El Vicepresidente del Comité de Prevención contra la Tortura, José Luís Piñeiro expuso las falencias que enfrenta el Sistema Penitenciario fueguino, especialmente en lo que respecta a la superpoblación y las condiciones de vida en las cárceles, sobre todo de las mujeres privadas de su libertad que sufren un doble calvario: estar presas y desarraigadas.
Río Grande.- En una reciente entrevista, el periodista José Piñeiro, quien forma parte de la multidisciplinaria de Derechos Humanos en Tierra del Fuego y ha asumido la vicepresidencia del Comité de Prevención contra la Tortura, compartió su visión sobre la crítica situación del sistema penitenciario en la provincia. Con un enfoque en los derechos de las personas privadas de libertad, Piñeiro expone las falencias que enfrenta el sistema, especialmente en lo que respecta a la superpoblación y las condiciones de vida en las cárceles.
Una nueva etapa de trabajo
La nueva etapa del Comité, bajo la presidencia de la doctora Manuela Palacios-Murphy y la vicepresidencia del propio Piñeiro, se presenta como un desafío ante los problemas persistentes en el sistema penitenciario. “Los problemas siguen existiendo”, afirma el periodista, quien destaca que la situación es más aguda en Ushuaia que en Río Grande, aunque ambas ciudades enfrentan serias dificultades.
Uno de los aspectos más alarmantes que menciona es la sobrepoblación en las cárceles, que ha llevado a condiciones de hacinamiento extremo. En Río Grande, la falta de alojamiento adecuado para las mujeres es especialmente preocupante, ya que aquellas condenadas deben ser trasladadas a Ushuaia, lo que implica un desarraigo familiar significativo. “El costo de viajar a Ushuaia para las familias es casi imposible”, señaló, enfatizando la dificultad que enfrentan los seres queridos para mantener el contacto con los internos.
Condiciones de vida y derechos humanos
Piñeiro también aborda otros problemas críticos, como la alimentación y el acceso a la salud dentro de las instituciones penitenciarias. La falta de profesionales de la salud y las condiciones edilicias son cuestiones que requieren atención urgente. “Vamos a seguir trabajando desde lo que le compete al comité, que es inspeccionar, elevar informes, hacer recomendaciones y, si es necesario, impulsar denuncias”, explicó.
Hasta la fecha, el Comité ha impulsado dos denuncias relacionadas con abusos y violencia institucional contra personas privadas de libertad. Sin embargo, Piñeiro destaca las limitaciones que enfrenta el Comité, que opera sin un presupuesto ni una estructura formal. “Desde el esfuerzo y la voluntad que tenemos, pensamos que en algún momento habrá que reformar la ley para mejorar el funcionamiento del Comité”, añadió.
La responsabilidad del Estado
En respuesta a las declaraciones del viceministro Jorge Canals, quien afirmó que no hay recursos para construir una nueva cárcel, Piñeiro subraya que la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad recae en el Estado. “No se trata de contraponer una cuestión u otra”, dijo, enfatizando que el Estado debe garantizar no solo la educación y la salud pública, sino también el respeto a los derechos de los internos.
“Las personas privadas de libertad han perdido solo el derecho a circular, pero siguen siendo seres humanos con los demás derechos plenos”, afirmó Piñeiro, quien recuerda que existen normativas y estándares que el Estado debe cumplir, tanto a nivel nacional como internacional. “Si esto no se cumple, habrá que avanzar con las denuncias correspondientes”, advirtió.
Colaboración y compromiso internacional
El Comité de Prevención contra la Tortura de Tierra del Fuego forma parte de una red más amplia que incluye mecanismos locales en todo el país. Piñeiro menciona que mantienen contacto permanente con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y organismos internacionales, lo que les permite evaluar y discutir medidas conjuntas para abordar la situación carcelaria.
“Tenemos relaciones con otras ONGs a nivel nacional e internacional, y hay un compromiso de acompañar las denuncias necesarias”, concluyó José Piñeiro, quien reafirma la importancia de la colaboración en la lucha por los derechos humanos.
La situación del sistema penitenciario en Tierra del Fuego es un reflejo de las falencias que enfrenta el país en materia de derechos humanos. La labor del Comité de Prevención contra la Tortura es fundamental para visibilizar y abordar estas problemáticas. A medida que avanzan en su trabajo, el compromiso con la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad se convierte en un imperativo que no puede ser ignorado. La sociedad debe reconocer que la justicia y la humanidad deben prevalecer, incluso en los lugares más oscuros.
Post your comments