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El reconocido constitucionalista Federico Rauch aseguró que no hay ningún beneficio ni en el decreto de prórroga ni en el DNU que crea el fideicomiso para la ampliación de la matriz productiva. Además de fundamentar la ilegalidad de estas normas, advirtió que son un globo de ensayo para demostrar que el Poder Ejecutivo puede avanzar sobre el régimen general de la 19640. Así como quitaron los beneficios para los automóviles, “por decreto o resolución” podrían hacerlo sobre otros bienes e incluso decidir que determinado sector comience a tributar impuestos nacionales. Además denunció un negocio que se cerró para dos empresas en particular, que se aseguran un mercado cautivo y la eliminación de eventuales competidores. También planteó la ilegalidad del desvío del IVA a través de la creación de una sociedad anónima que se convertiría “en la cuarta financiera del país” por el volumen de dinero que va a manejar con el aporte de las empresas, que estimó entre 18 y 22 mil millones anuales. Recordó que es un impuesto coparticipable, que quedará en manos de un comité que “puede hacer lo que quiera” con esos fondos, sin pasar por ningún organismo de control, y remarcó que taxativamente la asistencia se destinará a emprendimientos que no gozarán de ninguna de las exenciones de la promoción. Instó a los diputados y senadores a actuar en consecuencia, dado que hay un plazo legal de diez días de la comisión bicameral para tratar el DNU y, si no se trata, queda convalidado de hecho.

Río Grande.- El Dr. Federico Rauch, reconocido abogado y constitucionalista de la provincia, analizó por Radio Universidad 93.5 el decreto de prórroga del subrégimen industrial, que recorta beneficios de la 19.640 y deja afuera al sector textil y confeccionista de la promoción fueguina. “El domingo publiqué en el sitio del estudio un análisis preliminar de esta ingeniería legal que se quiere implementar, en contra de los fueguinos. Beneficios concretos no hay ninguno, lo que hay es un uso de la facultad que otorga el artículo 32 de la 19640 para reducir e incluso anular algunas de las exenciones del régimen general”, dijo.

Aclaró que “esto el Ejecutivo lo puede hacer siempre que propenda a un mejor desarrollo del mercado fueguino y de la economía fueguina, no en contra del desarrollo del mercado especial de Tierra del Fuego. Esa limitación está en la ley y puede reducir o quitar beneficios, pero no puede desviar impuestos o exenciones en favor de una sociedad anónima o un fideicomiso que se rige por el derecho privado y además se encuentra en la ciudad de Buenos Aires”.

“Especialmente el decreto 727, con la utilización incorrecta del articulado de la 19640, es ilegal porque se aparta de la letra de la ley y eso no se puede hacer. Se podría discutir en el Congreso nacional con los representantes de todas las provincias, pero el Poder Ejecutivo no puede hacerlo. Es un globo de ensayo y ni siquiera es para beneficiar a las poderosas terminales automotrices. Se establece un monto fijo en dólares, que se está depreciando a nivel mundial, y en poco tiempo no se va a poder comprar ni una bicicleta sin pagar todos los impuestos en Tierra del Fuego. Progresivamente se blanquearía lo que de hecho han venido haciendo las automotrices, que se apropian del 21% de IVA, cuando debería quedar en el bolsillo de los fueguinos. Hablamos de autos de más de 35 mil dólares de valor FOB, que es el valor del auto puesto en el puerto de destino, y hay un componente de flete”, señaló sobre la quita de beneficios a automóviles, embarcaciones, aeronaves y motos.

Reiteró que “es un globo de ensayo porque se busca demostrar que el Poder Ejecutivo puede avanzar no sólo sobre el subrégimen industrial sino sobre el régimen general de la población. De la misma forma que hacen esto con los autos, mañana pueden sacar un decreto o resolución que diga que los comerciantes de Río Grande, por ejemplo, van a tener que pagar el 10% de IVA”.

