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La presidente de la asociación Mane’kenk, Nancy Fernández, lamentó la inacción de los organismos de Gobierno que deben fiscalizar y ejercer el poder de policía para evitar la quema a cielo abierto, tras el incendio en el aserradero El Litoral. Por quemas similares que venían generando quejas de los vecinos y reclamos del propio jefe de bomberos de Tolhuin, hicieron una presentación ante la Fiscalía de Estado, que exhortó a la ministra Castiglione a hacerse cargo del rol que le compete. Con el antecedente de este dictamen del Fiscal, los funcionarios serían pasibles de demandas de los damnificados y “ya está hecho el llamado de atención”, dijo. Además cuestionó que “hace más de un año” el ministerio no convoca a la comisión consultiva de bosques nativos, que se reunía varias veces al año para abordar estos temas. Castiglione se había escudado en una “práctica insegura histórica” en su respuesta al Fiscal, quien le recordó que su rol “no se limita a un mero asesoramiento o promoción de la industria maderera, sino que le obliga a actuar positivamente en la protección del medio ambiente”.

Río Grande.- La presidente de la organización ambientalista Mane’kenk dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre el incendio en el aserradero El Litoral de Tolhuin, que fue “la crónica de un incendio anunciado”, dijo, porque “esto ya lo veníamos advirtiendo desde el verano pasado. Recibíamos muchos mensajes de los vecinos y los bomberos de Tolhuin, preocupados por el acopio de material. El jefe de bomberos de Tolhuin salió en varios medios muy preocupado por eso. Evidentemente hay un problema con el manejo de los residuos forestales y no sabemos si es un descuido, si es negligencia, si es falta de capacidad operativa, pero luego de lo que ha pasado durante el verano 2020-2021 en el país, nosotros hicimos un llamado de atención porque los incendios forestales son un riesgo latente en la provincia. No queríamos que pasara lo que ocurrió en El Bolsón, y un incendio en zona urbana puede generar consecuencias catastróficas, porque puede avanzar hacia la ciudad y en Tolhuin muchas de las viviendas son de madera”, advirtió.

“El Estado tiene que ponerse firme, poner más atención en la gestión de los residuos de los aserraderos y tomar las medidas que tenga que tomar, por eso realizamos una presentación ante la Fiscalía de Estado. Hace más de un año que el Ministerio no convoca a la comisión consultiva de bosques nativos. Desde el año 2012 nos reuníamos tres o cuatro veces al año, allí se debatían los proyectos, los procedimientos, se analizaban problemas de este tipo. De hecho la Cámara de Aserraderos está presente en esa mesa y ha contados sus problemas y preocupaciones. Es un espacio de diálogo multidisciplinario para debatir estas situaciones y hace más de un año que esa mesa no se convoca. Llegamos a esta medida porque la gente de Tolhuin nos escribía desesperada pidiendo que alguien hiciera algo”, dijo de la denuncia ante la Fiscalía.

“Entendemos que hay una Dirección de Bosques que tiene que tomar medidas, clausurar el aserradero, hacer sumarios, o lo que corresponda”, planteó.

Con los bomberos alertando sobre esta situación, además de los vecinos afectados y la ONG, ninguna dependencia oficial tomó medidas. “No sabemos si consultaron previamente a algún ente, pero nosotros recibimos llamados de vecinos, fotos y denuncias, y como tenemos agilizados los trámites de pedido de informes y una buena relación con la Fiscalía de Estado a partir de todo el evento del Corredor del Beagle, apelamos al organismo de control del Estado ante la falta de respuesta del Estado”, explicó.

“Me parece que falta diálogo entre las áreas de control del gobierno, tanto municipal como provincial, con los actores involucrados en el sistema, tanto la Dirección de Bosques  como los madereros, los aserraderos y los vecinos. Estos incendios son más peligrosos que los que se dan en un bosque en medio del campo, porque pueden afectar a las viviendas y dañar la vida humana”, sostuvo.

El dictamen del Fiscal

Cabe señalar que tras la presentación de la ONG, el dictamen del fiscal Martínez de Sucre se conoció apenas una semana antes de que ocurriera el incendio del aserradero El Litoral. Está fechado el 23 de septiembre y lleva el número 25/21. Allí el Fiscal exhorta a las autoridades provinciales a fiscalizar y detener las quemas a cielo abierto en los aserraderos hasta tanto no se logre el aprovechamiento de los residuos para evitar su acumulación.

La asociación había adjuntado notas periodísticas y declaraciones del Jefe de Bomberos de Tolhuin, quien afirmaba que había incendios en los aserraderos “cada cuatro o cinco días”, sobre todo en los días de viento.

El fiscal remarca de las declaraciones del jefe de bomberos que “ni la Provincia ni las autoridades del Municipio estarían trabajando adecuadamente en la prevención y la regulación de la quema a cielo abierto de los residuos por parte de los aserraderos”, habla del mal estado de las tolvas empleadas en los establecimientos madereros, la cercanía con viviendas y “la falta de atención a las condiciones climáticas antes de proceder a la quema”.

