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La legisladora del Frente de Todos recurrió a la Fiscalía de Estado para poner en claro la situación con el acceso alternativo a la Margen Sur y la respuesta fue que no existen razones para que esté cerrada. Según el Fiscal la expropiación ya se realizó y la ley está vigente, por lo cual mantener cerrado ese acceso “es un delito”, cometido de parte de quien ya no es el dueño, dijo. Criticó al ex ministro de Gobierno José Luis Álvarez como firmante del convenio con la estancia, cuando no tenía sentido ningún acuerdo, también al gobierno anterior y al actual por no haber accionado, y no omitió al propio Fiscal de Estado que pudo haber intervenido “de oficio”. Lamentó que Martínez de Sucre no haya prevenido esta situación y lo definió como “un hermoso relator de historias de las cuestiones malas que nos pasaron, que ha colaborado poco para dar soluciones o parar la pelota antes de que nos metan 80 goles”. Agregó que tampoco le corresponde a Vialidad realizar la tarea de alambrado, que es injerencia del Ministerio de Obras Públicas. Espera que de no haber un acuerdo en lo inmediato, el Gobierno tome las medidas necesarias para la reapertura del acceso.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez cargó contra varios responsables del cierre del acceso alternativo a margen sur, tanto del gobierno anterior como del actual, e incluyó al Fiscal de Estado, instando a que en breve se disponga la reapertura desde el Ejecutivo provincial.

Por FM La Isla, explicó que viene trabajando en este tema “desde el 2017. La ex gobernadora Rosana Bertone presentó la declaración de utilidad pública y la expropiación de tierras para abrir la ruta y tener un acceso alternativo al puente General Mosconi. Yo era la presidente de la comisión 1 y los vecinos de la margen sur pudieron participar y convencer a los legisladores para que acompañen este proyecto. La tarea legislativa finalizó con ese trabajo, porque nosotros no ejecutamos las leyes sino que lo tiene que hacer el gobierno de la provincia. Enviamos notas al gobernador de la provincia, a la Ministra de Gobierno, al Fiscal de Estado, que nos contestó y preguntó sobre el motivo para que la ruta esté cerrada”, reveló.

Apuntó no sólo contra la inacción del gobierno actual sino la del anterior y en particular aludió al ex ministro de Gobierno José Luis Álvarez, que “firmó un convenio con el propietario José Paz, y él tendría que estar explicando por qué firmó ese convenio cuando la expropiación estaba aprobada. En ese convenio el ex ministro se compromete a alambrar todo el perímetro del inmueble en nombre del gobierno de la provincia. Esa obra de alambrado tenía que iniciar el 30 de abril de 2018 y finalizar el 30 de junio de 2018 según el convenio, y eso no sucedió. Lo que hizo el ex gobierno de Rosana fue consolidar el terreno y la ruta”.

La legisladora se reunió con el actual presidente de Vialidad Provincial Edardo “Quique” Sandri, dado que al asumir se encontró con los postes de metal para el alambrado. “Yo me reuní con el presidente que me llamó para hablar de este tema. Por un lado tenemos una demora de todo el 2018 y el 2019 de la gestión de Rosana y un año y cuatro meses de la gestión de Melella, y la ruta permanece cerrada”, dijo.

“El valor fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación en 2017 fue de un millón de pesos por la expropiación de los terrenos. El ex propietario de la ruta no estuvo de acuerdo con ese valor. Había estado de acuerdo con la expropiación pero en 2018 presentó una nota diciendo que no lo estaba. No quería la plata ni la expropiación, además dijo que no cumplieron con el convenio y cerró la ruta, pero el Fiscal de Estado dice que el ex propietario de la tierra no tendría que haber cerrado la ruta, y nadie hizo nada hasta ahora”, cuestionó.

“Tanto la gestión anterior como la actual le permitieron que cerrara la ruta, nadie hizo nada, y tampoco el Fiscal de Estado, que podría haber actuado de oficio si el gobierno no le pide intervención. El Fiscal no acciona de oficio pero es un hermoso relator de historias de las cuestiones malas que nos pasaron. Ha colaborado poco para ayudarnos, para dar soluciones o para parar la pelota antes de que nos metan 80 goles”, disparó.