El aporte al fondo

Respecto de la obligación a las empresas de aportar a un fondo que manejará una sociedad anónima, indicó que son “las empresas que están produciendo casi el 100% de la electrónica que consume la Argentina y van a tener que depositar el 15% bruto de la facturación”, si bien desde AFARTE estimaron algo más del 3%.

“Si un celular cuesta 100 pesos, Frávega por ejemplo va a facturar 121 por el 21% de IVA, y hasta el viernes el fabricante del celular que había invertido bajo el régimen de la 19640 recibía los 21 pesos; en vez de depositarlos en la AFIP, se los quedaba, porque es el beneficio de la exención. A partir de ahora la idea es que de ese 21% la empresa entregue obligatoriamente el 71% del beneficio, que es el 15%; y solamente se quedaría con una exención del 7%. Ese 15% se lo tiene que entregar a la sociedad anónima del fideicomiso, que es una entidad financiera, y pasaría a ser una de las cuatro financieras más grandes del país debido al flujo que tendrá. Kulfas habló de diez mil millones de pesos anuales y se quedó corto, porque yo estimo que va a rondar entre 18 y 22 mil pesos, así que hablamos de cifras realmente gigantescas”, afirmó.

“Las empresas tienen seis meses para adherir pero tienen un plazo menor de tres meses para empezar a pagar. El plazo se puede extender a seis meses pero es retroactivo, es decir que si no pagan ahora van a tener que pagar el retroactivo y este plazo corre a partir del lunes”, apuntó sobre el cambio de reglas de juego cuando todavía sigue vigente el régimen anterior.

El fin de la promoción

“De cumplirse con esto, la ley tal como la conocemos ha quedado derogada –sentenció-. El decreto no modifica la ley, pero lo que han hecho es una ingeniería legal y, si quiero pensar bien, son un equipo que tiene técnicos muy malos y no comprenden cómo funciona el régimen de promoción económica. Fuera de la provincia son muy pocos los especializados en este régimen y los economistas tocan de oído, no entienden el sistema. Aun así hay cosas en estos decretos que no son producto de la ignorancia sino de un interés concreto de generar una caja que estará fuera del control de los órganos de la provincia y de la Legislatura, y también fuera del control de los entes nacionales, salvo la Auditoría General de la Nación que no tiene ni recursos ni tiempo para ocuparse de estos negocios”, planteó.

“El comité ejecutivo en realidad son tres directores de una sociedad anónima y los va a designar el presidente de la nación de turno. Se van y entran con el presidente y eso es muy subjetivo. Luego hay una comisión que no tiene ningún poder de decisión donde está el gobernador y los dos intendentes. El intendente de Tolhuin quedó afuera, no calificó. La Legislatura tampoco calificó y quedó afuera, y por eso también la modificación de la comisión del área aduanera especial. En este nuevo esquema la comisión del área pasa a tener una importancia mucho menor”, sostuvo.

Trabas para inversores

Según su análisis, el nuevo régimen establece un camino mucho más tortuoso para futuros inversores: “A partir de ahora se deja la ventanilla abierta en los próximos dos años para que pueda entrar algún jugador más a invertir en Tierra del Fuego, pero ya no tiene que tocar el timbre de la Secretaría de Industria de la Nación sino que tiene que pasar por cuatro ministerios y por la comisión nacional de defensa de la competencia. Tiene que pasar la gorra por varias ventanillas y el claro mensaje es que no presenten nada”, dijo.

“Nadie come vidrio y yo anticipé años atrás que esto iba a pasar, porque había mucha gente intentando que esto genere beneficios para otra gente, no para Tierra del Fuego. Esto va a ser progresivo y nos van a vacunar de a poco. Como está armada la estructura de estos dos decretos hay dos años más para que alguien quiera invertir y lo dudo en estas condiciones”, señaló.

