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El gobierno nacional desistió de la idea de mover el beneficio, pero quiere que las industrias financien nuevos desarrollos productivos en la isla.

Río Grande.- De acuerdo a un informe de LaPolíticaOnline, la industria electrónica y de línea blanca de Tierra del Fuego entró en la cuenta regresiva por la finalización en 2023 del subrégimen de promoción industrial para la provincia, que financió con enormes beneficios fiscales la instalación de ensambladoras en la isla. Por eso, el gobernador Gustavo Melella busca a toda costa que no se retiren los incentivos impositivos para el sector.

Melella se reunió con Alberto y con Cristina para pedirle la extensión del régimen, ahora por cincuenta años. Su ambición cuenta con el respaldo activo de dos pesos pesados de los negocios: Nicky Caputo de Mirgor y Rubén Cherñajovsky del grupo Newsan. Pero también cosecha adhesiones en la oposición: Federico Frigerio, primo del ex ministro Rogelio Frigerio, diputado de Juntos por el Cambio y empresario del reciclaje de los residuos industriales de Río Grande, respalda la extensión del régimen.

Las negociaciones deben pasar un filtro importante: el ministro del área, Matías Kulfas, estudió en profundidad el régimen y tiene sus objeciones desde una mirada de políticas de desarrollo industrial, como lo dejó plasmado en su libro Los tres kirchnerismos. Es que el régimen de la ley 19.640 de 1972 y más específicamente el subrégimen que reanimó Néstor Kirchner, prometía ser un generador de puestos de trabajo y derrame en conocimiento tecnológico para el desarrollo de un clúster pujante, generador de divisas.

Los críticos del régimen de Tierra del Fuego consideran que su ubicación lo vuelve ineficiente por su distancia de los grandes centros de consumo, lo que obliga a sumarle a los productos costos de fletes que aumentan su precio. Por eso, Kulfas analizó la posibilidad de mudarlo a la provincia de Buenos Aires, pero la iniciativa no pasó el filtro de la política y quedó descartada.

Estos objetivos se alcanzaron parcialmente. El hub se montó sobre importaciones de componentes mayormente chinos para su ensamblaje a una distancia de los centros de consumo que los críticos del régimen consideran ineficiente. Es decir, no solo le cuesta al país en términos fiscales, sino que a los consumidores les llegan los productos con costos de fletes que aumentan su precio.

Por eso, Kulfas analizó la posibilidad de mudarlo a la provincia de Buenos Aires, pero la iniciativa no pasó el filtro de la política y quedó descartada. Es que el régimen tiene para Cristina un valor geoestratégico porque contribuye a la viabilidad económica de la isla y así asegura el afincamiento de argentinos en un territorio que como demuestra el actual conflicto con Chile, es vital para la soberanía del país.

El costo impositivo de mantener el régimen no es menor. Entre la exención del impuesto a las Ganancias, la reducción a la mitad de las cargas aduaneras y el hecho de que las empresas cobran IVA por sus productos, pero luego no se lo giran a la AFIP, según las cuentas del Ministerio de Desarrollo Productivo el Estado deja percibir el equivalente a unos 1.500 millones de dólares al año, lo suficiente, piensan en el equipo de Kulfas, como para llevar políticas industriales que consideran más efectivas.

Pero la discusión de fondo está saldada: El régimen fueguino continuará. Por eso, ahora Kulfas negocia reducir su extensión de los pretendidos 50 años a 15 años,  plazo convencional de renovación de estos programas.

Pero además, buscará que los grandes jugadores se comprometan a destinar recursos para diversificar la economía fueguina.

Kulfas quiere que las empresas beneficiarias del subrégimen aporten a un fondo de inversión que sirva para la diversificación de la matriz productiva provincial con eje en tres sectores: el desarrollo de un polo petroquímico que agregue valor a la explotación del yacimiento offshore de Vega Pléyade, el sector de alimentos y también la economía del conocimiento con desarrollos de apps.

Además, les gustaría ponerle un tope a la extensión tributaria para que, a partir de cierta escala de producción, las empresas comiencen a tributar. Y en última instancia consideran que también debería revisarse la exención de impuestos en toda la isla, no solo para la producción sino también para el consumo, específicamente de bienes suntuarios e importados.