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Columna de opinión del ingeniero Enrique Schoua.

A pesar de la promulgación del Decreto Nacional 727/21 del 22 de octubre de 2021, que prorroga por quince años más, el régimen de promoción industrial, desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 21 de diciembre de 2038, para todas aquellas empresas que como condición de esta prórroga, hayan aceptado (Decreto Nacional 725/21) aportar el 15% del IVA ventas al denominado Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, cuyo objeto es la financiación de proyectos estratégicos destinados a, tal como lo indica su nombre: “La Ampliación de la matriz Productiva de Tierra del Fuego”, continúan campañas publicitarias contra la vigencia del régimen de la ley 19640, campañas éstas financiadas por los tradicionales lobbies importadores, viejos enemigos de la producción nacional, consolidándose a lo largo y ancho del país, la versión, de que en nuestra provincia prácticamente no hay fábricas.
Últimamente, un par de “conspicuos periodistas” de la TV Argentina, han repetido en varias oportunidades que la ley de promoción está vigente solo para beneficio de dos empresas, una que responde al PJ y la otra a JxC. Y lo grave es que algunos políticos lo creen. Como nuestra población está muy acostumbrada a que en el país hay negocios turbios por doquier, y como de paso nuestra isla queda lejos y es desconocida por mucha gente que nunca vino ni vendrá de visita, esta versión ha tomado estado público.
Se hable con quien se hable, incluidos conocidos conductores televisivos, aquí solo hay galpones donde un puñado de operarios cambian las etiquetas que rezan, MADE IN CHINA por las de “FABRICADO DE TIERRA DEL FUEGO”, y la consabida banderita fueguina, para luego embalar productos con escaso aporte de mano de obra local, ya que todo viene semielaborado casi listo para embalar.
La idea de que todo el mundo repita, que las empresas, que trabajan al amparo del régimen de promoción en Tierra del Fuego, no hacen nada, ni dejan ningún beneficio ha ido tomando fuerza a través de los últimos años. Esta estrategia, ha sido elegida por los detractores del régimen, con el objeto de que cuando logren hacer caer el mismo, y con ello a las empresas con sus descalificadas fábricas, la opinión pública nacional, ni se inmute. Si después de todo nada se perdió, dirían. Allí no había fábricas eran ensambladoras, en las que muy poca gente había trabajando en ellas, asegurarían. Y para los pocos que quedaran sin trabajo, y bueno, que se les de un plan.
Ahora bien, de la lectura del texto de la ley 19640 correspondiente al sub régimen industrial, surge claramente que el simple ensamble no está permitido, en tanto se debe cumplir lo establecido en esta ley que regula la actividad industrial y establece los procesos a cumplir en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (AAE).
El proceso mínimo obligatorio para fabricar productos en los que participen materias primas no originarias del Área Aduanera Especial, por ejemplo importadas del Territorio Nacional Continental (TNC) o de terceros países, al amparo de la ley 19640, debe cumplir lo establecido en la misma para acreditar origen y gozar de los beneficios. Es decir el artículo 21 inciso b y el artículo 24 incisos a y c. El proceso debe revestir el carácter de transformación sustancial, a la vez que el producto resultante debe presentar un salto de partida arancelaria respecto de las partes que componen el mismo. En el caso de la producción electrónica, no están permitidos los componentes electrónicos insertados en las placas de los circuitos impresos. Es decir las partes que intervienen en el proceso deben ingresar al proceso completamente despiezadas, así sean nacionales o importadas. Esta característica que debe cumplir el proceso es fiscalizada por los inspectores de la Dirección de Industria de cada Ciudad. Además los vistas de Aduana que verifican las mercaderías ingresadas a cada planta ya sean importadas o nacionales, conocen los requerimientos, y son celosos custodios del cumplimiento de como deben ingresar las mercaderías, interdictándose éstas en caso de no cumplir lo normado.

¿Cómo se define el proceso a cumplir?

