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El Juzgado Federal Nº11 donde se tramita la causa por daño ambiental en un proceso colectivo resolvió dictar el embargo definitivo del barco, tras considerar que los demandantes han “resultado víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual”. La Prefectura ya fue notificada.

Ushuaia.- Todo lo que pudo manejar en el ámbito de la Subsecretaría de Pesca el propietario del buque, Tai An, Liu Zhijiang, morigerando las sanciones por haber capturado sin habilitación 175 toneladas de merluza negra en el mes de marzo, le sirvió de poco: la justicia ha decidido embargar el barco por el daño ambiental perpetrado.

“Resuelvo: Decretar el embargo sin monto y de conformidad con lo considerado en esta resolución en cuanto a su alcance, del buque Tai An”, señala la resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 11. La causa se inició con una denuncia anónima a la Prefectura, siguió con la intervención de la Fiscalía Federal y se constituyó en un proceso colectivo contra la empresa Prodesur por el daño ambiental perpetrado al capturar 175 toneladas de merluza negra; ampliándose además la demanda sobre Zhijiang por responsabilidad solidaria en el daño ambiental. El fiscal que interviene es el doctor Rafael Alberto Espínola.

El 31 de marzo la Prefectura Naval Argentina recibió una denuncia anónima “en referencia al supuesto daño ambiental configurado por el buque Tai An” vía correo electrónico, solicitando investigación, que fue presentada por la fuerza ante la Fiscalía Federal el 4 de abril, dando inicio al Proceso Colectivo Autónomo y Definitivo por daño ambiental, patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina”, según consta en la carátula de la causa.

Se hace referencia: “Específicamente, al ecosistema marino u oceánico de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) del que forma parte el recurso natural migratorio protegido globalmente: la Merluza Negra (Dissostichus eleginoides), un bien o recurso natural ambiental migratorio ‘interjurisdiccional’ del patrimonio nacional”, señalaron en la denuncia.

Los demandantes solicitaron la condena al pago de una suma equivalente al valor del mercado internacional de la captura o pesca ilegal de 175 toneladas de la especie merluza negra realizada por el buque, “más lo que en más o en menos resulte de aplicar las ecuaciones o modelos matemáticos para cálculo del valor de recomposición o la afectación del ambiente dañado”.

Asimismo pidieron que “se condene a los demandados al pago de una suma en concepto de daño punitivo consecuencia de la conducta desaprensiva, intencional y maliciosa de los demandados”, solicitando el resarcimiento se integre al Fondo de Compensación Ambiental, a crearse con el fin de dotar a la Prefectura, “de los medios técnicos y/o tecnológicos para el mejoramiento de las operaciones control de la pesca ilegal en todo el mar territorial argentino, islas Malvinas y Georgias y Sándwich del Sur”.

En la resolución publicada el 31 de mayo, se ha señalado, luego de analizar la profusa documentación presentada por los demandantes y respaldado en las conclusiones del expediente administrativo que consideraron contundentes, el informe del Consejo Federal Pesquero y del INIDEP, que los demandantes han sido víctimas de un hecho cuasi delictual.

Indican que han “resultado víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual”, constituido por “la captura y apropiación ilegal intencional y maliciosa para beneficio propio de un recurso natural migratorio renovable ‘protegido’ e ‘interjurisdiccional` como es la merluza negra, patrimonio de toda la comunidad”.

Las acciones desarrolladas por Prodesur “han revestido suma gravedad al estar claramente orientadas a contrariar la política de protección del recurso mencionado, lo que habilita la aplicación de las sanciones”. Hacen mención también al allanamiento, las sanciones de multa, suspensión y decomiso que fueron ratificados por Zhijiang, quien pagó 804.069.711 pesos a cuenta por el valor de la mercadería.

Señala el juzgador que: “El peligro en la demora se configura, claramente, por la importancia que tiene asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia de condena resguardando el cobro por medio de un bien que por su naturaleza y actividad puede generar otros eventuales créditos de terceros en su operatoria comercial y un riesgo considerable que puede afectar la integridad del valor de todo buque por las condiciones propias de la actividad de la navegación”.

Por todo ello, se resolvió decretar el embargo del buque Tai An, dándose aviso de este “embargo definitivo” a la Prefectura y comunicando esta semana a Liu Zhijiang en carácter de presidente de Prodesur, según consta en el expediente. Ahora resta que sea notificado el Registro Nacional de Buques. Al final, pescar merluza negra sin autorización terminó saliendo muy caro.

Fuente: Revista Puerto