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La legisladora del Partido Verde puso en duda la voluntad del gobierno de otorgar los créditos y subsidios previstos en la ley que aprobó por unanimidad la Legislatura. Aseguró que en el Ministerio de Producción “hay un problema estructural” y, de los mil millones asignados, solamente se han volcado siete al sector privado. Las quejas se multiplican y los comercios necesitan la asistencia para no verse obligados a cerrar. La semana próxima vence el plazo para que el Ejecutivo responda los pedidos formales de información y, de no hacerlo, los funcionarios “podrían ser interpelados”, advirtió. El Banco Tierra del Fuego tampoco ha comunicado a la comisión de seguimiento de la Legislatura el avance de las operatorias de crédito y, además, se analiza la decisión del gobierno de colocar en plazos fijos el dinero o invertirlo en bonos, cuando debería estar disponible para el programa.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la demora del gobierno en el otorgamiento de créditos y subsidios previstos en la ley de emergencia que dio origen al programa PROGRESO, ante las quejas del sector privado que se multiplican por una ayuda que no llega.
Ayer el presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, había asegurado que a la fecha no se entregó un solo crédito, y la legisladora agregó que esta situación es común a varios sectores privados.

“Desde un primer momento con mi equipo estuvimos acompañando a comerciantes de Ushuaia, de Río Grande, nos comunicamos con los comercios de Tolhuin y estuvimos hablando con algunos comercios de Almanza. El primer paso fue informar la existencia de la ley, de los beneficios que habíamos incluido no sólo para los comercios, porque la ley contemplaba la micro, pequeña y mediana empresa, y los trabajadores cuentapropistas e independientes. Es bueno recordarlo, porque uno de los temas que planteamos fue el trabajador independiente, que tal vez no tiene un local comercial porque su actividad no lo requiere, y es el más vulnerable en este contexto, porque vive de lo que gana día a día. También incorporamos la posibilidad de otorgar subsidios, que no estaban contemplados en la ley original, porque un comercio pequeño, con uno o dos empleados, es muy difícil que pueda pagar un crédito y ofrecérselo era empujarlos al cierre. La respuesta a la crisis no podía ser mayor endeudamiento para estos sectores”, planteó.

“Lo cierto es que ya pasaron dos meses desde la sanción de la ley y hay muchísima demora en su implementación. Hemos tenido distintos reclamos y quejas de peluquerías, de esteticistas, de jardines maternales, transportistas, academias de baile, negocios de indumentaria, espacios deportivos, a los cuales la ayuda no les ha llegado. Es decir que no es una problemática exclusiva de los locales gastronómicos o los vinculados al turismo. Es una problemática extendida y hemos tomado conocimiento de que algunos comercios vinculados a la actividad de peluquería de la ciudad de Río Grande cobraron la ayuda el fin de semana, pero no así el resto de los rubros y tampoco los de la ciudad de Ushuaia”, dijo.

El silencio como respuesta

“Realmente estamos muy preocupados, nosotros hemos ayudado a muchísimos comercios con los equipos técnicos para poder hacer las presentaciones de la documentación requerida, y hemos recibido respuestas que asombran. Hay comerciantes que han pedido subsidios de 90 mil pesos y la respuesta del otro lado fue que elijan qué deuda pagar, como si uno pudiera elegir en este contexto. Estamos hablando de 90 mil pesos, no de sumas siderales”, remarcó.

“Estamos sumamente preocupados porque se destinaron mil millones al Ministerio de Producción para que se inviertan en la gente, y hace pocos días el Ministerio informó que habían pagado nada más que 7 millones de ayudas. Esta problemática de que la plata no está llegando a la gente efectivamente queda confirmada por la propia Ministra de la Producción”, sentenció.