Recordó que “en 2007 se cambió la alícuota al 35% y se levantó una barrera que dejó fuera de competencia por precio a Manaos y de esa forma se protegió a la industria de Tierra del Fuego. Esa barrera existe todavía y hoy tenemos un recurso industrial relativamente actualizado, que está bastante bien. El grupo de empresas radicadas tiene un capital de inversión instalado, y hasta el viernes podía sufrir algún tipo de competencia, no con respecto a Manaos pero sí con respecto a inversores externos. A partir del lunes eso se cierra y, el que tiene la tarjeta queda adentro, pero el que no, está afuera. Ese grupo abastece prácticamente el 100% de la electrónica que consume la Argentina y a partir de 2024 se le ofrece a esta gente un horizonte relativamente largo, y a cambio deben compartir el beneficio. Si no lo hacen, tienen que renunciar a cualquier tipo de reclamo por el cambio de las reglas de juego y no continúa el régimen, además caducan todos los proyectos y tienen que cerrar la planta”, aseveró.

Desvío del IVA

El Dr. Rauch también atacó el desvío de un impuesto coparticipable a una sociedad anónima con la conformación del fondo. “Con esto se busca desviar el IVA, que es un impuesto coparticipable y es la mayor recaudación que tiene la nación. La plata que junta la AFIP la distribuye a través de otros organismos de acuerdo a la coparticipación federal y cada provincia recibe un porcentaje. En el caso de Tierra del Fuego, es el 1.75%. Estos decretos dicen que la plata del aporte no se la van a quedar los industriales pero tampoco la AFIP y no se va a coparticipar. En consecuencia es la apropiación de un impuesto coparticipable y perjudica al resto de los argentinos, incluida Tierra del Fuego. Es plata líquida que entra todos los meses y se deriva a una sociedad anónima”, expuso.

En el anuncio oficial se habló de destinar el 60% a asistir nuevas inversiones y el 40% a infraestructura, pero según el letrado “la sociedad anónima con esa plata puede hacer prácticamente lo que quiera y hasta la puede regalar. El decreto dice que el comité de tres personas puede asignar ese dinero, regalándolo, prestándolo a tasa cero o participando en la formación de cualquier tipo de empresa. Esto podría ocurrir dentro o fuera de la Argentina y no necesariamente dentro de Tierra del Fuego. El decreto dice que es para apoyar la ampliación de la matriz económica de la provincia, que no fue conciliada ni charlada con los fueguinos. Acá cuatro iluminados de Buenos Aires le van a decir a los indios fueguinos cómo es su proyecto de vida, cómo tienen que trabajar, qué tipo de industria tienen que tener. Eso de por sí es casi insultante y es una falta de respeto al pueblo de Tierra del Fuego”, fustigó.

“Básicamente es la idea del gobierno macrista, que decía que los fueguinos prácticamente tenían que vivir de la caza y la pesca, de los recursos naturales, del turismo, que me parece muy bien, pero no se puede vivir solamente de eso. Es importante remarcar que ninguna nueva empresa que se haga con ese fondo va a tener los beneficios de la promoción, todos van a tener que pagar IVA, Ganancias, Bienes Personales, y ese mensaje está indicando que quieren derogar el régimen a futuro”, alertó.

“Con un 40% la sociedad anónima puede hacer lo que quiere y tiene otro 60% para escuchar ofertas. El gobernador y los intendentes de turno tendrán que proponer carpetas orientadas básicamente a obra pública. Eso no se negocia ni se trata en Tierra del Fuego sino que tienen que ir a Buenos Aires, y el comité va a decidir si le da los fondos para la licitación. Esa plata no se tiene que devolver, porque es un plan entre políticos y no es reembolsable. Lo mismo pasa con los cursos de capacitación. Esa plata en vez de quedar en la inversión industrial y en puestos de trabajo, queda en manos de la política”, agregó de lo que se desprende de estos decretos.

