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El exsecretario de Energía de la provincia observó que se cumplió su vaticinio de que los usuarios de gas natural iban a terminar pagando más con la medida cautelar que intentó frenar los tarifazos. La solución definitiva pasa por un acuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo provincial con las petroleras “que se llevan el gas fueguino y no aportan un centavo a Tierra del Fuego, ni producen GLP. La provincia tiene la propiedad de las concesiones como una herramienta de negociación”, observó Moisés Solorza. Añadió que el primer punto de solución “pasa por cobrarle los 46 millones de dólares a Camuzzi”. Asimismo, se mostró contrario a que el Gobierno fueguino le quite recursos a los municipios a cambio de las conexiones domiciliarias y el subsidio a las garrafas de gas. “Es inaudito que el Estado trabaje para sumarle usuarios a una empresa privada”, dijo.

Río Grande.- En diálogo con La Mañana de la Tecno, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, Moisés Solorza, exsecretario de Energía de la provincia, opinó sobre la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que echó para atrás la cautelar de la Jueza Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, en cuanto a no aplicar el cuadro tarifario vigente a raíz de una presentación realizada por el Gobierno de la provincia con la firma de miles de vecinos. La alzada, sin embargo, mantuvo la condición de que Camuzzi Gas del Sur no corte el suministro del servicio a aquellos usuarios que no lo puedan pagar, aunque tarde o temprano deberán pagarlo con los intereses devengados.

“La verdad es que fue una muy mala noticia, pero se veía venir cuando se divulgó el amparo, que fue acompañado por miles de firmas. Recordemos que previamente la situación fue denunciada y el amparo colectivo fue también llevado adelante por la Provincia de Santa Cruz, más precisamente por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz. En Tierra del Fuego, el primer que surgió fue la Multisectorial por los Derechos Humanos. Estaba a punto de presentar, y el Gobierno de la provincia dijo que iba a poner, y de hecho puso, a disposición la Fiscalía de Estado, las herramientas del Estado para poder abonar todos los criterios y así plasmar la medida cautelar, el pedido de una medida cautelar que frene los tarifazos del primer cuadro tarifario y el no corte del servicio, medida que todavía se sostiene”, introdujo Solorza.

Agregó que “por lo tanto, ese primer escenario continúa hasta fin de año; termina en unos meses. Por tal razón, el no corte del suministro es una tranquilidad, pero lo que no trae tranquilidad son los montos que están llegando después de que se haya caído la medida cautelar, luego de que la empresa, junto con la Secretaría de Energía de la Nación, impugnara la posibilidad de que no se sigan aplicando los cuadros tarifarios posteriores y que la provincia, como se dice en el propio fallo, no siguió alimentando esa primera cautelar para que se sigan presentando situaciones de abuso que promuevan o que le indiquen a la Cámara que continúa la situación inicial y que las tarifas estaban llegando de una forma alarmante”.

Observó que “nada de eso sucedió; por lo tanto, la Cámara de Comodoro Rivadavia, que es la alzada, dictaminó que no existen más motivos para que no se sigan aplicando los siguientes cuadros tarifarios, porque nadie se siguió quejando. Entonces, en ese sentido, dijo: ‘Le voy a dar la razón a la empresa Camuzzi Gas del Sur y al ENARGAS, a la Secretaría de Energía de la Nación para que se puedan aplicar los cuadros posteriores a ese primer aumento’. Y es lo que estamos recibiendo en las facturaciones, es decir, esa bola de nieve que se generó por el no corte y por la suspensión de la aplicación de los cuadros tarifarios vigentes ahora empieza a llegar a criterio de la prestadora de servicios, a criterio de Camuzzi Gas del Sur. Ya estamos viendo boletas; me están enviando boletas y recién acabo de publicar una que pagaba 3.000 pesos en el domicilio y le acaba de llegar una factura de 25.000 con la aplicación ya de los cuadros anteriores y con un aumento que va del 300% en términos reales de la tarifa y más del 3.000% de aumento en los cargos fiscales. Es realmente impresionante”.

“La tarifa de gas está confiscando lo poco que gana un jubilado o un trabajador”

Moisés Solorza detalló que este incremento “trepó a los 3.487% en los cargos fijos que vino en una factura que me llegó. Por lo tanto, el número final que generalmente uno se fija en la facturación pasó de 3.400 pesos a 22.045 pesos. Esa es la relación que vamos a ver en las facturaciones, y estamos hablando en el caso de un residencial R1. Por lo tanto, los R2 y los R3 que no reciben subsidios, imaginen cuál va a ser el monto que van a empezar a llegar en los comercios, las PyMEs y en los que no tengan los subsidios, los que no se hayan inscripto en el RASE, que también terminó”.

