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Fue jurada en la tarde del 30 de noviembre de 2006 en un emotivo acto en la Casa de la Cultura de Río Grande. Fueron estatuyentes municipales el entonces intendente Jorge Martín (UCR), quien presidió el cuerpo colegiado, siendo acompañado en el bloque radical por María Esther Martínez, Gabriel Clementino, Hugo Asnard y Gabriel Pluis, siendo la escribana Rosa Delia Weiss Jurado integrante extrapartidaria; Abel Cóccaro, Mario Ferreyra y Graciela Bozac (PUL), Mabel Caparrós y Andrea Barra (PJ); Verónica de María y Fabiana Ríos (ARI); y, Arturo ‘Patulo’ Andrade (MPF). Los secretarios de la Convención fueron el Dr. Daniel Amena y Tamara Testa. De este modo la ciudad de Río Grande declaró su autonomía.

Río Grande.- El 30 de noviembre de 2006 la Convención Estatuyente de Río Grande juró la Carta Orgánica Municipal de la ciudad, un paso institucional histórico por lo que la ciudad del norte fueguino comenzó su andadura propio, tal cual lo había hecho cuatro años antes la ciudad de Ushuaia.

De este modo, Río Grande dejó de administrarse por los lineamientos de la Ley Territorial 236/84 y lo comenzó a hacer por este estatuto.

El texto fue votado por todos los convencionales presentes. Por la tarde se realizó la jura. Durante la sesión de la mañana se aprobó el presupuesto, con el voto en disidencia del bloque del ARI. También fue rechazada la propuesta de habilitar la posibilidad de realizar enmiendas a la Carta Orgánica, durante los diez años previstos para su vigencia.

La presidencia de la Convención Estatuyente recayó sobre el ingeniero Jorge Martín, entonces intendente de la ciudad y cabeza de la lista electa por la ciudadanía con mayor número de convencionales: la Unión Cívica Radical -UCR-. Lo acompañaron en el bloque María Esther Martínez, Gabriel Clementino, Hugo Asnard y Gabriel Pluis. Los secretarios de la Convención fueron el Dr. Daniel Amena y Tamara Testa.

El segundo partido en obtener escaños fue el Partido Unión y Libertad -PUL- integrado por Abel Cóccaro, Mario Ferreyra y Graciela Bozac.

En tanto el Partido Justicialista fue representado por Mabel Caparrós y Andrea Barra.

Verónica de María y Fabiana Ríos representaron al partido Afirmación por una República Igualitaria -ARI-  y Arturo ‘Patulo’ Andrade por el Movimiento Popular Fueguino -MPF- y la escribana Rosa Delia Weiss Jurado.

Trece de los catorce convencionales estatuyentes -con la sola excepción de la escribana Delia Weiss Jurado quien se encontraba recuperándose de un accidente de tránsito que sufrió- votaron el texto elaborado durante los cuatro meses que duró la Convención.

De este modo la ciudad de Río Grande declaró su autonomía.

Durante la mañana de ese día, se dio también tratamiento al asunto referido al presupuesto que tuvo la Convención Estatuyente, el cual ascendió a un total de un millón seiscientos mil pesos, aunque los datos finales arrojaron superávit.

El informe, que fue presentado por el convencional radical Gabriel Clementino, fue acompañado con el voto de los restantes bloques menos el ARI, desde donde presentaron un dictamen en minoría señalando que les faltó información para evaluar la ejecución del presupuesto.

Este argumento fue defendido por la convencional Verónica De María, quién señaló que no se había realizado la publicación de los gastos en la página web de la Convención Estatuyente, tal como estaba establecido, ni los anexos de las resoluciones en el Boletín Oficial. Por ese motivo dijo que no podían aprobar un ejecutado que desconocían en detalle y advirtió que “no siempre gastar menos quiere decir gastar bien”, respondiendo al argumento de un presupuesto superavitario.

Después, cada uno a su turno, los convencionales Mario Ferreyra (PUL); Mabel Caparrós (PJ) y Arturo Andrade (MPF), señalaron el acompañamiento al despacho presentado por el bloque mayoritario.

El hilo conductor de sus argumentaciones fue que entendían que el presupuesto se gastó “a conciencia”, y señalaron que será tarea del Tribunal de Cuentas evaluar ahora la corrección de las contrataciones realizadas.

Más allá de esta circunstancia, quedó en claro que los trámites para realizar el cierre definitivo de la Convención estarán a cargo del presidente de la misma, el ingeniero Jorge Martín.