Beneficios y beneficiados

Se le consultó sobre los rumores de una prórroga armada para dos empresas en particular, Mirgor y Newsan. “Aparentemente hubo una negociación entre ciertos accionistas de esas empresas y algunos funcionarios vinculados con Kulfas, o con el propio Kulfas, con la participación de los intendentes y el gobernador, que algo tienen que recibir en este esquema. Si esto fuera cierto, estas empresas que son las centrales y abastecen el 100% de la electrónica de la Argentina, estarían aceptando este juego, porque se les asegura un mercado cautivo. Además se impediría que aparezcan molestos competidores en un futuro. Quedan sólo ellos, cazan dentro del gallinero, tienen que compartir eso con la política, pero el número termina cerrando igual”, explicó.

“Un 15% de la facturación bruta puede hacer no rentable el producto por precio, pero han calculado que pueden hacer lo mismo que se ha hecho muchas veces: que pague la gilada. Es decir, trasladar el costo de ese 15% al precio final de un producto, de a poco. Cada mes habrá una lista de precios con una diferencia del 4 ó 5%. Eso se va licuando en un proceso inflacionario como el que tenemos y el consumidor no lo va a notar. El resultado va a ser que vamos a pagar celulares un 15% más caro todos los argentinos, incluidos los fueguinos. De esa forma estaría cerrando este fabuloso negocio”, describió.

Judicialización de textiles

Respecto de la posibilidad de que las textiles vayan a la justicia y por otra vía se puedan atacar estos decretos, dado que desde la CAFIN anticiparon acciones judiciales de no prosperar las administrativas, indicó que la acción de diputados y senadores podría poner un freno también. “Acá hay un problema legal. La numeración de los decretos no es casual, porque primero sacaron el DNU 725 y luego el 727. Con el 725 el Ejecutivo inventó una urgencia que no existe, porque al régimen le faltan dos años para vencer, pero no se podía crear el fideicomiso por decreto y tiene que pasar por el Congreso. El DNU fue girado a la comisión bicameral, que tiene una mayoría de votos que responden a la vicepresidente. La comisión tiene diez días hábiles para tratarlo. Si no lo tratan, se convierte en ley. Si lo tratan, puede quedar sin efecto”, detalló de lo que puede ocurrir en lo inmediato.

“Nuestros diputados y senadores, más allá de la ideología que profesen, tienen la obligación patriótica de defender los intereses de todo el pueblo fueguino. Somos 250 mil gatos locos, pero estamos porque existe la ley y nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de lo que conocemos hoy como Tierra del Fuego. Sólo un trasnochado puede desconocer que, si no se mantiene un régimen promocional, la provincia se va a ir muriendo lentamente. Hay diez días y espero que en ese plazo un senador fueguino se presente en la comisión bilateral”, confió.

Se le preguntó si ese senador puede ser Pablo Blanco, y reconoció que “se puso en contacto conmigo, pese a que públicamente tuve varios altercados, me dijo que leyó el artículo que publiqué el domingo y que compartía las consecuencias que tienen estas dos normas. Le sugerí que como senador, aunque no tenga los votos, al menos haga una presentación fundamentando cuáles son los motivos legales y constitucionales por los cuales el DNU 725 es manifiestamente ilegal”.

Traslado de beneficios

Finalmente observó que casualmente la zona franca de Santa Cruz se inauguró en la misma fecha del anuncio de la prórroga. “No sé si fue un mensaje, una mojadita de oreja, pero de ponerse en marcha ese régimen lo que hace es trasladar los beneficios que tenía la población de Tierra del Fuego hasta el año 2000 a la provincia de Santa Cruz. Si no se pone en valor nuevamente la 19640, para el fueguino va a ser más conveniente irse a Santa Cruz, cambiarse el domicilio, y comprarse una camioneta de 40 mil dólares como compraba antes en Punta Arenas. La ventaja es que no hay frontera aduanera y ese régimen de que no podemos sacar el auto por tres meses, no va a funcionar. Lo que no van a poder hacer es transferir el auto dentro del plazo de afectación”.