Para cada producto nuevo, por ejemplo Televisores las empresas deben presentar una propuesta de proceso productivo, ante la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE). Esta debe evaluar la propuesta y de ser necesario, en caso de ser objetada, solicitar modificaciones de forma de cumplir con lo regulado en la 19640 arts 21 y 24. En este caso vuelve el expediente a la empresa en cuestión, la misma corrige el proceso en función de lo señalado por la CAAE y vuelve a presentar la propuesta de proceso. Si finalmente la propuesta es aprobada por la CAAE que depende de la Provincia, ésta eleva las actuaciones a la Secretaría de Industria de la Nación, la cual, al igual que la CAAE, vuelve a evaluar la propuesta de proceso presentada. De ser eventualmente objetada la propuesta vuelve a la empresa, la que tendrá que atender las objeciones y corregir el proceso presentado, y volverlo a presentar.
Finalmente, cuando el proceso cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Industria de la Nación emite una resolución, que aprueba el proceso presentado, indicando en un diagrama de flujo los pasos que debe cumplir el mismo. A partir de esta resolución, que tiene vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, todas las empresas que pretendan producir televisores quedan obligadas a cumplir el proceso establecido en la misma para acreditar origen.
El mismo procedimiento se aplica para todos los productos autorizados a producir en Tierra del Fuego ya sean Electrónicos, Textiles, Plásticos y Agroquímicos.
Así, para cada producto que se fabrica en Tierra del Fuego hay una resolución de la Secretaría de Industria de la Nación que establece cuál es el proceso mínimo que tiene que cumplir. En el caso de los televisores, los componentes que integran el producto terminado que varían entre 600 y 700 piezas, dependiendo del modelo, deben ser procesados tal como lo indica la resolución mentada.
Sin embargo, los detractores del régimen, que pretenden la cancelación del mismo, con el propósito de descalificarlas, sostienen que las fábricas no son tales, en tanto que se limitan a ensamblar, o mezclar productos semielaborados, con un nivel muy bajo de aporte de mano de obra local. Por ejemplo, aseguran, que las plantas de productos electrónicos son ensambladoras, y que para ser consideradas fábricas y no armadurías deberían producir también sus componentes, o sea integrar verticalmente las partes y piezas. Es decir, deberían producir los capacitores cerámicos, los capacitores electrolíticos, los capacitores de tantalio, los diodos, los transistores, los inductores, los potenciómetros variables, los resistores, los circuitos impresos, los circuitos integrados, los chips, etc., lo cual no es requerido por la ley de promoción, a más de que desde el punto de vista industrial, por una cuestión elemental de economía de escala no es económicamente realizable.
Esto sería equivalente a sostener que para que una empresa que fabrica pastas frescas, para poder ser calificada como fábrica, debería producir también, los componentes primarios que intervienen en el proceso, es decir poseer una fracción de tierra para sembrar y cosechar el trigo, más el molino harinero, más la plantación de espinaca para el relleno, el gallinero para los huevos, etc etc. Sin embargo es obvio y fácil de comprender que estas empresas compran de terceros, la harina en bolsas, los vegetales en latas, y los huevos, etc etc a empresas especializadas. Para dar más claridad a esta explicación es bueno considerar que cuando “Dona Rosa” sale a comprar los ravioles frescos del domingo, dice: “Voy a la fábrica de pastas”. Nunca se le escuchó decir: “Voy a la ensambladora de ravioles”.
Como a veces el refrán que dice “para muestra basta un botón”, no es suficiente, es bueno, seguir comparando la industria fueguina con otros tipos tal como lo sería, la industria automotriz, la que definitivamente, no produce sus propias cubiertas sino que las compra en fábricas de cubiertas como Good Year o Firestone. Y tampoco tiene telares para fabricar los tapizados de los asientos, ni tiene la planta de producción de cristales para los parabrisas lunetas y ventanas, como tampoco fabrican en sus plantas las alarmas electrónicas, los equipos de auto radio, ni las baterías, sino que todos estos items y muchos más los adquieren en empresas especializadas, y pasan a formar parte de las materias primas de las fábricas de automotores.
Siguiendo con los ejemplos, ya que “lo que abunda no daña”, a nadie se le ocurriría que para montar una fábrica de camisas, habría que contar con una hilandería, para luego en una tejeduría hacer las telas, contar con la sección tintorería y estampado, y sin olvidar de instalar una sección de inyección de plásticos para producir los botones y las ballenitas de las camisas. Casi cualquier persona medianamente inteligente sabe, que las materias primas para este tipo de industria, (confección de camisas), son las distintas telas, el hilo de costura, los botones, las ballenitas, y los elementos de empaque o embalaje.
