El ex ministro Álvarez aclaró que “el Gobierno” cerró el paso y no la estancia

El ex Ministro de Gobierno de la gestión de Rosana Bertone explicó que, con la toma de posesión de la tierra luego de la expropiación, cualquier accidente en la ruta hubiera sido responsabilidad de la provincia, por lo cual decidieron cerrar el paso. No fue una decisión de los propietarios de la Estancia Cabo Peña, que siguen litigando en la justicia por no estar de acuerdo con valor en que se tasó la tierra. Tras las críticas de la legisladora Myriam Martínez a su participación en la firma del convenio con los ex propietarios, barajó que la parlamentaria “no entendió” los alcances de la ley ni del acuerdo firmado, o no le quedó claro a los abogados que la asesoran. “Nadie en su sano juicio abriría un camino sin un cerco perimetral que evite que los animales que están en esa zona crucen por la ruta”, sentenció.

Río Grande.- El ex ministro de Gobierno José Luis Álvarez respondió por Radio Universidad 93.5 a las declaraciones de la legisladora justicialista Myriam Martínez por la misma emisora, tras los reproches por la firma del convenio con el propietario de la estancia Cabo Peña, en el marco de la expropiación para la apertura de la ruta alternativa a Margen Sur.

La legisladora Martínez dijo ayer que había consultado al Fiscal de Estado, y en su respuesta habría asegurado que no hay ningún motivo para mantener cerrada la ruta. Además, consideró que no era necesario que Álvarez firmara ningún convenio teniendo una ley de expropiación aprobada. “Este fue un acuerdo con la familia Paz, propietaria de la estancia Cabo Peña, luego de la sanción de la ley de expropiación en 2018, para hacer la ejecución de esa ley. La simple declaración de utilidad pública no ejecuta una ley, sino que luego hay que hacer un proceso de expropiación, y esto implica un juicio”, explicó el ex ministro.

“La expropiación se puede hacer voluntariamente. En ese caso las partes se ponen de acuerdo con la entrega de la propiedad y el precio que uno debe pagar, y se llama avenimiento. Cuando no se ponen de acuerdo las partes, hay que iniciar un juicio de expropiación. En el caso puntual de la expropiación de esta franja de terreno de casi cinco kilómetros y medio en 2017, primero la empresa estaba de acuerdo con entregar la posesión del inmueble, con la condición de que ellos pudieran seguir explotando su negocio ganadero en esa zona. La provincia tenía que construir una ruta, que iba a ser provincial, y la responsabilidad civil por cualquier accidente es de la provincia. Lo que se acordó fue la entrega de la posesión para poder realizar las obras y la construcción de un cerco perimetral, como en cualquier ruta nacional o provincial, para evitar el cruce de animales. Eso es responsabilidad del Estado”, subrayó.

“Lo que se firmó fue una entrega de la tierra pero la empresa no estaba de acuerdo con el precio de la expropiación, que rondaba el millón cien mil pesos. El valor fue muy exiguo pero no lo fijó la provincia sino el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Nosotros iniciamos el juicio de expropiación a los fines de tener el plano definitivo y lograr la escritura a favor de la provincia de esa franja de tierra. Yo le di intervención al Fiscal de Estado y le informé que estaba firmando este convenio”, dijo, y aseguró que “el Fiscal estuvo de acuerdo con la suscripción del convenio y no hubo objeciones al respecto”, pese a que la legisladora Martínez aseguró que no estaba al tanto.

“Imagino que el Fiscal de Estado habrá informado esto a la legisladora Martínez, porque la firma del convenio es una práctica usual cuando uno expropia una franja de tierra para hacer un camino. Quizás la legisladora no ha comprendido la respuesta o el cuerpo de abogados de la Legislatura no lo supo interpretar adecuadamente, porque es un trabajo que hace el Ejecutivo y no el Legislativo”, barajó.

Reiteró que “se inició el juicio de expropiación porque la empresa no estaba de acuerdo con que le paguen un millón de pesos por cinco kilómetros de camino. El malestar de la empresa se manifestó desde el inicio con el Tribunal de Tasación, no con la provincia, por este motivo. Luego la obra no se pudo concluir porque debo reconocer que nos faltó capacidad técnica para esto y se derivó a Vialidad Provincial. Justo se había roto una máquina, los procesos no estaban aceitados para terminar con el alambrado, luego tuvimos la transición y se hizo muy complicado”.

Cerrado por el Gobierno

Lo más llamativo es que hasta ahora los reproches fueron al dueño de la estancia por haber cerrado con una tranquera el paso, pero el ex ministro Álvarez aclaró que quien procedió al cierre fue el propio gobierno. “Legalmente hablando, la ley está vigente y el juicio de expropiación lo está tramitando la Fiscalía de Estado de la provincia en los juzgados ordinarios de Río Grande y se está discutiendo el valor de la tierra. El gobierno de la provincia logró hacer la ampliación del camino, que ya estaba consolidado, para poder dar una salida alternativa a la margen sur. Esto era una oportunidad de desarrollo y por eso se declaró de utilidad pública. Como no se hizo el cerco perimetral, ante el riesgo de que se cruce ganado por el camino, se cerró el paso y nosotros mismos hicimos ese cierre, en julio o julio del último año de gestión, precisamente por la responsabilidad de la provincia. Si llega a haber un accidente, es responsabilidad del gobierno de la provincia, porque la tierra está expropiada y tomamos posesión de ese camino. La responsabilidad ante un accidente es del gobierno, no de la empresa”, enfatizó.

Teniendo en cuenta que la legisladora justicialista aseguró que con una simple decisión del gobierno ese camino se puede reabrir, Álvarez advirtió que “si quieren abrir el camino para que se accidente alguien con un animal suelto y quieren pagar con su dieta las consecuencias para los ciudadanos, allá ellos, pero nadie en su sano juicio abriría un camino sin un cerco perimetral que evite que los animales que están en esa zona crucen por la ruta”.

“Si fuera abogado de la provincia le diría que no abran ese camino hasta que tengan el cerco perimetral hecho. Las consecuencias las paga la provincia y en realidad son los ciudadanos con sus impuestos, por impericia de algún funcionario que autorice abrir el camino y se genere un accidente”, concluyó, poniéndose “a disposición para brindar información ampliatoria” y dar cuenta “de sus actos como funcionario público” durante la gestión Bertone.