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El régimen de promoción, por el que el Estado dejaría de recaudar $520 mil millones en 2023, equivalente al 0,35% del PBI, es el más importante que tiene la economía. Mientras tanto, para las tecnológicas de la economía del conocimiento se prevé duplicar las empresas beneficiadas.

Río Grande.- En busca de un orden de las cuentas públicas, y bajo la mirada del FMI, el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, estudia modificaciones en el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, que implicará que en 2023 el Estado deje de recaudar $520 mil millones, equivalente al 0,35% del PBI, siendo el más importante que tiene la economía, por sobre la industria, la minería, la economía del conocimiento, los biocombustibles, las autopartes o las energías renovables. Para el caso de la economía del conocimiento no se prevén cambios, sino duplicar la cantidad de empresas con beneficios.

En el presupuesto 2023, Economía envió al Congreso una “separata” titulada “El impacto del gasto tributario en las cuentas públicas”, en la que invita a los legisladores a “propiciar su análisis”. Explica que el gasto tributario es el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo distinto para favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. El total del gasto tributario para 2023 está estimado en 2,49% del PBI, por lo que eliminar todos los diferenciales implicaría que Argentina pase a tener superávit fiscal.

En ese documento, Economía hace una mención especial al régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, que implicará que el Estado dejará de recaudar el año que viene $519.720 millones. En los comentarios, dice: “Régimen vigente desde la década del 70, con el objetivo principal de fomentar el incremento de la población en la isla. Revisión de política pública actual asociada, y posible reducción gradual del beneficio”.

Según pudo averiguar este diario de fuentes oficiales, más allá de la recomendación que le hizo Economía al Congreso, en el equipo de Massa están estudiando algún cambio en el régimen. “Algún toque se le va a dar, como puede ser cobrar impuestos internos”, comentó una fuente de la mesa chica de Massa.

Otros regímenes de promoción, como el de la economía del conocimiento, le cuestan al Estado $53.036 millones. En el caso del de Tierra del Fuego, el gasto tributario es diez veces mayor debido a que cuenta con: liberación de IVA para compras y ventas, la exención del impuesto a las ganancias y de los derechos de importación, y la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos.

Desde el sector empresario contaron a Ámbito que la mención que hizo Economía en el presupuesto “sorprendió”, aunque en principio no hubo alarma, dado que es habitual que haya rumores sobre cambios en el régimen. “Muchas veces se ponen cosas así en el presupuesto y nunca queda en nada concreto. Sorprende que quieran hacer cambios después de que el año pasado el Gobierno prorrogó el beneficio por 30 años”, contaron desde una empresa. De momento, no tuvieron ningún diálogo sobre el tema ni con Economía ni con el Congreso.

Por estos días, será el turno de la Secretaría de Industria, a cargo de José de Mendiguren, de usar la lapicera en cerrar un trámite legal que le falta a esa prórroga, que es la adhesión de las empresas para pasar del anterior al nuevo. Entre los cambios de ministros y la unificación de ministerios, había quedado perdido en cuestiones legales. Además, desde el sector aseguran que, si hay cambios, se darán en un momento donde hay menos actividad económica, después de haber alcanzado niveles altos pospandemia.

Según pudo saber este diario, cualquier cambio impositivo es atribución del Congreso. Sin embargo, lo que sí puede modificar el Ejecutivo por decreto es la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos, algo que ya hizo el gobierno anterior de Mauricio Macri. Ocurre que desde 2021, los productos electrónicos pagan un impuesto del 17%, mientras que si son fabricados en Tierra del Fuego, es del 6,5%. Este diferencial tendrá un costo para el Estado en 2023 de $102.941 millones, el 0,07% del PBI. Equipararlo o reducir el diferencial con productos importados o realizados en otras provincias implica reducir el gasto tributario desde lo contable.

Promoción de la economía del conocimiento

En el caso del régimen de promoción de economía del conocimiento, el secretario del área, Ariel Sujarchuk, aseguró que no tendrá ningún cambio. “No se va a cuestionar, al contrario, hay un incremento”, afirmó ante la consulta de Ámbito. Actualmente, hay 500 empresas adheridas a los beneficios económicos que da la ley, y buscarán que para 2023 puedan duplicarse o inclusive triplicar la cantidad.

“El sector tiene que saber muy bien que a Massa le interesa el tema”, aseguró Sujarchuk frente a empresarios, durante el anuncio de los estímulos para el sector, que tendrá mayor flexibilidad en el cepo en el caso de que inviertan o aumenten las exportaciones, lo que se conoció como “dólar tecno”.

De todos modos, en Economía se preparan para una queja que vendrá del lado de las empresas. Actualmente, los freelancers que exportan pueden liquidar hasta u$s 1000 por mes, o u$s 12 mil en el año, un beneficio que instauró la gestión del ex ministro Martín Guzmán, y al que adhirieron muy pocos profesionales. Ahora, buscarán elevar ese monto a u$s 30 mil anuales a través de un nuevo «monotributo tech», para que esos ingresos vayan a reservas, y no entren por la informalidad. Según pudo saber este diario “a las empresas les molesta”, debido a que piensan que perderán empleo que se irá a trabajar para el exterior de manera independiente. Pero en el Gobierno aseguran que de esta manera se “blanqueará” algo que ya ocurre en la práctica, y mostrarán los números de que no perjudica a las compañías.

Fuente: Ámbito.