Cabe mencionar que antes de concluir la sesión de la mañana, la convencional de ARI, Fabiana Ríos, propuso que se habilitara la posibilidad de introducir enmiendas en la Carta Orgánica durante el periodo de diez años en que tendrá vigencia, propuesta que fue descartada al ser acompañada solamente por el bloque del Partido Justicialista.

La jura

En horas de la tarde de ese 30 de noviembre de 2006, con la sala de la Casa de la Cultura colmada por el público, los convencionales estatuyentes procedieron a jurar la Carta Orgánica, al igual que los secretarios y pro-secretarios.

Previamente, los trece convencionales dirigieron algunas palabras a los presentes, en una mezcla de balance, sensaciones personales y posiciones políticas respecto del proceso de la Convención Estatuyente y de la Carta Orgánica que entró en vigencia.

Además de los vecinos que se acercaron para presenciar el acto, se pudo distinguir la presencia de funcionarios del gobierno Provincial, legisladores, funcionarios de las tres municipalidades, concejales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad e integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Promediando el acto, tal como sucediera en oportunidad de jurarse la Constitución Provincial, alguien del público solicitó que todos los presentes juraran la flamante Carta Orgánica, pedido al cual accedió en intendente Jorge Martín, presidente de la Convención.

Fue precisamente el presidente de la Convención, el último en dirigirse a los presentes, señalando que se abre un etapa para la ciudad en la cual gozará “de su autonomía plena”.

Martín destacó que sobre 2.000 municipios que hay en el país, alrededor de 200 solamente tienen su Carta Orgánica. En ese sentido expresó que “Río Grande hoy pasa a ser uno de ellos y eso nos da la oportunidad de tener autonomía propia”.

Finalmente destacó el trabajo de los diferentes bloques, de las asociaciones que presentaron proyectos y señaló que las ordenanzas que reglamentarán la Carta Orgánica podrán incorporar esos aportes en el futuro.

Martín concluyó señalando que también se cumplió con el plazo fijado de cuatro meses e indicó por último que a partir de ahora se abre la posibilidad de “un futuro de crecimiento sostenido, sobre todo para los jóvenes” en la ciudad.

Luego de Martín, juraron los convencionales Abel Cóccaro (PUL); Arturo Andrade (MPF); Mario Ferreyra (PUL); Graciela Bozac (PUL); Hugo Asnard (UCR); Mabel Caparrós (PJ); Andrea Barra (PJ); Gabriel Clementino (UCR); María Esther Martínez (UCR); Gabriel Pluis (UCR); Verónica de María (ARI) y Fabiana Ríos (ARI). La convencional Rosa Delia Weiss Jurado estuvo ausente reponiéndose de un accidente de tránsito.

La entrega de diplomas estuvo a cargo de los magistrados electorales, doctores Guillermo Mássimi, Horacio Maffei y Francisco Justo de la Torre.

Participación popular

La Convención Estatuyente municipal comenzó a funcionar el martes 1 de agosto de 2006, oportunidad en que la escribana Rosa Delia Weiss Jurado, visiblemente emocionada, tomó juramento a sus pares dando inicio así al proceso estatuyente de la ciudad. El ingeniero Jorge Martín quedó como presidente de la Convención y lo secundan Abel Cóccaro y Arturo Andrade quien asumió en lugar de Fabiana Ríos. La diputada del ARI no quiso ese cargo por no estar de acuerdo con la distribución de las subsecretarías de la asamblea. El entonces gobernador Hugo Cóccaro estuvo presente en la ceremonia, siendo acompañado por autoridades civiles y militares de toda la provincia.

La convención abrió la participación a los vecinos para que éstos puedan presentar propuestas, ideas y proyectos los días 19 de agosto, 2 y 16 de septiembre de 2006 en cuatro lugares diferentes de la ciudad.

Así, distintos vecinos, incluido el periodista Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez y asimismo asociaciones, presentaron propuestas, desde asociaciones de jóvenes hasta protectoras de animales.

Políticas Sociales

Tras 94 días de intensos debates en maratónicas reuniones de comisión, los 14 convencionales de la UCR, el PUL, el PJ, el MPF y el ARI aprobaron por unanimidad las “políticas sociales”, las cuales la Carta Orgánica eleva al rango de “Políticas de Estado”.

De esta manera, bajo el título de “Políticas de Estado Municipal”, los derechos sociales en el ámbito del municipio de Río Grande apuntarán, entre otros aspectos, a “atender, resguardar y consolidar a las familias como núcleo social básico”, dejándose plasmados aquellos lineamientos centrales en materia social.