“Si se le suma estos 25.000, 30.000 para un R1, hay que multiplicarlo por 3 para un R3: 75.000 pesos por lo menos. Y esto, digamos, tenés que trasladarlo después al consumo; te va a aumentar el consumo. Por lo tanto, el metro cúbico de gas que vos consumas va a venir con ese aumento. Una locura, una locura, digamos, en términos de desprotección con los usuarios, con los consumidores. Y esto es básicamente lo que se reclama, es decir, una herramienta de contención que no tenía, lamentablemente, y que yo fui el único -lamentablemente digo otra vez- que criticó el amparo porque el amparo no pedía en la situación cautelar, en la medida cautelar, cuál iba a ser la modalidad que se diseñe, que se le obligue a la prestadora de servicio en el caso de que el fallo no sea favorable a hacer un escalonamiento y a aplicar de manera paulatina este aumento, pero con una estrategia que sea primero aprobada por la Secretaría de Energía de la Nación para que esto no signifique una bola de nieve, una confiscación de los salarios. Porque si se toma a un jubilado o alguien que gana la mínima en Tierra del Fuego, que tiene un programa de asistencia donde cobra entre 200 y 300 mil pesos, está pagando por encima del 20% de ese salario en tarifa de luz y gas y es confiscatorio de ese dinero, confiscatorio de esa asistencia. Entonces, hay una transferencia monumental de esos recursos hacia las energéticas. Me parece que ahí es donde está la falta de creatividad, la falta de opciones y de contención de los más vulnerables, sin duda”, advirtió.

En este sentido, observó que “también el comercio se ve seriamente afectado; acá en mi cuadra -y lo cito como ejemplo- hay una panadería que le llegó una factura de 350.000 pesos de luz y le va a llegar ahora entre 150.000 a 200.000 pesos de gas. ¿Cuánto creen que va a costar el kilo de pan?”, se preguntó.

“Yo lo escucho al Ministro de Economía (Francisco Devita) cuando dice que, para que sea sostenible el presupuesto 2025 y que puedan afrontar los gastos que implica el gas envasado, le va a quitar una parte de la coparticipación a los municipios, y  uno se pregunta: ¿esto es lo más creativo que tiene el Ministro de Economía para afrontar este costo del GLP en Tierra del Fuego para los vecinos que más lo necesitan para calefaccionarse, para comer, con lo que significa un tubo de 45, una garrafa social? Eso es quitarle a los municipios dinero para afrontar un gasto y tener un superávit. ¿Cuál es la diferencia con Milei? Ninguna, porque le están sacando a los municipios, le están metiendo la mano en el bolsillo a los municipios para sostener el presupuesto del GLP que debe ser exponencial, porque debe andar por encima de los 11.000 millones de pesos para el año que viene. Ahora bien, ¿eso es lo más creativo que tenemos?”, se volvió a preguntar.

“Los usuarios van a tener que pagar igual y con intereses”

Moisés Solorza advirtió también que aquellos vecinos que han dejado de pagar las boletas de gas “lo tendrán que hacer alguna vez, aunque Camuzzi no le corte el servicio, y encima con intereses, porque hay una medida cautelar vigente. El usuario confió en que la justicia iba a fallar a favor con el gobierno de Melella y claramente esa situación era impensada. Por eso, cuando me tocó opinar en su momento, dije: yo no recomiendo que no paguen la boleta, no recomiendo eso porque no habría instrumentos que mitiguen esta situación. No hay instrumentos ni una organización por parte de la provincia que contenga ese estado de vulnerabilidad en el que nos vamos a encontrar todos, y esto iba a significar una verdadera tragedia. Hay que imaginarse si se cae en la cuestión de fondo, que es el no corte del servicio por el no pago de muchas familias y que se habilite, ¿qué va a pasar? Van a haber cortes masivos y va a haber gente que no va a poder pagar. Hay comercios que eligieron pagar la factura de luz y no pagar una factura de gas”.

Agregó que “me encantaría que hicieran una recorrida para ver cómo van a asistir a esos comercios que les va a llegar una factura de millones de pesos, los clubes de barrio, las organizaciones sociales, las instituciones intermedias, las universidades. La verdad es que es un tema gravísimo”.

