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El Gobierno comenzó a analizar una actualización de la ley 24.331, de zonas francas, para lo cual conformó una mesa de trabajo multidisciplinaria en la que varias dependencias ministeriales intervienen según sus áreas de experiencia.

Buenos Aires.- El Gobierno comenzó a analizar una actualización de la ley 24.331, de zonas francas, para lo cual conformó una mesa de trabajo multidisciplinaria en la que varias dependencias ministeriales intervienen según sus áreas de experiencia.
La iniciativa de las modificaciones apunta a «revitalizar una valiosa herramienta que propenda al impulso del desarrollo industrial y de servicios, el crecimiento de las economías regionales y la inserción en el comercio mundial», según indican los documentos preliminares en estudio.
De acuerdo a la definición de la AFIP, «las zonas francas son espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero, y tanto su introducción (importación) como su extracción» (exportación) y no están gravadas con tributos -a excepción de aquellos que pudieran corresponder por los servicios que pudieran presentarse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico.
Las industrias radicadas en esas áreas están asimismo exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos (telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y desagüe).
La iniciativa oficial es impulsar el comercio y el desarrollo fabril exportador, incrementar las inversiones a través de la baja de costos vinculados a las operaciones que se realicen en dicho ámbito, e impulsar el empleo de mano de obra, según los análisis preliminares que publicó Télam.

Zonas Francas en operación

Existen en la actualidad diez zonas francas en operación en el país, en otras tantas provincias: Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Salta, Misiones y Entre Ríos.
Otras siete ya están adjudicadas en San Fernando, Chaco; Zapala, Neuquén; Villa Constitución, Santa Fe; Frías, Santiago del Estero; Paso de los Libres, Corrientes; Sierra Grande, Río Negro; Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y una fue preadjudicada, en Jáchal, San Juan.
Dos futuras zonas francas están en proceso de licitación (en Bahía Blanca y Tinogasta, Catamarca); en dos casos se elaboran los pliegos correspondientes (en Perico, Jujuy; y Chamical, La Rioja); y está en proceso de reglamentación la de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Los documentos de la comisión gubernamental que estudia la reforma de la ley 24.331 recuerdan que la norma se aprobó en 1994 y desde entonces fue modificada en cuatro ocasiones, pero sólo en uno de sus artículos: el 44°, que estipula el plazo de caducidad del derecho al establecimiento de zonas francas en cada provincia.
El Poder Ejecutivo justifica la necesidad de una revisión completa de la norma por «el mero paso del tiempo desde 1994 y el cambio que vieron entonces los sectores productivos».
Asimismo, se aducen «los nuevos avances tecnológicos; el crecimiento de sectores como el de exportación de servicios; y la ausencia total de políticas de acompañamiento al desarrollo de las zonas francas».
Los documentos en estudio consideran que la actualización de la ley, relegada por años, «merece de un trabajo dedicado, profesional y pormenorizado».
Se busca, en ese sentido, «evitar caer en parches o normas de excepción, que sólo continúen distorsionando una herramienta que ha tenido escaso desarrollo y que podría haberse constituido en una política de Estado de crecimiento exponencial de exportaciones y de atracción de inversiones», indican los textos preliminares.
Los expertos que se abocan a la preparación del anteproyecto de ley destacan que la creación y desarrollo de zonas francas constituyeron en numerosos países una política económica de fomento o diversificación de exportaciones, de atracción de inversión extranjera directa y de inserción internacional.
Los casos de éxito en el mundo -argumentan los funcionarios- muestran un trabajo pormenorizado en el desarrollo de estas zonas económicas, que priorizan en muchos casos sectores productivos específicos, tanto en materia de programas de promoción de exportaciones como en la atracción de inversión extranjera y la identificación de las ventajas competitivas locales.
Las zonas francas, sostienen en el Gobierno, pueden constituir «una base de desarrollo estratégico del país», a partir de incentivos fiscales.
Asimismo, concluyen que impulsarán «la capacitación de mano de obra calificada, el aumento de capacidad científica o tecnológica, y el acompañamiento del Estado en la identificación y desarrollo de nichos productivos en condiciones capaces de aprovechar los beneficios de producir en esos territorios».