Asimismo, toda acción del Gobierno municipal tendrá como objetivo último la promoción de la inclusión social y el respeto a la dignidad humana; previendo, además, “el fomento del espíritu de cooperación familiar” y las acciones de “prevención, mediación y asistencia de las víctimas de la violencia familiar y social”.

Con características similares se establecieron cuestiones ligadas al amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos expresamente como sujetos de derecho.

Respecto a los jóvenes, reconocidos también como sujetos de derecho, la Carta Orgánica establece que no se tolerará discriminación alguna hacia ellos, promoviendo “en forma activa y prioritaria espacios para el deporte, la recreación, la expresión artística, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y su integración social”.

Otra de las cuestiones acordadas e incluidas en la Carta ha sido la promoción, tanto en el ámbito público como en el privado, de la igualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Respecto a las personas con discapacidad, el Gobierno municipal deberá tender a su “promoción, protección, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”, previendo el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, urbanísticas, de transporte y de cualquier otro tipo, así como la paulatina eliminación de las existentes”.

En materia de derechos sociales, se rinde tributo a los pueblos originarios por su “preexistencia étnica y cultural”.

Juicio por jurados

Uno de los proyectos más debatidos durante las reuniones de comisión y en sesión, fue la figura de ‘Juicio Político’, asunto sobre el que cada bloque político impulsaba una iniciativa propia.

Finalmente los convencionales resolvieron acompañar el proyecto del Partido Justicialista, introduciendo una serie de modificaciones que transformaron a esta figura en una de las innovaciones contenidas en la Carta Orgánica.

La modalidad establecida en la normativa incorpora al proceso de juicio político la participación de ‘jurados populares’, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las denuncias que puedan pesar sobre ‘el intendente, el juez administrativo municipal de faltas y los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal’.

La denuncia podrá ser presentada ante el Concejo Deliberante por cualquier vecino, aunque la misma deberá ser ‘fundada y acompañada de la prueba que la sustente’, siendo que no se admitirán denuncias anónimas.

Modificaciones a la orgánica del Concejo Deliberante

Otro intenso debate dentro y fuera de la Convención Constituyente, giró en torno a la organización y las atribuciones del Concejo Deliberante que derivó en una sesión extraordinaria del Cuerpo deliberativo repudiando el trabajo de los convencionales de los bloques mayoritarios.

Finalmente, la Carta Orgánica establece que el órgano deliberativo estará conformado por 7 miembros, aunque esta cifra podrá ascender de dos en dos cada 20 mil nuevos electores hasta alcanzar un tope de 11 ediles, lo cual se aplicará de acuerdo a los resultados del padrón electoral a utilizar en una elección.

Por otra parte, el Concejo Deliberante sesionará desde el 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año, estableciéndose además que los jóvenes de 21 años podrán aspirar a ocupar una banca, si bien para ello será requisito “haber aprobado la educación básica obligatoria”.

Asimismo, se resolvió que junto al Juzgado Municipal de Faltas y el futuro Tribunal de Cuentas, los ediles utilizarán solamente el 8 por ciento del presupuesto total del municipio.

Respecto al período y reelección de los ediles, la Carta Orgánica establece que “los mismos ejercerán el cargo por 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período, tras lo cual deberán dejar pasar un período completo si aspiran a un tercer mandato como ediles”.

Tribunal de Cuentas

El futuro Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Grande estará integrado “por 3 miembros designados cada uno como vocal”, quienes serán elegidos a través del municipio que designará a uno de sus integrantes; mientras que los dos restantes serán calificados “por las dos primeras minorías que integran el Concejo Deliberante, a excepción de los representantes de la minoría que ejerza el Poder Ejecutivo Municipal”.

El órgano de control tendrá autonomía financiera y a su cargo estará “el control externo presupuestario, contable, financiero, patrimonial y legal del Municipio”, rigiéndose por las normas incluidas en la Carta Orgánica, así como por las posibles ordenanzas que se sancionen en un futuro.

El primer mandato de los futuros integrantes del Tribunal de Cuentas se extenderá por 6 años y posteriormente se renovarán cada cuatro años.

Eliminación de subvenciones

Alcanzando a los concejales, el artículo 37 del título segundo referido a ‘Principios de Gobierno’, establece que ‘ningún funcionario electivo o político puede otorgar o entregar subvenciones, subsidios o ayuda social con fondos públicos a título personal’.

También fue votada la posibilidad que los extranjeros con 10 años de permanencia en la ciudad y con ciudadanía puedan sufragar.