El exsecretario de Energía dijo que “sin ánimo de ofender a nadie, no en mi espíritu y no con la cuestión proponiendo escenarios de colaboración y alternativas posibles, evidentemente el Ministerio de Energía de la provincia no está administrando la situación como debiera, a mi criterio. ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo funcionario que pasó por todas las administraciones de la provincia como planta permanente y ahora otra vez al frente del Ministerio, donde estos escenarios lo tendría que haber previsto, y lo tendría que haber previsto no solo desde el punto de vista de la adquisición y distribución de gas, que hoy está concesionada a Camuzzi Gas del Sur, porque el mismo ministro ha dicho que Camuzzi Gas del Sur le debe a la provincia, en concepto de obra, más de 45 millones de dólares. Lo dijo en la audiencia pública, lo dijo por los medios y lo dijo en Casa de Gobierno cuando se firmó el amparo con los municipios y con organizaciones sociales”.

Como primer punto, “propongo reclamarle a Camuzzi Gas del Sur esos casi 46 millones de dólares, más los intereses de todas las obras que la empresa prestadora de servicios no ejecutó en nuestra provincia y que el Estado, en favor de esa empresa privada, le sumó miles de usuarios sin ninguna contraprestación por esas ejecuciones de obras. Ese es el primer punto”.

El segundo punto “es el pedido de la quita de la concesión por los incumplimientos que llevaron a la provincia a ejecutar obras por más de 45 millones de dólares, que evidentemente la prestadora de servicios no hizo. En segundo lugar, como hoja de ruta, la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura debiera convocar a las petroleras para hacer adendas a los contratos petroleros vigentes y que la propia Legislatura, junto con el Ministro de Energía (Alejandro Aguirre), elabore una estrategia y un plan para poder comprar el gas en origen a precios producidos en Tierra del Fuego bajo el amparo de la ley 19.640 para el abastecimiento interno de gas natural por redes. En el caso del GLP, en esa misma reunión, exigirles a las empresas productoras de hidrocarburos de nuestra provincia que no producen el GLP en origen —es decir, ninguna de estas empresas produce el GLP en origen salvo YPF, y que no alcanza para el mercado doméstico— que se hagan cargo del costo de transporte del producto hasta Tierra del Fuego por no producirlo en origen. La provincia tiene que traer en 17 camiones desde Bahía Blanca o desde Neuquén. Entonces, la ecuación sería: ustedes, que están produciendo y enviando por el caño, como se dice habitualmente, el gasoducto San Martín, los recursos naturales de Tierra del Fuego y no le están agregando valor en origen”.

“Deben obligatoriamente resolver eso; se tiene que hacer cargo la Legislatura. Tiene que haber una firme decisión por parte del Estado fueguino y el Ministro de Economía, junto con el Ministro de Energía de la provincia, deben dejar de ser fuertes con los más débiles y débiles con los más fuertes. Porque la verdad es que en el Consorcio Cuenca Marina Austral se está vendiendo activos a una empresa inglesa y no están diciendo una sola palabra. El proyecto Fénix está bajo el amparo de la ley 19.640 y los fueguinos no recibimos un solo beneficio. Las petroleras, como Total, Austral, Panamerican Energy, la ex Wintershall, Roch ni de YPF, no están aportando absolutamente nada en concepto del autoabastecimiento interno a precios producidos en Tierra del Fuego. Primero, porque nunca se los convocó a la Legislatura a una charla de estas características en la que se les diga qué van a aportar ustedes en esta crisis, porque la provincia está produciendo. Y nos vamos a descontar en una agenda, en un nuevo acuerdo para el abastecimiento interno del gas producido en Tierra del Fuego con el GLP a costa de ustedes, de los consorcios que no están produciendo el GLP en origen. Por lo tanto, la decisión política tiene que ser esa; de lo contrario, la provincia tiene herramientas, como por ejemplo la no renovación de las concesiones vigentes hasta el momento, porque eso es potestad de la provincia. Y salvo que le deban algún favor, me parece que es el camino”.

“La provincia debe cobrar esos 46 millones de dólares a Camuzzi”

“Son 46 millones de dólares en concepto de obras, sin ni hablar de obras complementarias que son las ampliaciones de redes troncales y principales, después todo el dinero que habría que cuantificar. El Ministro de Economía dice que todos los vecinos que se sumen a la red natural y que el municipio los acompañe lo van a descontar de ese monto de coparticipación que le van a quitar. Eso es lo más creativo que tiene un funcionario. Ese es el rumbo en Tierra del Fuego: seguir sumándole a una empresa privada usuarios y vecinos para que el Estado trabaje en función de la necesidad de una empresa, en definitiva, porque ese  dinero público y a la Fiscalía de Estado pareciera que no se le mueve un pelo, cómo los funcionarios van a decir que van a trabajar para sumarle usuarios a una empresa privada. Esto es inaudito, realmente”, concluyó.