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Gerónimo Ruiz ex-Secretario General de los municipales de Río Grande y referente del Movimiento de Jubilados Fueguinos, dijo que este movimiento promueve y reclama el tratamiento y la aplicación de la ley Provincial de Abastecimiento, contra el agio y la especulación Nº 844/11.

Río Grande.- Gerónimo Ruiz participó el pasado viernes en el Congreso Internacional Motores del Desarrollo organizado por FINNOVA y concluyó que “los fueguinos vivimos en una provincia cien por ciento subsidiada por las exenciones económicas fiscales y no lo ponemos en valor, mientras que los hombres del comercio y los negocios se reúnen en congresos para hablar de la importancia y el futuro de las políticas de promoción económica en el mundo como la Ley 19640, como ‘oportunidad del desarrollo’ pero, siempre es para ellos, no para tratar las prerrogativas de la economía fiscal, que son del pueblo fueguino para la producción y trabajo del bienestar de sus hijos”.

El Movimiento de Jubilados Fueguinos denuncia que a pesar del subsidio de la ley de promoción los fueguinos pagamos dos veces más caro los bienes y servicios que en el continente”.

Agregó que “la respuesta es simple, se administra mal las políticas de los beneficios y exenciones ‘subsidios’ económico y fiscal de los fueguinos. El gobierno aplica una política equivocada de precios, que es de demanda, en vez de aplicar una política de oferta, que es la política fiscal. Por eso, el 80% de los habitantes fueguinos nos quedamos sin mercado interno y entramos en la pobreza. Y debido a la falta de política fiscal el costo de la vida se quintuplicó en nuestra provincia y la demanda apareció políticamente”.

A modo de ejemplo dijo que “el kilo de pan, el kilo de papas, el kilo de carne, la comida, el esparcimiento, los remedios, el vestido, el cemento, los vehículos, los pasajes de avión, energía; gas, electricidad, nafta, gasoil y todo lo que ingresa a la provincia de Tierra del Fuego, deben estar al 50% de su costo original, es decir, sin los impuestos nacionales para generar el equilibrio justo y necesario para que el habitante en la provincia no pague sobreprecios, como ahora. Mientras en la Isla de la fantasía de los gobiernos que miran para otro lado, dicen: que ‘la provincia enfrenta una compleja crisis laboral’, mientras la recesión económica se traduce en pobreza y dolor por falta de trabajo, la calidad de vida se deteriora y nadie se hace cargo. Pero, tenemos una esperanza”.

Recordó que en el año 2011 se sanciona y se promulga la Ley 844/11 de abastecimiento contra el agio y la especulación, “para administrar el mercado interno de la Provincia de Tierra del Fuego, que surgen de las beneficios y exenciones ‘subsidios’ económico y fiscal del artículo 1° de la Ley 19640. Porque el Estado no está para regalar plata, está para administrar el mercado interno sea nacional, provincial o municipal cuando interviene con políticas económicos y fiscal, para que se amplíe la oferta bajando los precios. De lo contrario, el comercio por acción u omisión se encuentra con el agio y la especulación, delito del orden económico y financiero del código penal”.

“Siempre llegamos a la conclusión, que si la política no está resuelta, la economía no funciona. En Tierra del Fuego se puede ordenar la macro economía con la Ley 844/11 de abastecimiento, si se quiere. Con voluntad política el Gobierno fueguino, puede frenar la crisis social, beneficiando al pueblo o perjudicándolos, porque es una decisión política, hacer cumplir la Ley 844/11. La aplicación de esta Ley genera mercado interno reduciendo el costo de la vida, mediante la administración de los costos de los bienes y servicios que genera las exenciones económica y fiscal de la Ley Nacional 19640, recompone naturalmente el poder adquisitivo del salario y potencia el encauzamiento de las expectativas de los agentes económicos, sin tener que soportar drásticas políticas inflacionarias y recesivas, sino seguiremos con política de demanda haciendo sufrir al pueblo”.