En una fábrica de zapatos de cuero, ingresan como materias primas los fardos de planchas de cuero ya curtido para su procesamiento industrial. Nadie nunca vio entrar vacas caminando, con destino al matadero para faenamiento en alguna fábrica de zapatos.
Y así podemos seguir con innumerables ejemplos muy simples y fáciles de entender. La integración vertical, en muchos casos es anti económica, por una cuestión de economía de escala, y por lo tanto, en la cadena de valor la incorporación de muchas partes y piezas en la industria automotriz, queda en cabeza de las empresas que se denominan autopartistas, como ser, fábricas de bocinas, fábricas de baterías, fábricas de volantes, fabricas de auto radios, fábricas de cristales, etc.
Lo mismo sucede en la industria de producción de pastas, y en la de confección de camisas que describimos.
El mismo criterio se aplica en las fábricas electrónicas de Tierra del Fuego. Las mismas adquieren las partes y piezas que componen un equipo electrónico, a terceras empresas. Los capacitores los proveen, fábricas de capacitores, las resistencias, las fabricas de resistencias, los circuitos integrados, las fábricas de circuitos integrados, y así con el resto de los componentes.
Ahora bien, en este proceso de integración horizontal, las empresas que producen partes y piezas destinadas a integrar el listado de materias primas de otras empresas, son generalmente PyMEs dedicadas a un solo rubro, y en el caso de la industria automotriz y de la electrónica, tuvieron su esplendor en nuestro país hasta fines de los 70, luego fueron desapareciendo, siendo reemplazadas por importación.

¿Las causas?

Las sucesivas crisis económicas, la constante modificación de reglas de juego, la ausencia de seguridad jurídica, la política económica pendular, el impuesto inflacionario, etc etc lograron su desaparición y reemplazo por proveedores de terceros países, perdiéndose importantes fuentes de trabajo argentinas, en especial en los rubros textil, metal mecánica,.electrodomésticos y electrónica.
En el caso de Tierra del Fuego, distinta sería la situación de la Provincia si tuviéramos desarrollada localmente la industria de partes y piezas, tal como lo era en los 60´s y los 70´s en Buenos Aires.
Pero esto no ha sido posible a lo largo de estos últimos 40 años, debido a las causas anteriormente mencionadas, a lo cual hay que sumarle el hecho de que a las empresas les resulta más sencillo, tener un solo proveedor de kits, en lugar de decenas de proveedores, y por otro, no hubo voluntad de promover esto por parte de la dirigencia política, a cargo de la administración y conducción de nuestra Provincia, para quienes en su agenda la prioridad la tuvo siempre la próxima elección en lugar de la próxima generación.
Sin lugar a dudas, el régimen de promoción de la ley 19640, permitió que Tierra del Fuego, un Territorio Nacional, cuya población en 1972 (13.000 habitantes) era mayoritariamente extranjera, se convierta en una provincia, con mayoría de habitantes argentinos, y en constante desarrollo y evolución.
Ahora bien, regímenes similares en otros países, dieron origen también a la instalación de plantas terminales electrónicas que inicialmente importaban el 100% de los componentes de terceros países.
Pero con el correr del tiempo se fue desarrollando la industria de partes y piezas en cada uno de estos. Consolidándose así un polo de desarrollo industrial tanto en Taiwán, como en Kong kong y Corea del Sur.
En Tierra del Fuego, a más de cuarenta años de haberse iniciado la radicación de plantas fabriles al amparo del régimen de promoción, la industria de partes y piezas nunca se desarrolló to. Por un lado debido a que nunca se planteó esto como objetivo, desde los distintos gobiernos de turno. Y por otro por la inexistencia de interés por parte de posibles inversores para nada atraídos, pese a los incentivos, debido la inestabilidad en lo relativo a la continuidad del régimen, que comenzó a recibir embates desde que se instalaron las primera plantas en 1977.
