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El director por los activos del IPAUSS aseguró que el gobierno ya transfirió la obra social a Nación y “en menos de dos años” ocurrirá lo mismo con la caja de previsión, por efecto del paquete de leyes aprobado en enero. Mencionó varias denuncias penales radicadas contra el actual gobierno por deudas de aportes y contribuciones, hasta que el presidente Rubén Bahntje “dio órdenes de no pasar más información” sobre lo que ingresa. Hace dos meses los directores no podrían conocer si se giran o no los fondos del IPAUSS.

Con más de 20 mil afiliados, indicó que como consecuencia del paquete de leyes aprobado en enero y particularmente por lo dispuesto en la ley 1071, se armonizó la obra social y es la antesala para la transferencia de la caja a Nación.

Río Grande.- El director por los activos del IPAUSS Gustavo García dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del organismo y sostuvo que “no es para nada buena y hacia el futuro es peor todavía”.
Con más de 20 mil afiliados, indicó que como consecuencia del paquete de leyes aprobado en enero y particularmente por lo dispuesto en la ley 1071, se armonizó la obra social y es la antesala para la transferencia de la caja a Nación.
La ley 1071 “crea la nueva obra social, porque ya no es más de los empleados públicos sino que es una obra social provincial, a la que pueden afiliarse los privados”, dijo, y detalló que en el articulado se adhiere a leyes nacionales “que rigen en prestaciones médico asistenciales. Con esto nos adherimos al Ministerio de Salud donde hay organismos que se encargan de fiscalizar, como el ANSSAL –Administración Nacional de Seguro de la Salud-, que va a fiscalizar qué prestaciones se dan y cuáles no se van a dar. Básicamente se plantea una equidad en la cobertura de prestaciones y nos tenemos que armonizar. A mi entender es una baja en el acceso a las prestaciones”, interpretó.
Aseguró que esa misma norma “también se crea un fondo de redistribución y la obra social tiene que aportar el 15% de los recursos que tiene. En plata, hoy son nueve millones que tenemos que transferir por mes, aunque no nos transfieran los recursos que corresponden al IPAUSS”.
“El ANSSAL se encarga de ver en qué sector hace falta planes especiales o alguna ayuda financiera y esa plata va destinada a eso”, sostuvo.
Advirtió que con la desregulación de la obra social, se viene el quiebre en poco tiempo. “A partir del 11 de diciembre todos los empleados públicos van a poder elegir la obra social. A nivel nacional ya se vivió un gran conflicto y muchas obras sociales sindicales quebraron. Generalmente quedan los jubilados, que son las personas con mayor consumo de la obra social; se quedan los enfermos crónicos, los oncológicos; y los que se van son los que pueden pagar planes especiales en función de lo que van aportando. Con esto los ingresos a la obra social van a ser menores y los egresos mayores”, afirmó.
“A eso hay que sumar el ingreso de todas las personas que no tienen cobertura en la provincia, porque se los incluye y no va a ingresar plata de esas personas porque no tienen trabajo. Esto significa el quiebre total de la obra social del IPAUSS en un futuro cercano, y la transferencia de la caja de los empleados públicos”, sentenció.

El director por los activos del IPAUSS Gustavo García dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del organismo y sostuvo que “no es para nada buena y hacia el futuro es peor todavía”.

