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El contador Ramón Gallardo, tercero en la lista de legisladores del PRO, dio a conocer sus propuestas y una de ellas plantea la reducción de la planta política de la Cámara. También la reducción del 50% de los Ingresos Brutos y tasas, para generar un fondo y dar un incentivo al sector privado para ocupar mano de obra. Aseguró que la merma en la recaudación se verá compensada con más contribuyentes y con un descenso en la demanda de asistencia social. Además analizó los decretos de prórroga del subrégimen industrial y defendió la necesidad de incluir en la currícula escolar una formación sobre la 19640.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, tercero en la lista Propuesta Republicana PRO, expuso sus propuestas por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 y apuntó a una reducción de la dotación política de la Legislatura, además de una reducción de impuestos para generar empleo, en base a los altos índices de pobreza e indigencia que existen en la provincia. “Esa gente se debe incorporar a la actividad privada y por un lado va a provocar mayor ingreso, y por otro una reducción de la asistencia social”, afirmó.

“Más del 31% de los fueguinos está en estado de pobreza e indigencia, y se necesita la creación de fuentes de trabajo privadas, mediante el incentivo a la producción. Tengo un proyecto que propone una reducción del 50% de la alícuota de ingresos brutos y de la tasa de verificación de procesos productivos por un plazo de 48 meses, para generar un fondo. Paralelamente se deberá incrementar en un 20% la dotación de personal. Con esta medida se subvenciona el empleo, no el desempleo. En las empresas bajo el subrégimen industrial buscamos que se les exija la contratación por tiempo indeterminado para acceder a estos beneficios, para eliminar gradualmente los contratos basura, tanto los contratos a plazo fijo como los PPD. Las empresas han abusado de esta herramienta y generan una rotación permanente de trabajadores, que no pueden programar su vida”, cuestionó.

“Esta reducción de la recaudación se va a ver compensada, porque la gente que está en estado de pobreza a indigencia se va a incorporar al trabajo y va a contribuir más. También el Estado al tener estas personas con fuente de trabajo va a poder disminuir las partidas de asistencia social”, sostuvo.

“Este programa busca además una reducción de la planta política de la Legislatura, que tiene 434 empleados. De ese total, 228 son planta política y son los asesores de los legisladores. Cada uno tiene 10 asesores, excepto la vicegobernadora, que tiene 76. Con esa reducción se va a fortalecer este programa, para compensar la baja en la recaudación. Yo planteo no más de 6 asesores para los legisladores y la misma cantidad para la vicegobernadora”, dijo.

Prórroga del subrégimen

Luego se enfocó en el desarrollo industrial y el destino de los fondos del fideicomiso creado con la prórroga del subrégimen. “El decreto 727 y el 725, que muchos aplaudieron hasta ver la letra chica, si bien prorrogó los beneficios del subrégimen por 15 años, con la posibilidad de 15 años más, se circunscribe a un grupo de empresas que ya están instaladas. La prórroga es para las empresas que ya tenían actividades o las habían iniciado hasta el 23 de octubre de 2021, y en la isla no puede ingresar nadie más. Esto mismo es lo que provoca los lobbies empresariales, y son tan fuertes que llegan a la faz política. Esto provoca los constantes embates que tenemos contra la ley 19640. El actual ministro Sergio Massa fue el que dijo cuánto salía el régimen de Tierra del Fuego y que representa 520 mil millones de pesos, que son el 0.35% del déficit del PBI, en la separata que manda con el proyecto de presupuesto, para que lo revisen y busquen la eliminación gradual. Esto dio origen a que fuéramos tapa de todos los diarios nacionales y luego se metió la Coalición Cívica con un proyecto para eliminar el subrégimen de aquí al 2027. También tenemos a Javier Milei que dice que la ley 19640 es nefasta para la Argentina y que la va a eliminar”, advirtió.

“Muy pocos tienen conocimiento de la ley y por eso uno de mis proyectos es incorporarla a la currícula, sobre todo para la juventud que quiere votar a Milei, porque la gente va a pagar impuestos nacionales que hoy no paga. Si nos sacan la exención del IVA, todo lo que compramos va a ser más caro, y el que gane más de 470 mil pesos va a pagar impuesto a las Ganancias. Hay que explicarle a la juventud que esto va a afectar a sus familias y a la actividad privada”, subrayó.

“Otro proyecto es implementar una comisión en la Legislatura, porque es una vergüenza que los mismos legisladores no tengan conocimiento de la ley y nadie puede defender lo que no conoce”, agregó.

“El decreto 727 crea el fondo de ampliación de la matriz productiva, con un comité ejecutivo de tres personas que van a decidir el destino de ese fondo. Duran cuatro años en el cargo, dos los elige el Ministerio de Producción y uno el Ministerio del Interior, y son los que deciden a tres mil kilómetros qué podemos hacer o no. Dicen que ese fondo va a ser empleado para el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, silvicultura, bosques, petroquímica, y que darán prioridad a los proyectos autosustentables, es decir los que no requieran de ningún tipo de beneficio y puedan competir con un producto del continente. Con esto están quitando los beneficios y ese fondo va a destinarse a proyectos que no van a tener los beneficios de la ley. Es decir que la prórroga está circunscripta a un pequeño grupo de empresas. El consejo asesor que crea el decreto no tiene opiniones vinculantes”, recordó.

“Hoy hay unas 26 electrónicas, 6 del plástico, una que se dedica a insecticidas que es Tecnomyl, y luego tenemos dos o tres pesqueras que quedarían afuera. Las textiles son 11 y sus beneficios terminan el 31 de diciembre. Si hay razones fundadas se puede prorrogar en forma plurianual, pero de lo contrario no. Hoy tenemos que bregar para que esas industrias queden bajo el subrégimen, porque están en una situación muy crítica”, manifestó.

Asimismo, recordó la vigencia de la resolución 47/18, dictada durante la presidencia de Macri, que “le da los beneficios a los productos con hasta un 50% de valor agregado extra zona. Además está el decreto 1049, que devolvió los beneficios a las nuevas inversiones hidrocarburíferas, reglamentado en esta gestión. Estas dos herramientas son las que van a permitir el crecimiento de la provincia, con la industrialización de los recursos naturales”, afirmó.

“También tengo un proyecto de ley de compre-fueguino, que nunca se cumplió. Si no hay, se tienen que desarrollar proveedores locales, porque no puede ser que todo se compre en el continente cuando se pueden crear fuentes de trabajo acá. Hay que fortalecer esa ley”, concluyó.