Un problema estructural

Consultada sobre las razones de la demora, recordó que “los fondos están y no hay manera de que no estén, porque son mil millones que están materialmente y no se pueden usar para otra cosa. Nos comunicamos con el equipo técnico del Ministerio de Producción en estas distintas instancias que fuimos teniendo, porque al principio la gente enviaba el mail tal como lo pedía el Ministerio, con toda la documentación, y no recibían respuesta a esos correos, ni siquiera una respuesta automática de acuse de recibo. Esto angustia a los privados que están a punto de cerrar sus puertas y esperaban la ayuda de la ley PROGRESO. El silencio es la peor opción en este contexto, por eso nos comunicamos con el Ministerio de Producción para expresar esto, que por lo menos envíen un acuse de recibo, una respuesta que diga que en 48 hora el equipo se comunicará, porque no puede no haber respuesta”, cuestionó.

“Ahí nos informaron que se había adecuado la estructura administrativa. No nos dieron detalle de si se había contratado personal nuevo o se había reubicado gente, pero nos explicaron que se había puesto un número importante de personas destinado a canalizar las solicitudes. Según ellos, la estructura administrativa se acomodó para poder dar respuesta a la demanda, pero eso no se ve en lo cotidiano y la ayuda a la gente no está llegando. Uno se pone a pensar si realmente hay voluntad de prestar esa plata, tal cual lo dice la ley”, dudó.

“Hay muchas luces de alarma que a uno le hacen pensar que en realidad no tienen voluntad de que esa plata se inyecte en el sector privado, como queremos los legisladores y por eso consensuamos unánimemente esa ley”, expresó.

Banco sin informes

Con respecto a las operatorias del Banco Tierra del Fuego, “tampoco ha informado en términos formales a la comisión de seguimiento. Ayer consensuamos con los integrantes de la comisión de seguimiento de la Legislatura un requerimiento a la Ministra de Producción, donde le pedimos mayor celeridad a la tramitación de los subsidios, y además le pedimos que nos informe qué tipo de créditos y subsidios se han otorgado, cuáles son los montos y el listado de beneficiarios, para saber cómo se han distribuido. En la ley hay un artículo claro y, además de ser ágil, la entrega debe ser equitativa en su distribución. Queremos controlar si se está cumpliendo no con esos aspectos de la ley”, dijo.

“Muchos legisladores de la comisión que tienen más diálogo con el Ejecutivo fueron planteando algunas situaciones en particular, pero no hemos logrado que se hagan cambios y que la plata llegue, por eso creemos que es necesaria una comunicación formal de la comisión, porque lo que venimos haciendo en términos de diálogo no está funcionando”, lamentó.

“En la comisión participa un legislador por bloque político, por parte de la UCR la integra Liliana Martínez Allende; el legislador Federico Bilota por el bloque PJ-Frente de Todos; la legisladora Mónica Acosta por el bloque de FORJA, quien les habla por el bloque del Partido Verde, y Damián Löffler por el bloque del MPF. Todos estamos en permanente comunicación y ya hace un mes nos venimos reuniendo para conocer esta situación, ante las quejas que nos vienen llegando, y venimos gestionando algunas respuestas del Ministerio de Producción”, indicó.

Para Vuoto “hay un problema estructural y ya no cuestiones particulares. Hace tres semanas podíamos hablar de situaciones individuales, hoy ya por lo que tenemos relevado sobre todo en Ushuaia, es un problema estructural, porque la plata no le ha llegado a ningún sector”, dijo, recordando que “la ley se aprobó el 28 de mayo, se publicó en el boletín oficial el 2 de junio, es decir que ya hace dos meses”.

Todos afectados

Si bien concedió que Ushuaia se ve afectada por la falta de turismo, todas las ciudades lo están. “Claramente la ausencia de turismo en Ushuaia daña muy fuerte a la economía local, porque no solamente trabajan las empresas vinculadas al turismo sino todos los comercios locales, que han visto disminuidas sus ventas. No hay un horizonte claro respecto de cuándo podría volverse a la normalidad o cómo podremos ir recuperando la actividad. Creo que no podemos hablar de ciudades más afectadas, porque Río Grande tiene una economía muy golpeada en los últimos cuatro años, producto de la política de desindustrialización que ha tenido el gobierno nacional anterior, y esta pandemia agravó esa situación económica. La afectación económica es por igual para todas las ciudades de la provincia, cada una con sus particulares, pero todas atendibles con el mismo nivel de urgencia. Comercio que cierra es familia que el Estado tiene que pasar a asistir con módulos alimentarios, y estamos hablando del plato de comida de nuestros vecinos. La urgencia y la rapidez con la que hay que actuar no la vemos en el Ejecutivo de la provincia”, reiteró.

