directamente fue anulada la idea por grupos ecologistas, e incluso el Concejo Deliberante de Ushuaia dio por terminada la discusión al decir que era un proyecto que iba a contaminar las aguas del Canal de Beagle. Siempre una granja marina produce una alteración del sector circundante, pero nunca de la magnitud que se decía. Como muchos otros proyectos quedó para una discusión futura, lo mismo la definición del puerto de Río Grande, que es una necesidad y quedó trunca. La idea nació del MPF pero por egoísmos políticos, intereses económicos locales y nacionales, quedó trunco. Ese debate hay que retomar en Tierra del Fuego y para eso hay que capacitar, y dejarle la iniciativa a los que están capacitados y tienen el espíritu empresarial adecuado, sin el egoísmo de pensar que van a ser los ricos del futuro. Estas confrontaciones se dan y esta cultura neutraliza la posibilidad de crecimiento económico de Tierra del Fuego”, advirtió.

“Siempre se habla de la matriz productiva pero no tenemos siquiera resuelto el tema energético y cada ciudad produce su propia energía. Muchas cosas no se dan porque cada uno quiere ser artífice de su propio negocio. El interés del Estado provincial queda pendiente”, sostuvo.

Pérez coincidió con la postura de Ferreyra sobre la deuda pendiente con la empresa de hidrocarburos, las trabas que tuvo HIFUSA cuando ya tenían compradores acordados. “No tenemos una refinería y le vendemos materia prima a Chile para que produzca en la planta de Cerro Negro y exporte al mundo materias primas para la nafta Super y Premium. Somos unos giles, tenemos los recursos acá y se lo entregamos a los vecinos. No tiene perdón”, enfatizó.

“Tenemos más gas que el resto de la Argentina, salvo Neuquén. El yacimiento Carina es una garrafa gigantesca que sabemos que existe y la usamos como garantía de los bonos Albatros en su momento. Todo el mundo sabe que estamos arriba de una garrafa gigante pero no sirve de nada si no sacamos el recurso. Somos orgullosos poseedores de una fortuna debajo de la tierra pero no hacemos nada con eso”, dijo.

Cambios necesarios

Consultados acerca de qué se debería cambiar de la Constitución, el ingeniero Ferreyra estimó que “a esta altura de los acontecimientos se impone una revisión de algunos puntos, como el sistema de tachas, el Tribunal de Cuentas, y hay que poner a funcionar institutos como el Consejo Económico y Social en forma permanente, entre otros. No todo es negativo de la Constitución de Tierra del Fuego, al contrario, en algunos puntos fue adelantada, como el Consejo de la Magistratura. Esto es materia de discusión de todas las fuerzas políticas y hay que ver si existe voluntad de reforma, como la planteó en su momento Pablo Blanco, que fue convencional constituyente, y algunos otros convencionales. Hay que actualizar la Constitución para darle agilidad a las decisiones políticas que necesitan rapidez para ejecutarse. La riqueza está y la gente no puede disfrutarla porque no nos ponemos de acuerdo para crear muchas empresas que están pendientes”.

Para Carlos Pérez también “hay que hacer ajustes y puede ser a través de una revisión completa o con modificaciones puntuales como el tema de las elecciones. También el sistema de jurisdicción única, porque debería haber dos jurisdicciones o tres para que haya una representación más proporcional en la Legislatura. No es una modificación menor y cambiaría el perfil de la Legislatura. No sé si estamos hoy con la tranquilidad política para una reforma, pero sí se pueden cambiar algunos artículos y nadie nos inhibe a hacerlo”, aseguró.

Finalmente ambos hicieron un reconocimiento a doña Elena Rubio de Mingorance. “Fue la mejor decisión la que tomamos al elegirla como presidente, por la forma en que ejerció esa presidencia”, concluyó Pérez.