Deudas y denuncias penales

García dio cuenta además de la deuda que dejó la gestión Ríos, por un total de “1.909 millones de pesos”.
“Anteriormente tenemos una deuda certificada y judicializada, con sentencias por más de 600 millones y tenemos la famosa ley 676, que algunos reconocen y otros no. Si cuantificamos esa deuda, son más de veinte mil millones de pesos”, sostuvo de toda la herencia.
“Ya se hizo una denuncia penal contra la gobernadora Ríos, y la gobernadora actual tiene una denuncia penal por evasión de contribuciones”, informó.
“Además se hizo una denuncia penal al gobierno de la provincia, a la Municipalidad de Tolhuin por evasión de aportes y contribuciones, al INFUETUR por evasión de aportes y contribuciones, y a Vialidad Provincial por evasión de aportes y contribuciones, todo de esta gestión”, manifestó.
Hoy no puede asegurar si los distintos entes están cumpliendo con el pago de aportes y contribuciones, porque “a partir de esas denuncias, el presidente del IPAUSS dio órdenes de no pasar más información a los directores de lo que ingresa o no ingresa. Hace dos meses que no podemos tener información y no sabemos nada sobre lo que pasa el gobierno o no. En función de eso, no podemos hacer más denuncias penales”, dijo.
Agregó que “los nuevos legisladores nos sacaron todas las facultades, no solamente para no denunciar sino porque no podemos gestionar nada”.
Para el director, “técnicamente no hay fundamento para llevar adelante este paquete de leyes. El IPAUSS no está en emergencia y el déficit previsional, que ronda los nueve millones, se podría cubrir con una parte de lo que nos deben. El máximo deudor es el gobierno y después están los municipios, porque le debe todo el mundo al IPAUSS. Sacamos leyes para perjudicar a los trabajadores cuando son ellos mismos los que generan la crisis”, cuestionó.
García ratificó que con estas leyes “han armonizado la caja y el próximo paso es la transferencia al ANSES. Hoy el primer paso es la obra social y seguramente, a más tardar en dos años, la caja de previsión desaparece de la órbita de la provincia. Ya el primer paso fue la separación de la caja”, señaló.

Pagos a jubilados

Consultado sobre los pagos a los jubilados, teniendo en cuenta el aporte solidario y las medidas que fueron dispuestas para cancelar haberes en tiempo y forma, García dijo que “estamos haciendo cinco tramos y no se mejoró nada la situación de lo jubilados. Al contrario, se empeoró, porque encima tienen que pagar para que les paguemos el sueldo, porque están haciendo un aporte ahora”.
Además, observó que como consecuencia del paquete de leyes “no se están dando prestaciones a los RUPE, porque la ley 1072 le da de baja a todo beneficiario que tenga otra obra social y se tienen que ir a la otra obra social que tengan. Si no tienen, se las cubre el IPAUSS, pero mucha gente venía con tratamiento, con medicación y otras cuestiones, y esta nueva ley se los cortó a rajatabla y los dejó desamparados, al bajarlos de la obra social”.
“Automáticamente se tienen que ir a OSECAC u otra obra social, a pedir las prestaciones, pero entre que se da de alta en la otra obra social, hay un período en que se perjudica a las personas porque se les corta el tratamiento”, subrayó.
Dio a conocer los intentos frustrados por incorporar sobre tablas un acto administrativo que permitiría paliar esta situación: “Nosotros habíamos hablado de esta situación en la comisión asistencial y planteamos un acto administrativo que tiene que pasar por el Directorio para ser ratificado, pero no se pudo tratar y hace cuatro días lo queremos poner en el directorio”, expuso.
Recordó que para ingresar, deben contar con “los dos tercios” de los votos, que no han logrado reunir.
Se le preguntó sobre la jubilación del ex gobernador Carlos Manfredotti, y confirmó que ya se comenzó a pagar. Es “una jubilación de 90 mil pesos y aparte hay que pagarle el retroactivo, que calculamos son más de millones”.

Haciendo números

«La jubilación mínima es de 12 mil pesos. La más alta es de 130 mil y no de 230 como dice la Gobernadora. Aquella persona que cobro 230 mil pesos es porque se junta un retroactivo que se efectúa cuando se le da el alta a la persona que se va a jubilar», aclaró. «Vale la pena recordar que los que cobran con sueldos altos es porque fueron gobernadores, intendentes, jueces, o algún funcionario político».
El representante del IPAUSS aseguró que Bertone «no se bajó el sueldo. Porque de esta manera tendría que modificar la ley 855. De lo contrario es ilegal».
De los 5600 jubilados de la provincia, García indicó que «el 50% de los jubilados, cobra hasta 15 mil pesos. De 50 mil pesos a 70 mil pesos, habrá un 20%. De 70 mil pesos a 90 mil pesos otro 20% y de 90 mil pesos a 130 mil pesos, el otro 10%».