Remarcó que “la apertura es una gran necesidad, está cerca la inauguración de dos estaciones de servicio y van a entrar y salir camiones cargados con combustible. Si tenemos cualquier tipo de urgencia vamos a quedar incomunicados. Yo me reuní con Sandri y me mostró el material que tiene en Vialidad, los postes de metal, dice que el alambrado no sirve y tampoco todo lo que se adquirió. Yo no soy alambradora y no sé si es verdad, pero el material está ahí. Sandri se comunicó con el ex propietario, que se cree dueño porque cerró con tranquera, y está viendo si puede contratar alguna empresa para cerrar el perímetro del inmueble como fija el convenio, pero el Fiscal respondió que la expropiación está hecha y el precio está fijado”, reiteró Martínez.

“El ex propietario puede discutir judicialmente todo lo que le parezca, pero el gobierno de la provincia no puede permitir que la ruta continúe cerrada. Eso es lo que dice el Fiscal de Estado: que no puede estar cerrada la ruta y que hay que tomar intervención”, aseguró.

“Si el ex propietario quiere presentarse a la justicia lo puede hacer pero no puede decir que es dueño de la tierra porque tenemos una ley de expropiación que está vigente y el dinero está depositado, aunque no haga uso de él. Esto está terminado”, sentenció.

La legisladora espera “que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo y, si no, va a tener que intervenir el gobierno y solicitar que abra la ruta por la vía que corresponda. Tenemos la respuesta del Fiscal de Estado y el presidente de Vialidad tomó este tema porque se encontró con que tenía el material para el alambrado; pero quien tendría que estar al frente es el Ministerio de Obras Públicas, y esto también lo dice el Fiscal. No sé por qué entra en todo este rollo el presidente de Vialidad Provincial, que además recibe la responsabilidad de que el propio personal de Vialidad tenga que alambrar. Esto es inviable y no se puede pedir al personal de planta permanente que vaya a alambrar. Es un disparate y no puedo entender por qué se firmó ese convenio y cuál es el motivo de la firma, porque todavía estamos recopilando información. La Legislatura ya había votado la expropiación de la tierra y es increíble que se haya firmado ese convenio”, remarcó.

“Yo me reuní con los vecinos de margen sur que están reclamando la apertura y me comprometí a averiguar por qué sigue cerrada la ruta. Ahí comencé a trabajar con mi equipo y hoy tengo la documentación para hablar de este tema. En ninguna parte dice qué pasa si el convenio no se cumple. El cierre de la ruta fue una decisión del ex propietario, ante la posibilidad de tener algún inconveniente si se escapa algún animal. Cerró la ruta en forma deliberada, cometiendo un delito, y nadie le dijo nada”, aseveró.

Avances en las reuniones de comisión

Por otra parte la legisladora destacó los avances vinculados con la ley de cannabis medicinal y espera que se pueda aprobar en la próxima sesión. “En 2018 sancionamos la ley 1277 que adhiere a la ley de uso medicinal de cannabis y sus derivados, además ampliamos otros artículos para personas que consumen este medicamento. De inmediato se vetó parcialmente esa ley, en la parte más importante porque ampliábamos las patologías, creábamos un registro de profesionales y de pacientes y familiares que consumen en su domicilio y autocultivan. El fin era generar una protección mediante la legislación. Seguí insistiendo y en junio de 2020 volví a presentar el proyecto, y en octubre se logró un dictamen de mayoría”, repasó.

