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El concejal de FORJA Javier Calisaya valoró las reformas encaradas por el presidente del cuerpo, Raúl Von der Thusen, que no solamente permitirán desarrollar con más comodidad el trabajo, sino que los vecinos y distintos sectores podrán participar de la discusión en forma presencial. Consideró que el presupuesto municipal deberá tratarse luego de la presentación del nacional, porque gran parte de la obra pública está atada a recursos federales. Puso la mirada sobre la cuenta de ejercicio 2021 que arrojó superávit, y espera la visita de los funcionarios del Ejecutivo para que expliquen si no se hicieron obras previstas o no se ejecutaron programas. Sobre el mercado central que se instalará en el ex quiosco Fénix planteó la necesidad de acordar una ordenanza de creación y no limitarlo sólo a los productores locales.

Río Grande.- El concejal de FORJA Javier Calisaya dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre las reformas que se hicieron en el Concejo y sostuvo que “eran muy necesarias porque hace tiempo que no se intervenía, como se hizo desde la presidencia del concejal Von der Thusen”, reconoció.

“Vamos a tener un Concejo amplio, con un edificio moderno y accesible, y esto va a trascender a las gestiones. Esto también se realizó para poder llevar adelante las discusiones de los proyectos y esperamos que el tratamiento del presupuesto pueda ser presencial. Por la crisis sanitaria, en esta gestión municipal todavía no hemos podido discutir en forma presencial el presupuesto”, indicó.

“Todos los sectores están volviendo hace tiempo a la presencialidad y no podemos seguir manteniendo limitaciones para juntarnos. Además es beneficioso porque pueden participar otros actores de las discusiones, como los vecinos. Las reuniones virtuales limitaban el debate a los concejales y funcionarios, y la sociedad no era parte, tampoco los medios de comunicación. Vamos a discutir el programa de gobierno para 2023 y genera expectativas esa discusión”, aseguró.

“En el tema de obra pública, dado que está atada a recursos nacionales, creemos que debemos discutirlo después de que se presente el presupuesto nacional. Por ejemplo, hace un tiempo se dio a conocer que se había logrado incluir la construcción del puente y después no se aprobó el presupuesto nacional. Puntualmente en Río Grande, el 70% de lo que se destina a obra pública son recursos nacionales. Por carta orgánica, se tiene que presentar el proyecto el 30 de septiembre, pero va a ser necesario ver el presupuesto nacional que se presente”, subrayó.

Superávit en 2021

El edil barajó que en el debate que viene “seguramente se va a evaluar la ejecución del presupuesto actual, la cuenta de inversión, y uno está relacionado con la otra. Me llama la atención que la cuenta de inversión 2021 haya terminado con superávit de 180 millones de pesos aproximadamente. Todavía no tenemos la opinión del Tribunal de Cuentas, pero es lo que se ha presentado de parte del Ejecutivo. Habrá que analizar por qué hay superávit, qué obra no se llevó adelante o qué programa no se ejecutó para que tengamos ese superávit, porque generalmente los ingresos son iguales que los gastos. No hay un margen en el presupuesto que aprobamos para que haya superávit. Si lo hubo, tengo que pensar que hubo obras o programas que no se ejecutaron y habrá que redireccionar los recursos a obras que son necesarias”, dijo.

Actualización tributaria

También consideró relevante adecuar la unidad fiscal, que se ajusta todos los años por inflación, teniendo en cuenta los niveles de este año y la pérdida de poder adquisitivo. “A nosotros nos llegan requerimientos de las necesidades del sector privado, trabajadores independientes, autónomos, y vamos a tener que medir cómo se actualiza la unidad fiscal para los contribuyentes. Va a ser lo primero que vamos a discutir, para ver cómo se toma una medida razonable con la actualización de la unidad fiscal, que se tiene que hacer todos los años. Normalmente se toman los datos de la inflación interanual, que muchas veces es superior a la actualización de los salarios. Hay una bonificación y esta vez seguramente tendrá que ser más alta, porque no se puede cargar todo en la espalda de los contribuyentes”, planteó.

“Estos años hemos acompañado el presupuesto, entendiendo que era necesario que el Ejecutivo cuente con esta herramienta. Tenemos que garantizar el plan de gobierno de quien fue electo para conducir la intendencia, pero con un debate responsable”, propició.

Acceso a información

Se le preguntó si tienen dificultades como ocurre en Ushuaia para acceder a la información económica y dijo que “nosotros tenemos otra situación, porque cuando hacemos pedidos de informe no se aprueban en el Concejo. Somos un bloque de cuatro concejales, que es la primera minoría, pero el interbloque oficialista es mayoría y no conseguimos el quinto voto para conseguir información”.

“Uno de los pedidos de informe que presentamos para que sea girado al Ejecutivo se refiere a la cantidad de unidades que efectivamente están prestando el servicio de taxi y remise, más allá de las licencias existentes. Hay muchas unidades que tienen problemas judiciales, de sucesión, y tenemos que determinar las que están operando, de las licencias habilitadas. También pedimos informes sobre la cantidad de choferes, la antigüedad, en qué unidades prestan servicios. Si bien la relación contractual de los permisionarios con los choferes no es competencia del Concejo Deliberante, en la ordenanza de taxis se establece que los choferes tienen que estar vinculados en la legislación vigente, y hay un convenio colectivo de trabajo. Eso se debería cumplir e incluirse como obligación en la ordenanza, y se tendría que hacer el control antes de dar la habilitación anual”, manifestó, ante la denuncia del gremio de taxistas de una gran mayoría que trabaja en negro.

Mercado en el ex quiosco Fénix

Por otra parte, el concejal celebró que se esté avanzando desde el municipio con un espacio para los productores locales, pero aclaró que “está pendiente la discusión en el Concejo Deliberante, para consensuar una ordenanza relacionada con la creación del mercado central. Hoy hay una ordenanza vigente sobre un mercado comunitario que presentó en su momento Gustavo Longhi, y dispone un lugar donde se pueda instalar la producción local. Lo que nosotros proponemos es dar un paso más, porque si hablamos de producción local, estamos limitados a proveer el 3% del consumo local. Es muy poco en relación con la demanda. El Mercado en Tu Barrio es un programa que genera soluciones porque se puede acceder a otros precios y participan comercios que tienen su local, sus empleados y pagan impuestos. La mayoría son productos traídos del continente y sería importante establecer este programa como una política pública, destinarle recursos y acercar cada vez más los productores a los consumidores; no limitarnos a la producción local porque hay muchas cosas que no se producen en Río Grande”, expresó.

“La soberanía alimentaria es lo ideal, pero si nos limitamos a las fronteras de Tierra del Fuego va a ser cada vez más inalcanzable. Podemos tener otro tipo de convenios de abastecimiento con mercados de otros puntos del país. Hace un tiempo estuvo el presidente Alberto Fernández con el gobernador Kicillof inaugurando mercados comunitarios, y hay vinculación con mercados de Mendoza por ejemplo”, citó.

“Desde ya que el mercado tiene que darle seguridad a los productores locales para que se puedan instalar, y tener un lugar estable para ofrecer sus productos les da previsibilidad en el trabajo. Me parece importante que el Estado esté activo e intervenga para garantizar mejores precios a la sociedad, porque estamos hablando del derecho fundamental a la alimentación”, enfatizó.

Sobre la intención del Ejecutivo de comprar harina para ofrecer más barato el pan, advirtió que “hay panaderías de barrio que son rehenes de los proveedores de la ciudad, que determinan el precio. Lo mismo podemos decir de la carne, de alimento balanceado, y hay muchos sectores del comercio que se verían beneficiados con una política activa del municipio”.