“Todos cuando sancionamos la ley pensábamos que el Ejecutivo tenía que estar a la altura de las circunstancias y dos meses después vemos que no fue así. Hay tiempo de revertirlo, el Ministerio puede revertir esta situación, porque cada día que se demora la ayuda es un comercio que está pensando en cerrar sus puertas”, alertó.

“En este mes y medio desde que se reglamentó la ley me tocó conocer la historia de tres comercios de Ushuaia que tuvieron que cerrar sus puertas lamentablemente, y atrás de esa puerta que se cierra, además del desempleo hay una historia de mucho sacrificio para ese comerciante del sector privado que estuvo años ahorrando para llegar a abrir un local que le duró un año y medio. Ese sector también hay que atenderlo, por eso con mi equipo trabajamos un proyecto de ley para la reactivación económica, porque también hay que acompañar a los comercios que cerraron durante el aislamiento. Si no hay un subsidio del Estado para reactivar ese comercio, el privado no va a volver a arriesgar. Tenemos que lograr que esas puertas se vuelvan a abrir, por el bien de toda la economía local”, manifestó.

“La pandemia continúa entre nosotros y sus efectos no los estamos viviendo totalmente todavía. Si no actuamos con la celeridad que amerita la situación, vamos a estar mucho más complicados para atender las consecuencias que esto nos va a dejar, y van a ser más graves de las que estamos viendo. En Río Grande la situación epidemiológica está muy complicada, hay muchas provincias han vuelto a fase 1, también muchos países, y otra vez el privado tiene que cerrar sus puertas. El acompañamiento debe ser permanente”, propuso.

Fondos del gobierno nacional

También se le preguntó sobre la asistencia del gobierno nacional, dado que según el legislador Federico Greve ya ingresó parte del endeudamiento de tres mil millones autorizado por la Legislatura, si bien dijo no conocer el monto. “No tenemos información sobre los montos finales de la remisión de fondos del gobierno nacional. El ministro de Economía dijo que habían llegado 60 millones de ATN hace un mes y medio, y es muy probable que hayan llegado más. Esos montos iban a ser coparticipados a los municipios y así lo había prometido el gobernador, porque eran subsidios que entregaba la nación a las provincias para atender las consecuencias de la pandemia”, dijo.

“Los municipios están haciendo una tarea en este contexto, y todos los organismos del Estado deben tener herramientas para poder atender las contingencias. El Municipio de Ushuaia ha construido un hospital de mediana complejidad para estar preparados en términos sanitarios, pero no se coparticiparon los recursos. Nosotros presentamos un proyecto de ley para coparticipar los ATN que se reciban en la provincia y todavía no lo hemos tratado en comisiones, porque ha habido un caso positivo en la Legislatura y esto ha afectado el funcionamiento que teníamos hasta el momento”, señaló.

Al borde de la interpelación

La legisladora expuso la dificultad para acceder a la información oficial, en todo sentido, y se analiza interpelar a los ministros, de no haber respuesta. “Es muy difícil acceder a la información de la provincia, por eso en la última sesión se aprobó por unanimidad el proyecto que presenté para pedir informes sobre la publicación del boletín oficial y de las compras y contrataciones de la provincia, porque no hay regularidad en las publicidades y es muy difícil acceder a la información. Esto atenta contra nuestro rol como legisladores que debemos controlar cómo se manejan los fondos. Todavía no tuvimos respuesta a ese pedido de informes y la semana pasada presenté otro pedido de informes sobre las compras, porque no hay publicación efectiva y no podemos conocer qué se compra ni cómo, ni si se respetan los principios de transparencia y racionalidad en el uso de los recursos del Estado”, aseveró.

