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El contador Ramón Gallardo comentó sobre la exclusión de empresas textiles de la prórroga gubernamental. Argumentó que esto se debe a condiciones restrictivas y a un decreto anterior. Aseguró que “el Decreto 594 es discriminatorio por donde se lo mire” y que el gobierno anterior de Alberto Fernández “sacó este decreto pero no aprobó ninguna adhesión” siendo que José Ignacio De Mendiguren “es del riñón textil y sabía bien el tema”. También destacó la necesidad de crear fuentes de trabajo en Tierra del Fuego.

Río Grande.- En diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el contador Ramón Gallardo fue consultado sobre la exclusión de la prórroga a algunas de las textiles, como Barpla, Australtex, Fabrisur y Sueño Fueguino.

“El resto de las textiles fueron aprobadas, y hay cuatro supuestamente que quedaron afuera. Habrá que ver el motivo, porque creo, si mal no recuerdo, que seguramente tendrán un plazo para responder al motivo por el cual las dejaron afuera. En el caso, si mal no recuerdo, creo que eran 30 días, pero en el caso específico, debo aclarar algo respecto a cuál era una de las principales condiciones por el cual se le daba la prórroga, una era que debía allanarse y renunciar a cualquier tipo de acción judicial que tengan contra el Estado provincial o nacional”, explicó.

Confió que “desconozco de estas cuatro empresas si alguna no lo hizo, y si no lo hizo seguramente tendrá su motivo, y uno de los motivos que por lo cual de generar sucede es que el Decreto 594 es discriminatorio por donde se lo mire, porque acordemos que quien lo aprobó y quien lo analizó, todo esto no es de este gobierno de Javier Milei, sino del gobierno anterior de Alberto Fernández que sacó este decreto pero no aprobó ninguna adhesión y quien manejaba este tema era (José Ignacio) De Mendiguren, un empresario del riñón de las textiles, o sea que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y no es que era un desconocido del tema, entonces sacaron el decreto por cinco años de prórroga, que lo iban a analizar y lo analizaron, y como decía, una de las condiciones era que renuncien a este tema, y con la opción de cinco años más”.

“El Decreto 727/2021 también nos hizo daño”

El contador Ramón Gallardo enfatizó en este contexto, señalando que “la diferencia con el Decreto 727/2021, que también nos hizo daño, no es que todo es color de rosa, a las textiles se le puso lo mismo que en el subrégimen industrial, el aporte del 15% de deriva que tenía, para que vaya al Fondo para Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP-TDF), retroactivo lo mismo que en el mencionado subrégimen industrial, al primero de enero del 2022. Pero además, hubo realmente algo que es importante y muchas veces no se le presta atención, se le disminuyeron los beneficios impositivos aduaneros a las textiles, no al resto de las empresas que estaban con el decreto 727/2021, en un 2,30% anual ese beneficio”.

En este punto, observó que “la industria electrónica tiene cuatro beneficios, si queremos definirlo, que es lo que habla muchas veces la separata de (Sergio) Massa que nos puso en todos los diarios. Habla de una liberación del IVA, una reducción del impuesto interno, habla de la extensión del Impuesto a la Ganancias y la extensión de los derechos de importación. En el caso de las textiles, no tienen impuesto interno, y es muy probable que este 2,30% en el término de 10 años, si llegan a darle la opción después de 5, significaría que tienen que pagar Ganancias, yo creo que va a estar en el Impuesto a las Ganancias y va a significar un 25% de ganancia”.

Agregó que “van a estar igual que una empresa de capital; o sea que a la larga, las empresas van a tener que evaluar dentro de su estructura de costos, la conveniencia o no, a medida que vayan pasando los años. Esto sería para mí uno de los motivos de que alguna empresa no quiso allanarse y no quiso retirarse porque se encuentra realmente afectada en sus derechos adquiridos que hasta el 31 de diciembre del 2023 tenía”.

También reparó que “a partir del 1 de enero que salió este decreto, le cambiaron los beneficios. Es importante también tener en cuenta esto, para no mezclar las cosas, el subrégimen industrial no fue tocado por este gobierno; este gobierno de Javier Milei lo mantuvo, tocó otros regímenes promocionales, la Ley 26.608, creo que no afectó para nada. Esto viene del gobierno anterior -insistió Gallardo-, y yo lo lamento por el gobierno actual provincial, que no logró, en un gobierno tan adepto como era al de Alberto Fernández, que se adhirieran las empresas, porque esto se hizo en el gobierno anterior”.

Entendió que el gobernador Gustavo Melella “lamentablemente se dejó llevar hasta el último momento, y encontramos, no es una sorpresa, el que está en estos temas, ya sabía que la cosa no venía bien”.

El FMI metió la cola

El contador Ramón Gallardo visualizó que el meollo de los ataques a la Ley 19.640 nace de una “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional que influyó en la separata que preparó el ex ministro de Economía Sergio Massa “porque el FMI marcó que existían muchas prebendas y beneficios, que realmente si se eliminaban o se morigeraban, podían mejorar el déficit fiscal de la Nación. Y nosotros somos un puntito dentro de ahí porque solo representamos el 0,35%, donde están inclusive la remuneración de los jueces que no pagan ganancias, los aportes de las empresas que tienen una alícuota distinta, hablo a nivel nacional. Bueno, nosotros representamos el 0,35%, que en su momento era $1.930.000 dólares, que supuestamente ellos le llamaban, lo que costaba era el gasto tributario que significaba sostener este régimen de Tierra al Fuego. Esa separata fue la que realmente a nosotros nos puso en todas las tapas de los diarios, y dio lugar a que después empezaran a castigar mal con la Coalición Cívica, con un proyecto del diputado nacional Manuel López, que quería eliminar el subrégimen fueguino”.