El legislador Jorge Lechman presentó acción judicial contra la Reforma Constitucional impulsada por el Ejecutivo. “En un contexto de 47% de pobreza en Tierra del Fuego, gastar miles de millones en una reforma constitucional es inaudito y no le cambia la vida a los ciudadanos”, afirmó parlamentario de Somos Fueguinos.
Ushuaia.- El legislador de Somos Fueguinos (SF) Jorge Lechman presentó este lunes ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura saliente en diciembre de 2023. En su presentación, Lechman solicitó además una medida cautelar de no innovar para detener la implementación de la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad.
En el carácter invocado, Lechman solicitó que se declare si hay caducidad de la necesidad de reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur declarada por Ley Provincial N°1529 de la Honorable Legislatura Provincial (sancionada el 13 de diciembre de 2023, promulgada por Decreto Provincial N°3281/23 de fecha 29 de diciembre de 2023 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 29 de diciembre de 2023) en virtud de que el Decreto Provincial N°1656/24 del Poder Ejecutivo Provincial, que convoca a elecciones con la finalidad de elegir convencionales constituyentes para llevar adelante la necesidad de reforma declarada por la Ley Provincial N°1529, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia N°5642 de fecha martes 30 de julio de 2024, excediendo de esta forma el plazo legal de 210 días que establece el art. 4° de la Ley Provincial N°1529 para que el Poder Ejecutivo Provincial convoque a la elección de la Convención.
La Ley Provincial N° 1529, sancionada el 13 de diciembre de 2023 por la Honorable Legislatura Provincial, declaró la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial. Posteriormente, el Decreto Provincial N° 3281/23, promulgado el 29 de diciembre de 2023, estableció la necesidad de modificar varios artículos fundamentales y aspectos estructurales del gobierno provincial, limitando a la Convención Constituyente a considerar únicamente las reformas especificadas. Además, el decreto convocaba a elecciones para la constitución de dicha Convención y establecía la composición, condiciones y procedimientos de la misma, otorgándole un plazo de sesenta días hábiles para completar su labor.
Lechman subrayó que si bien todo se dio bajo el marco legal, el pedido de reforma le falta a la verdad democrática por varias razones. En primer lugar, no existió debate democrático, señalando que la reforma fue aprobada sin un amplio debate público ni el consenso necesario, lo que compromete su legitimidad. En segundo lugar, acusa un exceso en la delegación de poderes por parte del Ejecutivo Provincial, quien ha asumido facultades que exceden sus competencias, promoviendo una reforma sin la debida consulta popular y legislativa. Finalmente, critica los plazos inadecuados, argumentando que los sesenta días hábiles otorgados a la Convención Constituyente son insuficientes para un debate profundo y exhaustivo de temas tan críticos, lo que podría llevar a decisiones apresuradas y mal fundamentadas.
En declaraciones públicas, Lechman afirmó: «Nuestra constitución goza de buena salud, no es el momento de que el Estado gaste miles de millones de pesos en una reforma que no le va a modificar la vida a nadie. Es una vergüenza estar hablando de esto cuando tenemos a la mitad de la población en la provincia en situación de pobreza 47,6% y un 11,2% en indigencia. Tenemos que estar discutiendo cómo generar trabajo genuino y no ver cómo algunos quieren atornillarse en el sillón. No se puede modificar nuestra Constitución sin un amplio debate y sin el consenso de todos los sectores de nuestra sociedad.
Por último, el legislador Jorge Lechman subrayó la importancia de proteger los principios democráticos frente a iniciativas que ponen en riesgo la estabilidad institucional. Es esencial que cualquier cambio constitucional sea resultado de un proceso inclusivo, transparente y deliberativo, para así fortalecer nuestra democracia y asegurar un futuro próspero para Tierra del Fuego.
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