“El 11 de noviembre de 2020 el presidente Alberto Fernández mediante el decreto 883 derogó la anterior reglamentación de la ley a la que adherimos, que solamente tomaba en cuenta la epilepsia refractaria. Yo había ampliado a más de 40 patologías, con la posibilidad de que el médico tratante la ampliara a cualquier otra. El presidente mediante este decreto amplía a todas las patologías y no estaba equivocada en la mirada que tenía de esta realidad. También dejó establecido que el medicamento se va a poder adquirir en las farmacias y autoriza el autocultivo. El 11 de marzo de este año, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el sistema de registro y los procedimientos para autocultivar. Este paso que dio el presidente Alberto Fernández nos ayuda muchísimo, y la provincia necesita contar con una legislación, porque en el futuro puede haber algún cambio de mirada, dado que esto se hizo por decreto a nivel nacional. Necesitamos la ley para poder planificar a futuro. En la próxima sesión vamos a incorporar tres artículos y queremos que queden claras cuáles son las patologías, además de dejar la libertad al médico tratante para que incorpore las patologías que considere. Tenemos incorporadas todas las enfermedades poco frecuentes, el tratamiento de todos los síndromes, todo tipo de epilepsia, de cáncer, los dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, estrés post-traumático y toda otra condición de salud existente o futura que la autoridad de aplicación considere conveniente. Es muy amplio y deja la puerta abierta a lo que estime el profesional tratante”, detalló del proyecto en comisión.

“Es muy poca la capacitación a los profesionales en este tema en todo el país. A nivel nacional hubo un debate complicado y la ley es lo que se pudo lograr en su momento, porque no salía nada. No se ha hecho ninguna investigación científica y los padres y las organizaciones son los que están empujando constantemente para que dejen de meterlos presos por traer un aceite. Hoy con el decreto está todo más calmado pero siguen metiendo presa a la gente, por eso es importante contar con una legislación y planificar a futuro”, expresó.

Consideró que “se abre una puerta importante para una industria hasta ahora desconocida, que puede ocupar mano de obra y generar trabajo genuino, porque podemos llegar a producir en la provincia para abastecer a las familias fueguinas. No tenemos ningún registro de las familias, pero ha trabajado mucho la asociación Raíces de Fuego, que habla de entre 1.300 y 1.400 familias. Yo creo que hay muchas más y esto se va a ver cuando se puedan registrar. Siempre hablamos de aceite de uso medicinal y está reglamentado el registro y cuántas plantas se permite tener en el domicilio. También está prevista la cobertura de las obras sociales, de prepagas, y la posibilidad de la compra en farmacias”, afirmó.

Apuntó que la ley “en 2018 la ley fue acompañada por unanimidad y en septiembre de 2020 también se aprobó por mayoría el dictamen. Este miércoles vamos a tener reunión de comisión y se invitó al defensor federal, que conoce la realidad de las familias y lo que han pasado para poder obtener el aceite de cannabis. Es importantísimo tener la mirada de la justicia y lo que piensa sobre este medicamento. Yo he hablado muchas veces con el doctor y el resto de los legisladores tendrán la oportunidad de escucharlo. Yo pretendo tener dictamen para la próxima sesión porque el tema ya no da para más. Quedó demostrado que tenemos avanzar y todo este tiempo hemos perdido mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha tenido un cambio de criterio y está retirando al cannabis de la lista de drogas peligrosas. No lo descartan pero pasa de la lista 4 a la 1, porque se ha comprobado científicamente que como medicamento es un gran paliativo del dolor”, celebró.

Terra Ignis

Finalmente se la consultó sobre el proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos, dado que desde la oposición piden modificaciones al proyecto original y FORJA dice que ya las hicieron. “Hay algo importante donde hay acuerdo, que es contar con las empresas petroleras. En esto han logrado los consensos en todos los bloques y ahora queremos que la empresa esté como corresponde, con todos los controles necesarios. En septiembre de 2020 el Ejecutivo presentó una modificación pero quedaron unos cuantos cambios por hacer. No lo tenemos en agenda todavía ni nos han pedido tratarlo. Está totalmente para trabajar este proyecto, que lo tengo estudiado punto por punto, con las modificaciones que pretendemos”, dijo.

“Es importante haber pasado de una sociedad anónima a una SAPEM. Lo fundamental que no se modificó tiene que ver con el control de la empresa. Nosotros pedimos que pase por la ley de administración financiera y la ley 50 del Tribunal de Cuentas, además del control legislativo, pero desde el Ejecutivo no quieren saber nada. Incorporan al Tribunal de Cuentas pero como control externo posterior. Nosotros tendríamos la composición accionaria mayoritaria, es decir que es una empresa estatal”, concluyó.