Con la vicegobernadora “tenemos diálogo institucional sobre el funcionamiento de la Legislatura”, pero no se da en términos políticos. “Los pedidos de informes los hago al Ministro de Economía en el caso de compras y contrataciones, al Secretario de Hacienda en el caso de las publicaciones del boletín oficial, y esas son las áreas que deben enviarnos la información. El boletín se publica digitalmente en la página pero no hay regularidad”, reiteró.

Además reveló que, mientras el gobierno apuraba la aprobación de la ley de emergencia, “en medio de esa discusión nos enteramos de que habían realizado tres plazos fijos con los dólares. Por decirlo en criollo, nos apuraban de gusto con la sanción de la ley, porque los dólares no estaban disponibles. Lo grave de esta situación es que el plazo fijo se había efectuado tres semanas antes y no se había publicado en el boletín oficial. Por esta falta de regularidad que no permite ejercer el control es que propusimos este pedido de informes aprobado por unanimidad en la última sesión”.

Agregó que los plazos fijos vencieron y por el último boletín oficial esos dólares se destinaron a la compra de bonos, por lo cual “nuestro equipo está estudiando esa operación”.

“También en el pedido de informes incluimos las contrataciones de obra pública, porque no conocemos qué se ha contratado y qué no para reparación de los edificios escolares. En diciembre del año pasado se aprobó la emergencia de infraestructura educativa para que los colegios pudieran estar en condiciones en marzo, y al día de hoy sabemos que esas obras no se realizaron porque hemos estado relevando los colegios”, sostuvo.

Tampoco hay información sobre el contrato de 20 millones con la UBA, para que audite la gestión anterior. “No tenemos información sobre esa contratación, por eso está incluida dentro del pedido de informes. Tampoco tenemos información sobre los resultados parciales que supuestamente, por trascendidos mediáticos, se habrían presentado. Claramente hay una acción de ocultar información, de no informar en tiempo y forma. El monto de coparticipación que se adeuda a los municipios yo se lo pedí al Ministro de Economía por escrito el 20 de marzo, verbalmente con la legisladora Myriam Martínez y Andrea Freites se lo pedimos en la reunión que mantuvimos con él durante la pandemia. Se la volvimos a pedir cuando vino a la legislatura, pero nunca acompañó esa información. Tuvimos que presentar un pedido de informes formal, que se aprobó en la última sesión y ahora estamos a la espera de la respuesta. El plazo vence la semana que viene y esperamos que esa información llegue. Tuvimos que activar el mecanismo formal porque nunca llegó la información”, explicó.

Advirtió que “si no contestan en el plazo de 15 días, podemos interpelar a los ministros. Ese es el camino a recorrer, por eso antes de llegar a un pedido de informes uno recurre a una nota, a un pedido verbal, porque si hay voluntad del otro lado deberían informar, pero esa voluntad no se ha dado, por eso iniciamos el camino formal y legal. Tienen plazo hasta la semana que viene. No se necesita llegar al pedido de informes, si del otro lado hay voluntad, pero claramente no hay voluntad de mantenernos informados para cumplir nuestra tarea”, fustigó.

Control en la pandemia

Otro de los pedidos de informes presentados está vinculado con los controles de la provincia del cumplimiento de protocolos. “Los controles sanitarios nos preocupan muchísimo, y lamentablemente estamos atravesando una situación compleja en Río Grande. Se fue flexibilizando la cuarentena por parte de la autoridad de aplicación, que es el Comité Operativo de Emergencia, sin los debidos controles y acompañamiento. Eso también lo planteamos porque entendemos que hay que acompañar a la población y estar controlando el cumplimiento de las medidas de seguridad. Si no, es desligarse de las responsabilidades y empezar a ponerlas sobre la espalda de los vecinos. Esta situación tiene dos actores fundamentales, el comportamiento social y el comportamiento del Estado. Ambos son muy importantes”, dijo.

