La titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia explicó cómo lograron abordar la iniciativa en conjunto con el Gobierno provincial y los bloques de la Legislatura, quienes votaron ayer por unanimidad el proyecto. “Estábamos pidiendo esta emergencia para poder sostener los puestos de trabajo”, confió Claudia Fernández. Tras conocerse la sanción, la Cámara de Comercio de Ushuaia celebró la aprobación por unanimidad de la Ley de emergencia comercial en Tierra del Fuego, que se realizó este miércoles 24 de abril en la Legislatura fueguina.
Ushuaia.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y Vicepresidente nacional de CAME, Claudia Fernández, se refirió a la Ley que suspende las ejecuciones fiscales a los comerciantes de Tierra del Fuego por un año -sancionada ayer en la Legislatura- y planteó que “si bien no es una solución definitiva, representa un alivio para el sector”.
“Estábamos pidiendo esta emergencia para poder sostener los puestos de trabajo”
“En un principio pedimos el período de Emergencia, porque el empresario chiquito es el que no tiene la posibilidad de cancelar las ejecuciones y la decisión no era no pagar, sino ir un poquito hacia adelante. Sabemos que es algo paliativo y veremos como seguimos trabajando con esto. Porque la opción que tuvimos en estos meses, de caída y baja de rentabilidad, era pagar sueldos y después ver qué pasaba con este tema”, dijo en diálogo con Radio Nacional Ushuaia.
En relación con lo anterior, Fernández explicó que la decisión de priorizar el pago de salarios fue lo que impulsó a realizar el proyecto de suspensión de ejecuciones fiscales y remarcó que “cuando los socios se acercaron, el mejor trabajo que hicimos fue poder comunicarlo al Gobierno provincial porque si no teníamos la Ley era imposible trabajar”.
“Gobierno se lo planteó primero a FORJA, que fueron los primeros que presentaron el proyecto, empezamos a trabajar con cada uno de los bloques de la legislatura planteándoles la realidad en los números y la situación de los comercios. A partir de ahí hubo un consenso de todos los bloques y se votó por unanimidad. Es un alivio, no es la solución, pero nos da un año para que se puedan normalizar”, puntualizó.
Por último, Fernández solicitó que tras la sanción de la Ley el paso siguiente para arreglar la situación del sector Comercio tendría que ser la elaboración de una moratoria.
“La moratoria es para que puedan cancelar, porque tampoco es que dentro de un año se levantan las ejecuciones y tengo que pagar absolutamente todo. Pero tenés la posibilidad de organizarte de acá a un año”, destacó la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y Vicepresidente nacional de CAME.
“Celebramos la aprobación de la ley de emergencia comercial en la provincia”
Tras conocerse la sanción, la Cámara de Comercio de Ushuaia celebró la aprobación por unanimidad de la Ley de emergencia comercial en Tierra del Fuego, que se realizó este miércoles 24 de abril en la Legislatura fueguina.
El pedido de su sanción fue hecho por las Cámaras empresariales de la provincia ante la profunda crisis económica que viene azotando a los comerciantes fueguinos con el fin de evitar así el cierre de más comercios y la consecuente pérdida de fuentes de empleo.
Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia aprovechamos la oportunidad para agradecerles a los legisladores la aprobación de esta Ley que incluye medidas de alivio para el sector mercantil.
La mencionada Ley establece que será la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) quien suspenda por el período de un año, el inicio de las “ejecuciones fiscales de toda deuda que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentre en condiciones de ser ejecutada y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite”.
En este sentido, se tomará la actividad comercial del contribuyente “y siempre que la base imponible total del impuesto sobre los ingresos brutos declarada por el período fiscal 2023 no supere la suma de quinientos millones”.
Además, determina que será la AREF la autoridad de aplicación de la normativa, entidad que podrá emitir la reglamentación y la normativa para hacer operativa la herramienta.
Por otra parte, esta Ley autoriza a “la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a suspender el inicio y la continuidad de acciones judiciales de ejecución respecto de sus usuarios”, en función de lo establecido en el artículo 2 de la norma mencionada.
Finalmente, se invita a los municipios y a la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos Ltda. de Río Grande a “dictar normativa de beneficios similares a los aquí previstos”.
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