radiouniversidad.com.ar

El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Stefani fue crítico del proyecto aprobado en la Cámara baja con la aspiración de resolver el problema de la pesca ilegal en el Mar Argentino, mediante el aumento de las multas. Lo consideró un parche ante la depredación que se viene produciendo, por lo que se necesita de una ley integral. Presentará un proyecto en la comisión de asuntos marítimos vinculado con este tema.

Río Grande.- El diputado de Juntos por el Cambio apuntó contra los funcionarios del gobierno nacional que presentaron el proyecto que incrementa las multas a la pesca ilegal, y lo consideró “un parche” que no va a resolver el problema.

“Fue una decisión política del gobierno nacional y el proyecto lo presentaron Daniel Filmus y Felipe Solá. Lo grave es que, siendo dos funcionarios del Estado nacional que fueron diputados hasta hace muy poco, deberían haber ingresado el proyecto por la comisión de asuntos marítimos. Es un proyecto que no solamente debe tocar el importe de las multas de la ley de pesca para los que pescan de manera ilegal, sino que hay que hacer otras modificaciones”, dijo por Radio Universidad 93.5.

Recordó que “cuando se pusieron en marcha estas multas, el valor mínimo era de un millón de pesos/dólares, porque fue en la década del ’90 con la presidencia del Dr. Menem. La multa máxima eran diez millones de pesos/dólares, por el uno a uno. Con el tiempo esto se fue desactualizando y hoy un guardacostas que navega 26 días tiene un consumo entre personal, alimento y combustibles, de ocho millones de pesos. Las últimas multas que se estuvieron cobrando eran de siete millones de pesos. Es decir que la multa no alcanzaba a cubrir el patrullaje de los buques”, comparó.

“La Argentina tuvo una depredación del recurso ictícolo-pesquero en la época de Menem y en ese momento precisamente Felipe Solá era el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca”, remarcó.

Mencionó que “en el mundo hay 17 caladeros importantes, la Unión Europea tenía sobrepesca en su caladero y subsidió con 300 millones de dólares a las empresas pesqueras, para que no pescaran ahí. Nosotros hicimos un acuerdo con la Unión Europea en la gestión de Solá en 1994, trajimos esos barcos a pescar a la Argentina, pasamos por arriba un montón de leyes sobre los sistemas de captura, entre otros, y los subsidiamos. Resulta que un barco exportaba 1.100 toneladas de surimi de Ushuaia, cada 40 días que era la marea, y para pescar 1.100 toneladas de surimi hay que pescar cinco veces ese peso en toneladas de pescado. Esto pasaba cada 40 días y el barco exportaba por 2.4 millones de dólares cada 40 días. El Estado nacional le pagaba a esa empresa el 19% de reembolso: 12% por puerto patagónico y 7% por exportar desde Ushuaia. La empresa cobraba un cheque por el Banco Nación de 550 mil dólares. Lo que costaba poner ese barco en marcha para hacer toda la marea completa, con todo el equipamiento, combustibles e insumos que necesitaba, era alrededor de 700 mil dólares. Es decir que el Estado subsidiaba completamente a las pesqueras que ya estaban subsidiadas por otro puerto, pasaba por arriba de todas las leyes, y en esa década se produjo una enorme devastación del recurso”, relató del paso de Solá por el área.

“Se calcula que la pérdida anual que tenemos en materia prima ictícola por lo que no podemos controlar está en el orden de los mil y dos mil millones de dólares. Si esta pesca se procesara en continente, más o menos se multiplica por cinco o siete veces. Desde que se empezó a capturar el primer barco de pesca ilegal hasta ahora fueron 80 barcos. Suponiendo que le aplicaran la máxima multa de 10 millones de dólares, son 800 millones de dólares en 20 años, contra 2 mil millones de dólares de pérdidas por año”, estimó.

“Este es un tema que tiene que pasar por intereses marítimos y pesca. La Argentina debe tener una política pública de largo plazo. La situación empeoró en los últimos 30 años porque el recurso ictícola no lo tenemos. Desde 1994 que se creó el INIDEP -Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero- siempre aconsejó que estábamos sobre pescando la merluza”, apuntó.

“No decimos que una multa más importante esté mal, pero no sabemos si ese es el valor. Hubo momentos en que se aplicaba la máxima multa y las empresas dejaban en la Argentina el barco abandonado con los tripulantes. El último barco abandonado fue en Puerto Madryn en 2015 y era chino. Dejó el barco, la captura que tenía, los tripulantes, y el Estado nacional se tuvo que hacer cargo”, dijo.