La ONG había reclamado control de la actividad que generó los siniestros, que se investigue si el Estado aplicó la normativa vigente, si los titulares de los aserraderos cuentan con la habilitación correspondiente, qué controles se efectúan, y si hay sanciones administrativas o penales. Esta información fue pedida por la Fiscalía al Ministerio de Producción y Ambiente, y la ministra Sonia Castiglione aludió a una “práctica insegura histórica”, sin que se tomaran acciones correctivas, con una descripción de la falta de medidas de seguridad, la tramitación de habilitaciones precarias en el Municipio, prescindiendo del apto de Bomberos. Para la ministra los incendios denunciados no fueron de carácter forestal, por lo que no se aplica a su criterio la normativa de protección de bosques, al producirse dentro de un aserradero, deslindando toda responsabilidad de fiscalización de su parte, para volcarla al área de Defensa Civil del municipio.

Castiglione omitió entregar al Fiscal una copia del Plan de Auditoría Ambiental de aserraderos y emprendimientos de producción forestal, copias de las actas de inspección del año 2021 sobre los establecimientos madereros, y sumarios iniciados sobre irregularidades detectadas, que le fueron solicitados. Tampoco entregó una copia certificada del Plan Operativo Anual de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego que se le requirió, ni el informe técnico y jurídico sobre la legalidad de la quema de residuos forestales en los aserraderos.

En su dictamen, el Fiscal enumeró las leyes nacionales vigentes que prohíben las quemas a cielo abierto y consideró que las explicaciones brindadas por Castiglione “no permiten corroborar que la Autoridad de Aplicación haya reglamentado adecuadamente el trámite, requisitos y alcances de las autorizaciones de quema de estos desechos, como lo exigen las normas”.

Responsabilizó al Ministerio de Producción y Ambiente de la fiscalización y control de los establecimientos, y dijo que “la emisión de habilitaciones precarias locales por parte del Municipio -según la funcionaria- no enerva el ámbito de actuación de la Autoridad de Aplicación provincial, quien no debe desentenderse de la prevención y el control de la quema”. No considera justificada la interpretación de Castiglione de “normas que son claras” y le confieren competencia para aplicar sanciones administrativas, exhortándola a “reglamentar adecuadamente y de conformidad a las normas vigentes el uso del fuego en todas sus formas, en particular la quema de desechos no maderables de la industria forestal”.

Asimismo, le indica que debe disponer la fiscalización y control periódico y “ejercer el poder de policía ambiental, solicitando la colaboración de los cuerpos activos de bomberos y de Defensa Civil e incluso de las propias municipalidades”.

También le recuerda a Castiglione que sus atribuciones “no se limitan a un mero rol de asesoramiento o promoción de la industria maderera, sino que le obligan a actuar positivamente en la protección del medio ambiente, habilitándola a actuar por sí misma”, y le advierte que “la omisión en materia de poder de policía puede constituir fuente de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal de los agentes y funcionarios de la Administración que tienen a su cargo la obligación de tomar decisiones para velar por el cumplimiento de las normas y no lo hacen”.

Quema prohibida desde hace años

Nancy Fernández ratificó que “la quema a cielo abierto está prohibida desde hace muchos años y el gobierno no debería permitirlo, además los aserraderos tienen que hacer una adecuada disposición de los residuos forestales. Hay un tema de salud, porque hay humo que sale de esos desechos, que pueden estar tratados con solventes y productos químicos, y eso queda latente en la atmósfera de la ciudad, tarda varios días en irse, y son partículas que ingresan al sistema respiratorio. Hay un montón de efectos colaterales”, enfatizó.

“Hay expertos, ingenieros forestales, técnicos de la administración pública que deberían indicar cómo debe ser el proceso productivo. Esa montaña de residuos no se genera de un día para otro. No es que un día no había nada y al siguiente aparecieron 40 metros de residuos, evidentemente hay una falta de control y fiscalización. Los incendios no son novedad y ahora se han agudizado por el clima seco y la mayor acumulación de residuos, pero reitero que no son cuestiones de un día para el otro. En la gestión anterior hubo un incendio en la empresa Lenga Patagonia, en ese momento estaba el secretario Toscani, y esto no es de ahora. Ninguna autoridad tomó cartas en el asunto, ni las actuales ni las anteriores”, fustigó.

“Este dictamen hace un llamado de atención a las autoridades y queda como un antecedente –evaluó-. Los damnificados podrán presentar las denuncias que corresponden porque la advertencia ya está hecha y las autoridades se tienen que poner a trabajar. No pueden permitir más extracción de madera hasta tanto no puedan disponer de los residuos y tienen que determinar un sistema de disposición final de esos residuos. Ese residuo se puede convertir en un producto que tenga utilidad y sabemos que hay algunos emprendimientos que trabajan con esos residuos. Eso hay que fomentarlo”, concluyó la ambientalista.