Preguntado por qué cree que el Gobierno se equivoca en la política económica, Gerónimo Ruiz esgrimió que “desde hace mucho tiempo que venimos diciendo que la Ley 19640, es de oferta no de demanda, por eso nuestra provincia de Tierra del fuego no tiene un problema económico de demanda, tiene un problema de oferta, porque los gobiernos fueguinos no aplican las prerrogativas económica y fiscal que manda el Art. 1° de la Ley 19640, subsidian la demanda con planes de empleos, monotributos, bolsones de comida, merenderos y comedores, pero esa política, crea déficit fiscal y dependencia. Por eso, los fueguinos no tenemos una crisis económica, Tierra del Fuego tiene una crisis política”.

Entendió que “está demostrado; estas políticas de demandas crea déficit fiscal y dependencia, incrementan la explotación del hombre por el hombre y el hombre por el Estado, que lleva al trabajador y su familia a vivir con sueldos miserables y tener representantes contemplativos que solo hablan del problema, pero no los resuelven. Por eso, el 80% de los fueguinos vivimos corriendo la liebre, pensando que en algún momento se va arreglar, pero no, porque el 20% viven bien en el confort de la política, con ingresos muy superiores al costo de la vida”.

Dijo que “tenemos que poner en valor la verdad sobre los beneficios y exenciones que son los subsidios que eroga el presupuesto nacional para que exista las prerrogativas económica y fiscal de la Ley 19640, como instrumento para el desarrollo, la producción y el trabajo genuino de los fueguinos, para la consolidación de la soberanía y la proyección geopolítica nacional. Porque la lógica del subsidio de la Ley 19640, es hacer costos y porque la legitimidad de hacer costos sin Ley de abastecimientos, son los beneficios de las exenciones ‘subsidios’ económica y fiscal del Art. 1° de la Ley Nacional 19640. Es decir, si no se hacen costos de los bienes y servicios, no hay legalidad para los subsidios de las exenciones económico y fiscal de la Ley 19640”.

“Por ello, el Movimiento de Jubilados Fueguinos, estamos proponiendo el tratamiento y la aplicación de la Ley Provincial 844/11 de abastecimiento contra el agio y la especulación. Porque la ley Nº 844/11, además de ser complementaria de la ley Nº 19.640, fue elaborada para dar el marco jurídico necesario, en cumplimiento del art. 1° de dicha Ley nacional, teniendo como beneficiario directo al habitante de nuestra provincia, asegurando y garantizando su economía y bienestar para él y su familia, con ello arraigar a la mayor población argentina posible en función de lograr el ejercicio pleno de la soberanía territorial”.

Recordó que “desde su creación, la ley Nº 844, prevé una administración de los beneficios y prerrogativas de las exenciones económica y fiscal que todos los habitantes fueguinos deben gozar en virtud del art. 1. de la ley nacional Nº 19.640.

Pero, los gobernadores sistemática y reiteradamente no cumplieron el mandato constitucional de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, que ordena en su art. 135, inc. 3 y tampoco la Legislatura provincial interpeló al ministro del área, como corresponde al art. 140 de nuestra constitución, provocándose de este modo un enorme daño a la economía de todos los fueguinos, incluso los funcionarios provinciales provocaron y provocan una ruptura del orden constitucional previsto en el art. 3 de la misma, donde se prevé explícitamente la sanción correspondiente”.

Visto esta situación económica y social que nos afecta a todos y más a los humildes, es más que urgente la necesidad de darle un tratamiento profundo y efectivo a este derecho de los fueguinos tan necesario para recuperar el mercado interno para el desarrollo de nuestra provincia y su gente. Y considerando estas razones, es imperativo generar una fuerza con todas las instituciones y organizaciones del trabajo y la producción interesadas y beneficiarias directas con la aplicación de la ley 844/11 e instar al poder ejecutivo provincial, la inmediata aplicación de la misma cumpliendo con lo previsto en dicha ley, so pena de aplicación de lo previsto en nuestra constitución provincial y las leyes”.

Por último agregó, que “si queremos cambiar esta política conservadora, hay que comprometerse con el bien común”.