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El legislador del MPF remarcó la vigencia de la ley 749, que no diferencia entre docentes públicos y privados al momento de liquidar el adicional por material didáctico. Sin embargo en 2009 se dictó el decreto 1520 que solamente lo reconoce para docentes públicos. Por cuestión de jerarquía un decreto no puede ir por encima de la ley y, si es necesario aclararlo, trabajará en un proyecto para dar fin a un conflicto que se repite año a año. Primero espera agotar la instancia con el Poder Ejecutivo y que la ministra Analía Cubino reciba a los representantes de instituciones de gestión privada. A su criterio depende de una decisión política, porque el monto involucrado ronda los 50 millones y se paga en forma no remunerativa por única vez.

Río Grande.- El legislador Pablo Villegas recibió junto a su par Emanuel Trentino a los representantes de colegios públicos de gestión privada que reclaman el pago del adicional material didáctico. En función de este conflicto el sector se sumó a la medida de fuerza del SUTEF y recurrieron a la Legislatura para que pueda mediar con las autoridades provinciales.

Por Radio Nacional Ushuaia, Villegas informó que “junto al legislador Trentino en el área de comisiones recibimos a distintos representantes de colegios de gestión privada, por esta situación que tiene su origen en la interpretación del decreto provincial 1520 del 2009, relacionado con el adicional material didáctico. El gobierno de la provincia reconoce este ítem de carácter no remunerativo a los docentes estatales y fue pagado en el mes de marzo; pero no es así con los docentes privados. Lo que manifestamos es que, si bien la solución no se encuentra en el ámbito legislativo, vamos a actuar con buenos oficios ante las autoridades del Poder Ejecutivo, para que la Ministra de Educación los pueda recibir y tratar este tema que provocó una medida de fuerza”.
Lo cierto es que hasta ahora la ministra no los ha recibido. “Ellos nos han manifestado que tienen muy buen diálogo con distintos funcionarios del Ministerio de Educación pero no así con la ministra en particular. A uno le llama la atención porque conoce los actores del sistema y sabemos que son abiertos a discutir y debatir distintos temas. Nos llamó la atención que en este caso particular la ministra no los reciba para ponerse de acuerdo respecto de esta ayuda para material didáctico, que representa una suma no remunerativa de casi 42 mil pesos por cargo para cada docente”, indicó. 

“El legislador Trentino dijo que iba a ponerse en contacto con el Jefe de Gabinete, yo también me voy a comunicar con otros funcionarios del Poder Ejecutivo, para ver si los pueden recibir y tratar de encauzar este conflicto de la mejor manera posible”, se comprometió.

La importancia de los privados

El legislador puso en valor a las instituciones de gestión privada en función de que “tienen un universo de 11 mil alumnos”, que no podría absorber el sistema estatal. “Es importante su participación en el sistema educativo provincial”, subrayó, y estimó que el adicional implicaría “una suma total de 50 millones de pesos, por lo que estuvimos hablando. Veremos si existe la posibilidad no solamente financiera sino también la decisión política de reconocerle este adicional a los docentes privados”, expresó.

Para Villegas “hay una diferencia interpretativa de la ley 749, que no discrimina el reconocimiento de la ayuda para material didáctico a los docentes de gestión pública o privada, pero está el decreto 1520 de 2009 y un fallo en particular ante un planteo de estas características de un docente, que fue rechazado. Son antecedentes de los que tomamos conocimiento y yo estoy en pleno análisis jurídico de esos antecedentes. Si la ley 749 es clara, por una cuestión de jerarquía, un decreto no puede ir en contra de lo que plantea la ley. En todo caso, si es necesario plantear legislativamente alguna cuestión para que quede más clara la redacción de ese reconocimiento, se trabajará en consecuencia”, adelantó. 

Recordó que en algún momento se pagó el adicional a los docentes de gestión privada, pero posteriormente en la gestión Ríos se dictó el decreto que sirvió de base para el fallo del juzgado laboral, que va en contra del reclamo. “A mí me gusta estudiar cada caso y antecedente, así que lo voy a analizar y, si tengo que hacer una propuesta legislativa al respecto, la voy a hacer”, reiteró.

Consideró importante que antes de avanzar en la Legislatura “se reúnan las partes, la Ministra de Educación, que es la mayor referente del área en la provincia, junto con los representantes de las instituciones de gestión privada, para ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, un pago en cuotas, y sobre todo si existe la voluntad política de reconocer el adicional, para lo que se deberá modificar el decreto 1520 de 2009”.

“Si no hay voluntad política y hay una diferencia interpretativa de la ley 749, que reconoce el pago de material didáctico, habrá que trabajar en un proyecto modificatorio de la ley para darle mayor certeza a este reclamo. En principio hay que agotar la instancia del Poder Ejecutivo provincial”, planteó.

Diferencias ideológicas

Se le preguntó si de fondo en este conflicto hay algún ingrediente ideológico. “Por ahí se cuela un sesgo de carácter ideológico respecto de estas instituciones educativas y ahí es donde uno tiene que poner palabra como legislador provincial. Yo soy de aquellos que piensan que, si bien la Constitución establece como función prioritaria la educación en cabeza de la provincia, no hace referencia a que esa educación sea de gestión estatal, sino que también habilita la gestión privada. Sabemos que estas instituciones cumplen un rol muy importante, y satisfacen la demanda de un sector de la sociedad que el Estado no podría llegar a cubrir. También en el área de Salud hay efectores públicos y privados. Hay que dejar de lado cualquier tipo de sesgo ideológico y trabajar de manera mancomunada, porque en el medio están los chicos y el acceso al derecho a la educación. Hay que guardarse en el bolsillo cualquier prejuicio de carácter ideológico que se pueda tener y actuar en consecuencia”, recomendó.

Insistió en la prioridad de “aperturar ante el Poder Ejecutivo una instancia en primer término y, si esa instancia no es factible o no se obtienen los resultados, actuar como legislador provincial y presentar un proyecto de ley para esclarecer una situación que se viene repitiendo en el tiempo, porque todos los años genera este tipo de conflicto que hay que evitar”.

“Es un reclamo que se repite en el tiempo y distintos funcionarios del Poder Ejecutivo no han tenido inconveniente con las instituciones privadas para ser recibidos y trabajar de manera conjunta, pero pareciera ser que para ser recibidos por la Ministra de Educación hay un problema. Nosotros vamos a tratar de intermediar para ver si se puede resolver. Mi compromiso personal es actuar en consecuencia desde el ámbito legislativo si hay que plantear algún proyecto de ley para correr, de una vez por todas, este problema”, sentenció. 

Sin actividad

Por otra parte se lo consultó sobre las críticas que recibe la Legislatura por la falta de actividad, en especial este año, dado que no hay reuniones de comisión ni sesiones ordinarias todavía. “En marzo yo constituí la comisión 6 y pudimos obtener dictamen para un proyecto de ley de amparo en el que veníamos trabajando hace tiempo. Está a resultas de la sesión, que seguramente va a ser la semana que viene, para poder ser sancionado. Por lo menos uno intentó hacer lo que estuvo a mi alcance, nada más y nada menos para obtener por primera vez en la vida institucional de Tierra del Fuego un proyecto de ley de amparo, que nos va a permitir tener una herramienta legal propia de los fueguinos. Vamos a dejar de lado un decreto-ley de la Dictadura, que utilizamos hoy para defender nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Teóricamente el jueves 8 podríamos llegar a tener sesión”, concluyó.