“Por eso necesitamos que, además de la multa, dentro de esa ley le demos a la justicia las herramientas necesarias para poder hacernos del barco y dárselo a las empresas pesqueras argentinas para que renueven sus buques”, propuso.

Controles marítimos

Consultado sobre los controles y si se realizan, dijo que “la Prefectura controla y tiene aviones caza con un radar fotográfico que puede establecer con certeza la ubicación, porque si está más allá de las 200 millas no podemos hacer nada. En eso se basa después la justicia para aplicar la multa a las empresas. Pero necesitamos tener más controles y para eso hacen falta recursos”.

“Después del 2015 las empresas chinas empezaron a renovar sus flotas, hoy tienen barcos mucho más nuevos y no van a dejarlos abandonados por una multa de diez millones. Entonces la multa tiene que ser el doble y parte de esa multa tiene que ir a mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para controlar nuestra zona económica exclusiva”, planteó.

“Lo que cobramos por multas es nada con respecto a lo que se llevan del país y lo que nos están usurpando. En 20 años usurparon 2 mil millones de dólares por año y les cobramos 800. Lo más importante es no seguir poniendo parches y pensar que está la solución porque se aumentó una multa”, subrayó.

Consideró que “por la comisión de intereses marítimos se debe plantear una política pública a largo plazo. Hay que respetar a los institutos que tenemos, como el INIDEP, que dice cuánta captura podemos tener en función de los estudios que hace de la biomasa. Hay países que han hecho una política interesante de desarrollo pesquero, Perú es uno. Hay que darle al empresario un incentivo para que le dé valor agregado al producto, porque tenemos que dejar de exportar materia prima. En pesca el 60% de lo que se exporta es materia prima, cuando tenemos que ser un país productor de alimentos. Hay que dotar a las fuerzas de seguridad de equipamiento para poder controlar nuestro mar y que no roben nuestros recursos”, detalló de los pasos a seguir.

“Parte de lo que recaudamos de las multas tiene que ir a cubrir todo estos aspectos. Teníamos veedores a bordo de cada uno de los barcos que respondían a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y eso nunca tuvo continuidad, hubo picos con altas y bajas, y hay que capacitar a esa gente, tener esos veedores porque había diferencias entre las cantidades informadas y lo que arrojaban los veedores. Hay un montón de temas para trabajar y no livianamente modificar un artículo, y que se crea que con eso estamos resolviendo el problema”, criticó.

Nuevo proyecto

Insistió en que Solá “fue diputado y sabe que en la comisión de intereses marítimos había mucha gente que podía aportar a tener un proyecto superador al que se estaba presentando. Nosotros vamos a insistir con un proyecto y vamos a seguir trabajando en este tema, porque una de las riquezas que tiene este país es el mar. La Argentina siempre le dio la espalda al mar y somos el octavo país del mundo con litoral marítimo más grande y más rico”, dijo.

“No solamente tenemos la pesca, sino que hay recursos energéticos que tenemos que cuidar en el Mar Argentino. Esto tiene que superar a la ideología y necesitamos una mirada a largo plazo donde todos aporten y pongamos los intereses del país por encima de cualquier otra cosa”, expresó.

Tierra del Fuego sin política

Así como no existe a nivel nacional, según Stefani, tampoco hay una política pesquera en la provincia. “En Tierra del Fuego básicamente lo que se pesca es merluza. Tenemos el recurso ictícola que se nos ocurra, y tenemos pocos pescadores porque somos una provincia joven. En temporada de pesca de centolla en Puerto Williams, donde viven dos mil personas, hay 200 embarcaciones pesqueras y nosotros no tenemos más de cuatro o cinco. Eso es parte de la cultura y del proceso de formación de generaciones. En Tierra del Fuego ya hay gente que pesca y lo hace muy bien, porque antes ni siquiera eso teníamos”, observó.

“En esto debe haber una política del Estado, como pasa con el turismo, y plantear un desarrollo económico a partir de la actividad pesquera. El Estado debe apoyar esos emprendimientos. Es muy importante para Tierra del Fuego desarrollar una política pesquera a largo plazo, además tenemos la universidad desde hace unos cuantos años, con varios ingenieros en pesca, y es un tema en el que deberíamos avanzar rápidamente”, señaló.

Todavía el proyecto aprobado en Diputados debe pasar por el Senado, pero “independientemente de la multa hay que trabajar por un proyecto de ley de pesca nacional”, reiteró, con la expectativa de logra eco entre sus pares, dado que “siempre hemos tenido un trato cordial con los diputados de Tierra del Fuego para debatir este tema”, concluyó.