El Ministro de Educación no dará marcha atrás con los descuentos salariales a los docentes por los días de paro. Paralelamente avanza una investigación encargada por la gobernadora, sobre el alto nivel de ausentismo. También reconoció el gasto que implican las licencias gremiales, superior a los 50 millones por año y con seis mil horas asignadas. Además aseguró que la reducción en Educación Superior se debe por observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la asignación de 1.400 horas. Y destacó el inicio de diálogo, formal e informal, que intenta resolver el conflicto.
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Río Grande.- El ministro de Educación Diego Romero fue consultado ayer sobre algunas medidas para corregir la herencia recibida del anterior gobierno, como el alto ausentismo docente, gran cantidad de horas cátedra asignadas sin control, al igual que licencias gremiales que casi en su totalidad recibe el SUTEF.
Respecto del ausentismo, superior al 50 por ciento, dijo por Radio Universidad 93.5 que “la gobernadora ha solicitado una investigación en relación a qué tipo de enfermedades tienen los docentes, las edades en que se enferman, porque para tomar decisiones antes hay que tener un diagnóstico. Abundan las licencias psiquiátricas y habrá que ver las causas por las cuales se establece ese alto porcentaje de ausentismo por enfermedad”.
Afirmó que “esto es una preocupación de todas las provincias y así se estableció en la reunión de diciembre del consejo federal. Mendoza ha puesto el presentismo ahora como parte del aumento salarial, y todas las provincias están buscando alternativas para solucionar este problema. Es importante el diagnóstico para tomar decisiones y para no generalizar”.
Los descuentos más altos
En cuanto a los descuentos a los docentes por los días de paro, reconoció un alto porcentaje “porque es el ministerio que más personal tiene”, y no habrá marcha atrás: “En el Consejo Federal de Educación hubo un acuerdo en febrero, no firmado, para que día no trabajado fuera día no descontado”, manifestó.
Educación superior con menos horas
La reducción de 1.400 horas en Educación Superior fue explicada por el funcionario y en principio negó que haya sido tal, porque se habían asignado en diciembre, antes de que Ríos dejara el gobierno.
“No hay una reducción de horas. Lo que hice fue dar de baja a una resolución de diciembre de la gestión anterior, donde se otorgaban cargos y paquetes de horas a distintas instituciones de Educación Superior que dependían directamente del Ministerio. Hablamos de los dos IPES, CENT 35 y los CENS”, precisó.
“Una de las denuncias más graves del Ministerio de Educación fue el destino que se le daba a las horas cátedra y las observaciones que hay del Tribunal de Cuentas, por las cuales toda hora cátedra tiene que estar justificada. Esas horas de estos institutos superiores no tenían destino específico. Eran paquetes de horas que no se sabía adónde iban. Yo planteé a los rectores que, si necesitaban horas, las pidan a través de proyectos específicos, con objetivos y con tiempo, para poder autorizarlas”, expuso.
En el caso de los cargos, dijo que los tuvo que dar de baja “porque estaban en un mismo instrumento legal, y le solicité a los docentes que concursaron esos cargos, que hagan el reclamo pertinente para que se le puedan otorgar, si era necesidad de la institución. Yo no les he negado las horas, di de baja un instrumento legal que tenía observaciones del Tribunal de Cuentas, y he dicho que las pidan de otra forma, y que tengan identidad. También pedí que, si concursaron esas horas, enviaran el proceso para saber sobre la asignación y ver si era correcta. Pero no me llegó nada todavía. No fue un capricho mío con relación a estas horas: hubo observaciones del Tribunal de Cuentas y un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos”, remarcó Romero.
“Reclamos por escrito no me ha llegado ninguno, todo lo hacen a través de las redes sociales pero ningún rector me solicitó un replanteo por las horas que se dieron de baja”, ratificó.
Licencias gremiales
Por otra parte, se refirió a las licencias gremiales, que insumen entre 50 y 55 millones anuales, para 200 dirigentes que acumulan seis mil horas cátedra. Romero reconoció que “la mayoría son horas del gremio del SUTEF en un 80% aproximadamente, y luego de ATE. El procedimiento de licencias es lento y una vez que hacen uso, es difícil controlarlas. La justicia el año pasado solicitó que se informe con anticipación para hacer el descuento pertinente y ahora estamos tratando desde la Secretaría de Recursos Humanos una forma de agilizar los procedimientos administrativos”.
“En otras jurisdicciones no perciben licencias gremiales pagas, y se paga solamente a los cargos de los que han sido electos, pero no en esta provincia. Hay un desequilibrio con el tema de horas cátedra”, dijo.
El beneficio alcanza a los delegados y “hay un porcentaje de delegados en cada una de las escuelas. Esas licencias, que son créditos, las presentan como si fueran cheques. La entidad gremial justifica las horas cátedra que estuvo ausente y es un gasto, porque hay que cubrir con un suplente esas horas cátedra de licencia”, señaló.
Millones en juego
Con “140 instituciones educativas en la provincia”, porque “hay estructuras que se comparten entre dos o tres instituciones”, y “siete mil docentes que pueden estar en una o varias instituciones”, es la cartera con el presupuesto más grande y con mayores problemas de control en la asignación.
Romero señaló que existe un tope de “42 horas cátedra” pero un docente puede acumular “hasta 54, si no hay docentes para cubrir determinados espacios”.
El valor de cada hora es más que significativo para las arcas provinciales: “Una persona que recién inicia, tiene el 40% de antigüedad. Cada hora está entre 500 y 600 pesos, incluyendo aportes. Todo eso es remunerado y hay que sumar el incentivo docente, que es no remunerado. Es una ayuda de Nación y, el que tiene dos cargos o 42 horas cátedra, cobra doble. El incentivo docente estaba a 520 pesos y Nación aumentó 400 pesos más, así que quedó en 920 por cargo”, indicó, cifra que se duplica en los casos mencionados.
Así las cosas, no se prevé ninguna ayuda del Ministerio de Educación de Nación para resolver el conflicto, que “ya dejó de ser un conflicto salarial y ha pasado a ser político, y además se amplió a todos los gremios”, dijo Romero.
Amparo de padres
El ministro dio cuenta del “oficio urgente” que recibió en Ushuaia a partir de la acción de amparo que inició un grupo de padres, en reclamo por el derecho a la educación de sus hijos.
La justicia “nos dice que tenemos que asegurar el derecho a la educación de los niños y tenemos que dar respuesta a ese oficio, por eso ayer –por el lunes- recibí a los padres autoconvocados que hicieron la presentación a la Defensoría. Con el equipo de Educación estamos viendo la forma pedagógica y administrativa para asegurar el inicio de clases a los niños que no lo han tenido. El porcentaje de adhesión ha ido bajando en las últimas semanas pero hay niños que todavía no comenzaron sus clases”, admitió el funcionario.
Diálogos en marcha
En otro orden de cosas, se le consultó sobre la mesa técnica que se abrió en la Legislatura, para intentar destrabar el conflicto. “El diálogo se está dando y hay negociaciones que se dan de una forma oficial y otras que no se ve pero están, y las dos son válidas”, dijo el ministro.
Y adelantó que, dado que “el gremio ha pedido una prórroga a la paritaria, seguramente se la vamos a conceder”.
Por último no quiso confirmar si el dirigente del SUTEF Horacio Catena se encuentra efectivamente exonerado: “Todavía no se ha notificado a nadie de ninguna exoneración. Hasta que no se notifique a las personas no voy a poder adelantar nada”, concluyó.
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