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El concejal radical Paulino Rossi habló con Radio Universidad durante el programa «Buscando el Equilibrio» y adelantó el rechazo contundente a la reforma tributaria por la cual el municipio cedería a la provincia el cobro del impuesto inmobiliario. Además espera aprobar pronto una ordenanza que rechaza el llamado ‘aporte solidario’ que, para el edil, es un “ajuste salvaje” propio de un modelo neoliberal, y a contramano de la política nacional. Aseguró que hay consenso y, de hecho, el proyecto surgió de Interbloques.

23-02-16 Río Grande.- El concejal Paulino Rossi se anticipó al rechazo que aprobaría el cuerpo de concejales de Río Grande, al traspaso del cobro del impuesto inmobiliario a la provincia. Y además espera el pronto tratamiento de una ordenanza que daría marcha atrás al descuento salarial a los municipales, para aportar al IPAUSS.
Por Radio Universidad 93.5, recordó que el municipio recaudó “entre 40 y 50 millones y la estimación es de 55 millones para 2016”, por el inmobiliario.
“El planteo de la ley es que los concejos deliberantes deben adherir a esta reforma tributaria y derogar toda normativa vigente en lo que respeta a impuesto inmobiliario. Pero el gobierno lo que tendría que hacer es tratar de conseguir los votos, porque con la no adhesión no se podrá aplicar”, sentenció.
“No obstante desde el Concejo se presentó un proyecto para rechazar categóricamente este intento de avance sobre fondos del municipio garantizados por la Constitución y la Carta Orgánica”, informó, reiterando que si el Concejo no adhiere no hay posibilidad de cambio.
“Así lo plantea la misma ley. Al hacer operativa la posibilidad de coparticipación de este nuevo impuesto inmobiliario es necesario que adhiera el Concejo Deliberante, y en la ciudad de Río Grande no va a suceder”, aseguró.
También dio a conocer que “hay un proyecto de ordenanza de Interbloque que plantea no sólo la no adhesión sino el rechazo categórico a esta posibilidad”, y el cuerpo avanzará sobre el aporte solidario al IPAUSS: “Es un tema que estudiamos mucho con el cuerpo de abogados del equipo y no es fácil, porque se aprobó un sábado de enero a las cuatro de la mañana y sobre tablas. No hubo ninguna posibilidad de consenso ni se sabe lo que se gestaba en la Legislatura”, cuestionó.
“La semana pasada presentamos un proyecto que plantea que la justicia debe adherir, dentro de esa ley, y que el poder judicial adhiere en términos distintos al que plantea la norma ley, a través de una acordada. Los funcionarios y jueces deben adherir especialmente al descuento para este fondo solidario, y el personal adhiere de una manera diferenciada o distinta a la forma en que está planteado en la ley”, explicó de los fundamentos.
Consideró que “con esto la Legislatura reconoce la independencia del poder judicial y la necesidad de adhesión a esta ley para que sea operativa. A pesar de no nombrar a los municipios, hay garantías constitucionales de autonomía y también es necesario el consentimiento de cada municipio para aplicarlo; por eso hemos hecho un proyecto de ordenanza que lo que hace es decirle al Ejecutivo que no sería aplicable el fondo solidario. No desconociendo que hay una realidad compleja, le da 30 días al Ejecutivo para evaluar un plan de acción y remitirlo al Concejo”.
Hasta ahora “se ha debitado un solo mes y en términos proporcionales. Ojalá podamos sacar lo más pronto posible esta ordenanza para poner un freno a esta política de ajuste ortodoxa clásica que disminuye salarios, aumenta impuestos en un contexto inflacionario, mientras a nivel nacional se está viendo cómo se descomprime la presión impositiva de ganancias sobre los asalariados y se discute si la pauta va a ser del 20, 25 o del 30”, comparó.
“En Tierra del Fuego no resiste el mínimo análisis que este aumento de impuesto es en actividades muy sensibles y esta rebaja de sueldos es un ajuste muy salvaje”, calificó.
“Además la ley genera una valuación fiscal en cada una de las ciudades donde el metro cuadrado en Río Grande llega a los 700 pesos y en Ushuaia a 4.300 pesos o más. Hay una asimetría, cuando sabemos que la realidad de los valores inmobiliarios es muy parecida”, criticó.
Aseguró que “cualquier persona que trabaja en el mercado inmobiliario sabe que no hay razón de ser de esta asimetría. La realidad era que tenían esta ley escondida bajo el brazo y no querían que nadie se entere”, dijo de la falta de debate y lo que considera una improvisación en la elaboración de la norma.
Y advirtió que “en Ushuaia, de aplicarse esta normativa, va a haber un incremento exponencial del impuesto inmobiliario”.
Agregó que en la nueva norma “hay doble alícuota en actividades muy sensibles como la intermediación financiera, como el pago de cuotas de préstamos, que es habitual en los vecinos de la provincia; y doble alícuota en actividades que tienen que ver con vehículos y transporte, que se traslada a los precios. Además se descuentan los sueldos y mientras tanto, para el pago de la deuda histórica, se piensa en un fideicomiso”.
Cargó contra la dilación en cumplir con el pago de deudas al IPAUSS, previendo la demora en liberad los fondos del fideicomiso, luego de determinar la deuda. “Si hay una situación de emergencia no podemos tener una dilación tan grande, mientras el sacrificio lo hacen los vecinos de la provincia”, sostuvo.

Modelo Labroca

La confrontación con el actual Ministro de Economía no es nueva, y Rossi deslizó que este modelo puede ser su diseño. “Con Labroca no tengo diálogo y no sé si esta receta será de él”, manifestó, reiterando que “es un clásico ajuste neoliberal donde el déficit lo paga el que menos tiene”.
Reiteró su expectativa de “pronto tratamiento de esta ordenanza que necesita una rápida definición”, y dio a conocer algunas conversaciones con legisladores de la UCR: “Hablé con Pablo (Blanco), Liliana (Martínez Allende) y Oscar (Rubinos) y están viendo alternativas que van a presentar a la Legislatura. Hay cuestiones que como espacio político tampoco lo comparten”, afirmó.
“Lo estamos charlando y yo tengo una responsabilidad primaria como concejal de Río Grande. Voy a colaborar con los legisladores del bloque, y debemos tener un espacio de debate interno, pero además del partido todos los espacios económicos y sociales de la población tienen que saber lo que se aprobó y el impacto sobre la economía”, instó.

Melella, de acuerdo

Rossi aseguró que el intendente comparte esta visión que da como concejal radical, pese a haber sido parte del FPV en las elecciones: “Los trabajadores no están conformes con esto y planteamos una defensa de los trabajadores municipales. En función de las herramientas que tenemos tratamos de generar un freno. El proyecto Interbloque está firmado por tres concejales y creo que va tener un apoyo amplio y categórico. Melella está en permanente diálogo porque no podemos desconocer lo que dice la carta orgánica. Gustavo fue muy claro en el discurso de apertura, conciliador pero nuestra carta orgánica la tenemos que hacer respetar”, enfatizó.
Por último, y tras su cruce con la legisladora Carrasco, cuestionó la “intromisión permanente del FPV en la política del Municipio de Río Grande, esta vez a través de la legisladora. Esperaba un debate en todo caso con los concejales del FPV de Río Grande, donde está el ámbito de discusión”, concluyó.