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Así lo manifestó el contador Ramón Gallardo, en relación a la incertidumbre que persiste en el sector textil que hasta el momento se encuentran excluidas de los beneficios del subregimen industrial. Aseguró que no está en contra de la ministra de Producción, Sonia Castiglione, pero consideró que sus declaraciones tras la reunión con representantes de la Unión Industrial Fueguina, “son sólo una expresión de deseo porque todavía no hay novedades concretas”. Advirtió sobre el lobby empresarial y convocó a todos los actores “para seguir luchando por las textiles”. Además, destacó el Proyecto Fénix que fue presentado el viernes por el Consorcio Cuenca Marina Austral y se comprometió a trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio de Río Grande. “Queremos facilitarles un digesto de proveedores para que nuestras pymes también se vean beneficiadas con esta inversión”.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la Cámara Fueguina de la Madera y del sector pymes de la Unión Industrial Argentina, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 luego de la presentación del mega Proyecto Fénix que realizó el pasado viernes el Consorcio Cuenca Marina Austral, integrado por las petroleras Total Energies, Wintershall y Pan American Energy.

Cabe recordar que se trata de una inversión superior a los 700 millones de dólares consistente en la explotación de gas offshore en la Cuenca Marina Austral a más de 80 kilómetros costa afuera frente a Tierra del Fuego, y aportará un 8 por ciento más de gas a la red nacional.

Al respecto, indicó que se trató de una presentación “bastante técnica, hablando sobre la sustentabilidad del cuidado del medioambiente. No somos especialistas ni tenemos qué objetar, pero sí debo comentar la visita que tuvimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Iglesias, donde fuimos a plantear cuál era el derrame económico que producía Total con esta inversión. Fuimos recibidos por el gerente y llegamos a una conclusión de que son pocos los insumos que adquieren y quedamos en que la Cámara de Comercio le iba a acercar un digesto de proveedores para que puedan darle trabajo”.

Recordó que en la provincia existe una “Ley de Compra Fueguina que ya está desde hace unos años y apunta a que estos emprendimientos de yacimientos hidrocarburíferos e industriales, produzcan un derrame de compras hacia los comercios locales para generar mejor trabajo y mano de obra local. La Cámara de Metalmecánica trabajó muchísimo en ese momento, pero esto no se logró aplicar lamentablemente. Creo que el próximo Gobierno debe analizar un poco más la Ley de Compra Fueguina porque si no existe el proveedor, estas grandes multinacionales deberían desarrollar a los proveedores desde una librería, hasta ropa de trabajo específica. Es fundamental para nuestra comunidad la creación de fuentes de trabajo y por eso creo que tenemos una deuda con esa ley que en la práctica no se aplica. La Cámara Metalmecánica tiene un manual muy interesante donde salen todas las empresas locales y qué servicios prestan. Quedamos en realizar una colaboración para actualizar este digesto para facilitárselos a la empresa Total en este caso. Muchas veces el comerciante local no conoce las necesidades con respecto a una vestimenta específica, por ejemplo, para el personal de Total. No se tienen en cuenta las cámaras por más chicas que sean y cuando se hace una Cámara, de cualquier tipo, hay que entender que tienen un objetivo que es la de defender los intereses del sector y se los debe escuchar. Muchas veces se escuchan frases como ‘no son representativas’, y tienen que ser escuchadas porque son pymes que están trabajando y tienen personal y el objetivo de la Ley de Compra Fueguina que se creó en su momento tiene ese objetivo, pero no dio resultado. Hay que ponerla sobre el escritorio y analizar por qué no dio resultado, y para ello necesitamos la intervención del Estado para que se genere este derrame de dinero para las pymes”.

Aumento de aranceles de importación para productos electrónicos

Días atrás, con el objetivo de fortalecer al sector industrial nacional, el Gobierno confirmó el aumento de los aranceles de importación de cuatro clases de computadoras portátiles de cero a entre 8% y al 16%, según el peso y las cualidades del equipo.

Durante la gestión de Cambiemos, se decidió eliminar el arancel de importación del 35% que recaía sobre Bienes de Informática y Telecomunicaciones, a través del decreto 117, que comenzó a regir en abril de 2017. La quita del gravamen a los componentes, que tenían un impuesto de 12%, quedaron en 0% y el mismo arancel se aplicó a notebooks, tablets y PC con el objetivo de ampliar la oferta y disponibilidad de equipos que compiten en el mercado local. La medida siempre fue cuestionada por los fabricantes nacionales con plantas en la provincia de Tierra del Fuego y Buenos Aires, principalmente, quienes pusieron el tema en la mesa en cada negociación con autoridades del Gabinete Nacional.