Mucho se habla hoy del cambio de la matriz productiva de Tierra del Fuego, de forma tal de no depender de materias primas importadas del exterior, sino de los recursos naturales disponibles.
Pero esto llevaría no menos de 10 o 20 años. No de un día para otro la Isla se podría transformar en un polo petroquímico, pesquero, o maderero, de tamaño tal de albergar 200.000 o 300.000 habitantes en la Provincia, con trabajo estable en el ámbito industrial y comercial, y sin depender del Estado como generador de empleo. Por supuesto que este es un camino que debemos transitar, pero sin desactivar la actual estructura industrial que genera empleo genuino, y que seguramente se puede mejorar.
La continuidad del régimen, tal como lo hace Brasil en Manaos, se debe resolver desde la política, sin que influyan intereses espúreos.
Para ello es necesario hacer un aporte clarificador respecto del mito del costo fiscal.
Es común encontrar en algunas publicaciones cálculos de costos fiscales presuntos por valores de hasta 600 millones de dólares anuales. Hace muy poco, una desconocida fundación que sostiene haber estudiado el régimen, llevó esta cifra a más de 1000 millones de dólares anuales. Es una práctica corriente por parte de algunos funcionarios nacionales, al momento de hacer estos cálculos, soslayar los emergentes de la operatoria, que generan ingresos al fisco, a saber, Ingresos Brutos, Tasas y Contribuciones Municipales y Provinciales. También se comete el error al realizar el cálculo, incluir los aranceles de importación de materias primas no tributados, sin atender que tal beneficio es neutro si el producto lo puede proveer Brasil desde Manaos, a 0% de arancel de importación.
Para tener una idea cabal de cual es en realidad el costo fiscal, del régimen fueguino, hay que imaginar el escenario alternativo. Es decir, si no hay promoción, en Tierra del Fuego, el mercado interno se abastecería de productos electrónicos importados, seguramente desde Manaos, con la consiguiente erogación de divisas, y por ser integrante del Mercosur le permite a Brasil ingresar sus productos en nuestro País, como intrazona, es decir sin la obligación de pagar aranceles de importación. Solo se pagaría IVA y Ganancias, pero su impacto no sería el que suponen muchos, porque al desaparecer la actividad industrial en Tierra del Fuego, la provincia perdería el 30% de sus ingresos tributarios, ya que las fábricas no generarían los impuestos por Ingresos Brutos correspondientes a su actividad, como tampoco aportarían lo correspondiente a las tasas provinciales y municipales que normalmente abonan, las que son proporcionales al la producción realizada.

Además de perder también la Provincia los fondos que normalmente recauda en concepto ingresos brutos producto del consumo en Tierra del Fuego por parte de los empleados fabriles, consumo que al caer, impactaría fuertemente en la actividad comercial, que indudablemente terminaría endeudada y sin perspectivas.
Entonces, no existiendo fuentes alternativas de trabajo, los desocupados, que no solo serían los ex empleados fabriles sino que también muchos empleados de comercio, cuentapropistas, emprendedores mono tributistas, etc, pasarían a formar parte de los consabidos planes nacionales, además de que el tesoro Nacional debería soportar financieramente a la Provincia con aportes ATN, además de contribuir con fondos para paliar el deficit originado en el ANSES por la falta de aportes a la seguridad social, por parte de las empresas que no estarían más y de los ex empleados que ya no lo serán más. Por lo que, el costo fiscal disminuiría algo pero no como se imaginan.
Estudiando a fondo este tema, entre todos los actores involucrados, seguramente se podrá mejorar el esquema actual. Acción esta que debe involucrar a todo el espectro político, quienes deberán establecer como política de Estado la defensa de esta tierra, de forma de dar continuidad en el tiempo a una política de crecimiento sostenido con reglas de juego claras y estables, estrategia clave para promover la inversión productiva. De lo contrario, se dejará abandonada a su suerte a esta Joven Provincia y a los argentinos que desde otras provincias fueron atraídos por la promesa laboral, se afincaron, contribuyeron a su crecimiento, a través de los últimos 40 años fueron integrándose al paisaje fueguino, y hoy podemos decir que son parte de su historia.