Sin servicios en Ushuaia

Por otra parte se le consultó sobre las declaraciones de la ministra Castillo, que dijo que alrededor del 40% de la ciudad de Ushuaia no tiene servicios. “La verdad no es un 40%, pero no podemos estar con una parte de nuestra población sin los servicios básicos y la pandemia ha evidenciado lo esencial que es el agua. Prevenir el virus tiene que ver con poder higienizarnos las manos. El 18 de marzo le envié al gobernador de la provincia 32 propuestas para mitigar el impacto del aislamiento y un capítulo tenía que ver con la tarea que debía desarrollar el Ejecutivo en los barrios de Ushuaia, porque tanto el agua como el gas y la luz dependen del gobierno de la provincia, no de la Municipalidad de Ushuaia. Por eso le pedimos que reforzara la provisión de agua en los barrios que no tienen servicios, la provisión del subsidio Llegó el Gas, la compra de leña para las familias, pedimos un trabajo de revisión de las canillas comunitarias, les indicamos en qué barrio, que hagan un vaciado de las cloacas para evitar que desborden. Fueron distintas medidas para evitar condiciones más adversas frente a esta pandemia y nada de eso se hizo. Hoy la Municipalidad está cubriendo la ausencia del Ejecutivo de la provincia con camiones distribuidores de agua, con entrega masiva de leña en los barrios que no tienen calefacción”, expresó.

Poca actividad legislativa

Sobre la escasa actividad legislativa este año, con tres sesiones ordinarias, una extraordinaria y una especial, dijo que “tuvimos un período en que no se activó la Legislatura, que fue muy malo y lo planteé por escrito con la legisladora Colazo. Fui una de las que más insistí en que no podíamos tener la Legislatura cerrada. Presentamos un proyecto de reglamentación para poder sesionar de manera remota, le enviamos por escrito a la Presidente el reglamento que sacó el Congreso de la Nación, en función de recuperar la actividad. Para eso se requiere fundamentalmente la acción de Presidencia, que entiende en las cuestiones administrativas. Esa discusión fue pública y se logró un primer funcionamiento con reuniones virtuales y luego empezamos a funcionar en comisiones. Ahí tuvimos un muy buen ritmo de trabajo y recibimos a distintos actores. Ahora tuvimos que suspender por el caso positivo de Presidencia, y de ella depende toda el área administrativa. Hemos hecho las transmisiones en vivo de las reuniones y fue un pedido que hicimos como bloque y tuvimos que reiterar en varias oportunidades. Las sesiones son públicas y la única herramienta para garantizar la publicidad de las sesiones y las comisiones en el marco de COVID es transmitirlas en vivo. Pasado el aislamiento, creemos que también deberían transmitirse para quienes no puedan ingresar al recinto”, propició.

Los asesores de Presidencia

Tras las críticas del legislador Jorge Colazo a los 74 asesores de Presidencia y la distribución discrecional de cargos, Vuoto aclaró que “nosotros no fuimos parte de la discusión cuando se estableció la cantidad de asesores de cada legislador o de la Presidencia. Eso lo discutieron con la integración de la Legislatura anterior. Creo que tenemos que rediscutir esto y nos tocará intervenir. Hay que ir a un ámbito legislativo que se maneje de manera equitativa, más allá de la cantidad de cargos. No podemos pensar en un cuerpo colegiado donde algunos tienen dos, tres, diez asesores y otros tienen 74. Si no, no hay igualdad de condiciones y surgen injusticias, algunos valen más que otros y el valor nuestro nos lo da la gente. Nosotros ganamos en Ushuaia y tenemos un fuerte respaldo para estar donde estamos. Representamos un sector fuerte de la sociedad e intentamos representar a todos. No podemos ser parte de un cuerpo que internamente se maneja de forma injusta o arbitraria. Esto va a ser parte de la discusión”, adelantó.

“Hemos planteado esta situación a la Presidente de la Legislatura y la respuesta es que así lo definieron cuando no estábamos, por eso daremos el debate a fin de año, cuando tengamos que discutir la próxima estructura”, concluyó.