El contador Gallardo fue consultado sobre al respecto y explicó que “esto modifica parcialmente al decreto 117. En el 2017 se puso en 0% este derecho a la importación para que la gente se tecnifique y no se atrase en este tipo de medidas y en Río Grande provocó que una de las firmas Informática Fueguina Sociedad Anónima (era BGH en su momento) que tenía más de 137 empleados, tuviera que cerrar sus puertas e irse de la isla porque no le convenía. Yo les firmaba las habilitaciones de origen para sacar sus productos. Los derechos de importación tienen dos objetivos: proteger la industria nacional y la fuente de trabajo, y la otra tiene que ver con una faz recaudatoria. Esta medida es buena para la industria nacional porque seguramente habrá mayores inversiones.  En el caso particular de Tierra del Fuego, por ejemplo, a las empresas como BGH, por la diferencia de costos, están produciendo en el continente por lo cual no veo un beneficio significativo para las industrias radicadas en la provincia, para estos productos particulares”.

La situación de las textiles y “las expresiones de deseo” por parte de los funcionarios

Por otro lado, se refirió al encuentro que la ministra de Producción de la Provincia, Sonia Castiglione, mantuvo con representantes de la Unión Industrial Fueguina, junto a quienes analizó la actual situación por la que atraviesa el sector textil en la provincia. “Por el momento, son expresiones de deseos”, indicó Gallardo, quien agregó que “el decreto 727 salió hace un año y medio donde establece que los beneficios a las empresas textiles cesan el 31 de diciembre del 2023 y eso no se modificó por más quejas que hubieron”.

En este sentido, comentó que “leí las declaraciones de la ministra quien aseguró que habló con el Presidente y el Ministro Sergio Massa para garantizarles que las textiles van a tener su prórroga por diez años más, pero justamente Massa fue quien elevó el presupuesto 2023 donde hablaba que iba a bajar el déficit fiscal y la inflación e incluyó una separata, por sugerencia del FMI, que podía ayudar a reducir déficit del 1,9% del producto bruto interno, y fue ahí donde nos metió en la bolsa a nosotros, porque dijo que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego representaba un 0,35% del PBI que era equivalente a 520 mil millones de pesos, integrado por cuatro impuestos: la liberación del IVA (0,16%); Impuesto a las Ganancias (0,06%); impuesto interno (0,06%) y otro impuesto también del 0,07%. Eso para Massa significa que la provincia de Tierra del Fuego representa para el país el 0,35% del PBI nacional y que podía contribuir si se mira el déficit fiscal”.

“A nosotros nos embarcó en un lío que fue muy difícil salir y esa separata del presupuesto 2023, decía que lo elevaba al Congreso para su revisión y para la eliminación gradual de los beneficios de la ley 19.640. Esto dio lugar para que la Coalición Cívica se agarrara de ello para presentar un proyecto para eliminar la Ley 19640 hasta 2026. Es importante tenerlo en cuenta; por suerte hizo que los cinco diputados de la provincia, sin distinción de color, se unieran y lograran una negociación con la suba de impuestos internos que les permitió que no tuviéramos un efecto negativo mayor cuando se hablaba de derogar el subregimen industrial. Y fue el ministro Massa quien propuso esto mientras la ministra de la Provincia garantiza que las textiles seguirán estando y yo tengo mis dudas porque fue Massa quien dejó la puerta abierta para que apareciera este proyecto que aún está en comisión”.

El contador Gallardo aseguró “no entender por qué seguimos con esta incertidumbre. Quizá la ministra Castiglione quiso llevar tranquilidad en este escenario electoral, pero yo no veo ninguna perspectiva. Sé que están trabajando en la revisión de los procesos productivos, pero lo que hay que tener en cuenta acá es el lobby que existe. Hay un empresario textil que fue uno de los que realmente habló con el Gobierno Nacional para que no se permita la continuidad de las textiles y no se olviden que el vicegobernador de Tucumán que solicitó lo mismo. De Mendiguren es del pulmón textil y nadie le puede explicar lo que es un proceso productivo a alguien que tiene sus empresas fuera de la provincia”.

Aclaró que no está en contra de la ministra Castiglione, “pero entiendo que hasta el momento sus declaraciones son una expresión de deseo porque, después de un año y medio, no se logró que las textiles tengan el mismo plazo que las electrónicas. Hasta ahora seguimos en la misma situación”.

Repasó que la 19.640 fue sacada por el gobierno de facto del expresidente Agustín Lanusse y “desde ahí siempre tuvo altibajos y se fueron quitando los beneficios. El decreto 751 que firmó Cristina Kirchner quitó los beneficios impositivos aduaneros a la explotación de gas y petróleo. Se dejaron de hacer inversiones. Después, el expresidente Mauricio Macri sacó el decreto 1049 devolviendo esos beneficios. Perdió las elecciones y no se mantuvo. Consecuencia de las necesidades actuales, sin olvidar de que estamos importando y exportando gas, el gobierno que no tiene dólares se vio en la obligación de reglamentar esto entendiendo que ‘se entiende por nuevo emprendimiento hidrocarburíero a aquellos proyectos que impliquen una inversión de 250 millones de dólares en un plazo de cuatro años cuando se trata de costa afuera, y en un plazo de cuatro años de 10 millones cuando es costa adentro y así nace el Proyecto Fénix de 700 millones de dólares. Se hizo porque le devolvieron los beneficios impositivos aduaneros. En la era Macri se saca la resolución 4718 que establece que tenemos a nuestros recursos naturales y allí nace el concepto de la ampliación de la matriz productiva y no contemplaron que esta provincia es rica porque tenemos gas, petróleo, bosque, turba, ganado, el viento y el mar. La resolución dice que uno puede darle valor agregado al recurso natural y agregarle el 50% de su precio final extra zona. Yo antes podía sacar la madera (por ejemplo, una puerta) pero sin ponerle valor agregado. Si yo le ponía la bisagra o un tornillo a la puerta, tenía que pagar IVA”.

“Después sale el decreto 727 que es el que prorroga los beneficios de la Ley 19640 hasta el 31 de diciembre del 2035 con la opción de renovación por 15 años más con dos condiciones: primero que el régimen de Manaos siga vigente y el segundo que las empresas cumplan con el aporte del 15% del IVA con el fin de ampliar la matriz productiva. Podríamos tenerlo hasta el 2053. Nadie se hace responsable de cómo fue sancionado este decreto. Se le quitaron beneficios a las textiles y a bienes que antes surgían de acá, como la venta de motos, autos, embarcaciones, etc. Además, dice que se podrán agregar bienes en ese listado, pero también es importante que el decreto 727 crea ese fondo de ampliación de matriz productiva que le da valor agregado hasta el 50%. Acá nadie dice que ese fondo dará prioridad para dar asistencia financiera a aquellas actividades que se consideren autosustentables que tengan que ver con la de producir bienes que no requieran de ningún tipo de beneficio, por lo cual, nos están sacando los beneficios porque dice que ese producto tiene que competir en igualdad de condiciones que uno hecho en el continente. Por un lado, tenemos la resolución 47 que me permite dar valor agregado y el otro que probablemente no me den el beneficio si quiero ampliar mi matriz productiva”.

El integrante de la Cámara Fueguina de la Madera, agregó que “se hizo un contrato de fideicomiso y después hay un comité ejecutivo de tres personas designadas por el Gobierno Nacional, que es el que nos va a decir qué podemos hacer y qué no. Hay un correcto asesor de cinco integrantes que uno representa a la UOM, otro de la UIF, el Municipio de Río Grande y de Ushuaia, y el Gobierno. Se puede opinar, pero las definiciones son de afuera. Esta prórroga que se dio con la 19640, le quitó muchísimos beneficios a Tierra del Fuego”.

Falta de información sobre las deudas provinciales

Sobre las de deudas y demandas que mantiene el Gobierno Provincial, ejemplificó que “con el tema del puerto, realmente nadie explicó a la ciudadanía por qué se paró la obra, a cuánto sube la deuda por el juicio que afrontamos y cuáles fueron los motivos. Algunos dicen que hubo atraso en el pago, otros que existe una coima, pero los ciudadanos comunes desconocemos por qué se paró la obra mientras vemos que cada vez se deteriora más. Felicito al grupo Mirgor, pero me gustaría que las deudas sean explicadas por el Gobierno. Hay un poder que es el legislativo que tiene las facultades para llamar a los ministros para que expliquen las deudas y juicios que mantiene la provincia. El poder legislativo debería convocar para que expliquen la realidad de la provincia para que todos sepamos dónde estamos parando o si estamos hipotecando a nuestros hijos con deudas”.

¿Qué pasó con los fondos de la ampliación de la matriz productiva?

Consultado sobre los fondos que están destinados para la ampliación de la matriz productiva, reveló que “hay muchas industrias que ya elaboraron proyectos, pero no han tenido tratamiento y han quedado en suspenso. Hoy también hay muchas dificultades que tiene el Gobierno Nacional para renovar la deuda interna. Si ustedes me preguntan dónde está esa plata, no sé si está metida en títulos públicos. Desconozco la situación del fondo de ampliación de matriz productiva de Tierra del Fuego porque nadie explica nada”, concluyó.